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Reforma del Código Penal: delitos contra la propiedad intelectual (II)

Al hilo del anterior post, debemos corregir algunas cuestiones, pues lo que antes era Anteproyecto de Ley, se ha desarrollado y modificado en sede del Senado, de forma que a partir del 1 de julio entrará en vigor el texto definitivo. La nueva regulación de los delitos contra la Propiedad Intelectual tiene como fin ofrecer una adecuada protección jurídico-penal, sin olvidar que la Ley de Propiedad Intelectual es el instrumento de protección natural en esta materia.

En primer lugar, a la conducta típica actual contenida en el art. 270 CP se añade la de explotar económicamente de cualquier otro modo una obra o prestación protegida sin la autorización de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual, sustituyéndose, además, el elemento subjetivo ánimo de lucro por el de ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto. Además se ven incrementadas las penas máximas de este tipo básico que pasan de dos a cuatro años. Así se da término a la diferenciación entre aquellas webs que alojan contenidos y en las que puede tenerse acceso sin el consentimiento del titular de los derechos (como Megaupload y Rapidshare), de aquellas que únicamente incluyen información, listados o enlaces a otras páginas en las que los usuarios pueden descargar o acceder a dichos contenidos. A partir del 1 de julio todas van a cometer una acción delictiva de una forma u otra.

En el nuevo apartado 3 del art. 270, aprovechando que se inserta la figura del decomiso para esta clase de delitos, se le atribuyen unas facultades al juez que abarcan desde la retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción hasta la interrupción de la prestación, llegando incluso a acordar el cierre definitivo del acceso.

Hasta hoy, las ventas de productos protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial que realizan los manteros para sobrevivir pasaban a ser consideradas faltas y no delitos si lo que vendían no superaba los 400 euros. Pues bien, la nueva reforma tipifica que las conductas vuelven a ser consideradas delitos (art. 270.4), como consecuencia de la transformación de las faltas en delitos. Esto conlleva el incremento de las penas de multa y un varapalo a la situación administrativa de estas personas, que pueden verse incluso expulsadas automáticamente del país si llegaran a ser condenados a prisión.

Reforma CP: Propiedad Intelectual

Reforma CP: Propiedad Intelectual

En el párrafo 5 del art. 270 se equiparan una serie de conductas: exportación o almacenamiento (a), importación intencional (b), el favorecimiento, facilitación (c) y elusión de las medidas tecnológicas de protección (d). Esta nueva regulación pretende hacer frente a las circunstancias en las que se cometen estos delitos, diferenciando cada uno de los posibles comportamientos y ajustando las penas en cada tipo concreto. Con estas conductas en consonancia al decomiso se pretende erradicar el desarrollo de la economía sumergida.

El nuevo apartado 6 incluye una serie de conductas que unidas a las ya tipificadas con anterioridad, tratan de abarcar el mayor número de acciones que conformen el tipo delictivo, para que cualquier conducta no especificada aquí pueda quedar impune. A fin de cuentas, adaptar la norma a las circunstancias y a la exponencial evolución que ha sufrido la realidad virtual sobre la sociedad. Esta situación genera, sin duda inseguridad jurídica, pues quedan dentro del tipo acciones que hasta hoy no tenían un reproche social de relevancia penal.

Se elevan las penas del tipo agravado del art. 271 de dos a seis años de prisión y multa de dieciocho a treinta y seis meses e inhabilitación. Este aumento de la pena resulta desproporcionado si lo comparamos con el resto del código penal, pues la condena puede ser equiparable a otros muchos delitos de mayor relevancia y trascendencia penal, que sin embargo se castigan con las mismas penas. En el primer tipo se incluye no sólo el beneficio económico obtenido, sino también el que se hubiera podido obtener. Otra muestra más de concepto jurídico indeterminado.

En conclusión, la reforma que pretende casar toda la regulación civil y penal en una protección integral de la Propiedad Intelectual, hace caso omiso de la evolución jurisprudencial y social que se apoyan en el principio de intervención mínima del Derecho Penal, en pro de otros órdenes. Parece adaptarse esta reforma a las conductas ilícitas que en la actualidad burlan el proceso penal por no conformar el tipo delictivo, aunque habrá que estarse a un futuro próximo en el que veremos si verdaderamente se persiguen todas estas conductas o si dependerá del caso concreto y de la acción cometida. Todo ello, unido además a la excesiva dureza punitiva (como toda la reforma, en general), y a la inseguridad jurídica que muchas de las conductas y conceptos jurídicos parecen reflejar. Y es que ya nos avisa el refrán, que quien mucho abarca, poco aprieta.

Vía| Boletín Oficial del Estado

Imagen| Reforma del CP: Propiedad intelectual

En QAH| Reforma del Código Penal: delitos contra la propiedad intelectual

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