Jurídico 


Reforma del aplazamiento tributario para 2017

 

En el Boletín Oficial del Estado del día 3 de diciembre de este año se ha publicado el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre.

Este Real Decreto – que modifica importantes normas tributarias de nuestro ordenamiento jurídico  (Impuesto sobre Sociedades, sobre el Patrimonio, Ley General Tributaria …..- ha  procedido a la adopción de una serie de medidas de política económica con el ánimo de contribuir a corregir determinados desequilibrios que aún inciden negativamente en la economía española y a la reducción del déficit público.

Entre estas medidas nos centramos en las que afectan a la figura del   “aplazamiento”. 

El aplazamiento de la deuda tributaria regulado en la Ley Gral. Tributaria (art. 65) y en su normativa de desarrollo (principalmente en el Reglamente Gral. De Recaudación) supone el pago de dicha exacción en cuotas o fracciones a lo largo de un periodo de tiempo (no más de cuatro años) , incorporando en cada una de estas fracciones los correspondiente intereses precisamente por dilatar en el tiempo el cumplimiento de la obligación tributaria.

Además en la mayoría de los casos, el obligado tributario ha de aportar a la Administración concedente las suficientes garantías (avales, seguros, bienes inmuebles…) para que , en caso de incumplimiento,  pueda aquella – mediante la ejecución de las citadas garantías – obtener el importe aplazado.

La concesión de un aplazamiento en el pago de las deudas tributarias es una potestad discrecional de la Administración Tributaria.   Pero tal discrecionalidad no supone que la denegación del mismo no deba de ser  fundamentada y suficientemente motivada.  Si ello no es así, si las razones o motivos de la denegación no se concretan por parte del órgano administrativo,  el recurso contra la denegación de la solicitud de aplazamiento podrá ser estimado por los Tribunales Económicos-administrativos.

Y ello porque el motivo esencial – como así ha puesto de manifiesto la jurisprudencia más reciente – es que el obligado tributario en el momento en que deba de hacer frente al pago , sufra lo que se ha calificado de “déficit  transitorio de tesorería”, es decir, imposibilidad puntual de hacer frente al pago de la deuda por circunstancias de carácter temporal.

Por tanto, en el momento en que se solicita un aplazamiento, no solo la solicitud debe de ir acompañada del ofrecimiento de las garantías preceptivas, sino también deberá de acreditar su situación de puntual falta de liquidez.

El aplazamiento de la deuda tributario no puede ser utilizado como un instrumento para dilatar el pago de la deuda sin más,  financiando son el importe que debería de dedicarse al cumplimiento de obligaciones tributarias, otras actividades de la empresa.   Los ingresos públicos no pueden sistemáticamente dilatarse en el tiempo ya que su finalidad de hacer frente al gasto público se vería decisivamente afectada.

Precisamente en esta línea se aborda una reforma de ciertas figuras tributarias – el aplazamientos entre ellas –  y como se dice en la Exposición de motivos del Real Decreto ,  no está previsto que perjudique sustancialmente el patrón de crecimiento y de creación de empleo de la economía española. Como resultado, se espera un incremento  de la recaudación, que mantenga estable la presión fiscal.

El Real Decreto citado ha modificado el apartado 2 del artículo 65, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias: a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta. c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa. d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en el título VII de esta Ley. e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones. f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. Es decir, solo si las facturas que se corresponden con el IVA Devengado de la concreta autoliquidación no han sido abonadas por el cliente, es posible aplazar la cuota ya que efectivamente el obligado tributario sufre el “déficit transitorio de tesorería”.  g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.»     Es decir, si se presenta una solicitud de aplazamiento de alguna de estas deudas tributarias (retenciones, pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, etc…) esta no será denegada sino INADMITIDA, es decir, como si no se hubiese presentado a efectos de plazos, entrando la deuda en periodo ejecutivo y sin que la solicitud suspenda o paralice el plazo de ingreso. Es importante conocer esta importante consecuencia.

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