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Reformas que refuerzan la (in)seguridad jurídica

La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, supone la modificación parcial de la Ley 58/2003, la vigente Ley General Tributaria (LGT) .

imposible

Reformas que refuerzan la (in)seguridad jurídica

La reforma va en la senda de conseguir una actuación administrativa eficiente, dar cumplimiento a preceptos de otros textos legislativos que conectan procedimientos (véase el artículo 305.5 del Código Penal) y prevenir el fraude fiscal (el Gobierno y su promesa de una lista de deudores con la Administración Pública a partir del 1 de Diciembre).

Hoy nos centramos en el nuevo tratamiento dado al artículo 15 de dicha ley, el conflicto en la aplicación de la norma tributaria, sancionable (aquí reside la novedad) en algunos supuestos, para ver sus consecuencias futuras.

El conflicto en la aplicación de la norma tributaria, antes llamado fraude de ley, (concepto más gráfico) se creó en la LGT en 2003, y básicamente se define con la unión de dos elementos:

  1. Utilización de un acto o negocio artificioso o impropio a la consecución de un resultado.
  2. Con el único propósito económico y jurídico del ahorro fiscal que proporciona dicho negocio al evitar el resultado fiscal del acto o negocio verdadero, usual y propio que efectivamente se ha realizado.

Las consecuencias antes eran laxas, la anterior LGT preveía que no era posible imponer ninguna sanción (al ir contra el principio de lex certa), simplemente era necesario realizar la regularización que procediera (la diferencia entre el negocio artificial pagado y el verdadero ocultado) y la exigencia de los correspondientes intereses de demora.

Ahora, se modifica el artículo 15.3, y por ende el artículo 159 y 179 y se introduce el artículo 206 bis en la LGT. Será necesario para que sea infracción tributaria grave, que:

  1. La Comisión consultiva realice un informe preceptivo, vinculante y favorable declarando que se ha realizado este conflicto (Art.159).
  2. Se encasille la situación en una de las descritas en el 206 bis: falta de ingreso dentro de plazo, obtención indebida de devoluciones, solicitud indebida de beneficios o incentivos fiscales o acreditación improcedente de partidas a compensar o deducir en declaraciones futuras.
    Sin título

    El conflicto en la aplicación de la norma tributaria

  3. Se acredite igualdad sustancial entre el caso objeto de regularización y aquel otro supuesto en los que ya se hubiera establecido criterio administrativo (en ocasiones anteriores).
  4. Se haya hecho público para el general conocimiento ese criterio antes del inicio del plazo para la presentación de la autoliquidación o declaración.

Descrito así el escenario, un mismo acto se considerará o no infracción en virtud del pronunciamiento en el tiempo o no de la Administración hacia él. El supuesto de hecho sancionable dependerá más de si el negocio discrepa con el criterio de la Administración en ese momento, que de la artificiosidad o falsedad del acto en sí.

En definitiva, un principio de tipicidad abierto y evolutivo en el que la conducta no está claramente descrita. Tanta casuística hace tambalear la seguridad jurídica y el principio de lex certa y nos hace preguntarnos… ¿Es la Administración Tributaria el nuevo legislador?

Vía | Noticias Jurídicas

Más información |Economistjurist

Imagen | Imagennegocios

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