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¿Quiénes son los titulares reales de una sociedad?

La primera Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL) -que data de 18 de julio de 1953- nos imponía la obligatoriedad de la inscripción en el Registro Mercantil de la transmisión de los títulos. De esta manera se establecía en el último párrafo de su artículo 20 (Capítulo V, Régimen de las participaciones sociales): “La transmisión de las participaciones sociales se formalizará en escritura pública, que se inscribirá en el Registro Mercantil.”

Actualmente, sin embargo, los registros mercantiles solo tienen datos fehacientes de las personas que constituyen las sociedades; las transmisiones posteriores de las participaciones están excluidas de la inscripción obligatoria. Y ello es así desde la posterior, y ya derogada (vigente hasta el 1 de septiembre de 2010), Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada 2/1995, de 23 de marzo, que en su art. 26, apartado primero, (Capítulo IV, Régimen de las participaciones sociales), predicaba sobre la innecesariedad de que se inscribieran en el Registro Mercantil, tan solo deberá constar en documento público: “La transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución de derecho real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público. La constitución de derechos reales diferentes del referido en el párrafo anterior sobre las participaciones sociales deberá constar en escritura pública.”
En este sentido, es doctrina consolidada de nuestro Tribunal Supremo [STS 4.12.1997 (RJ 1997, 8727)], siguiendo el espíritu espiritualista de libertad de forma (“de cualquier forma que uno quiera obligarse, queda obligado”), otorgar validez a las transmisiones de títulos conforme a lo preceptuado en los artículos 1258 (al fijar su perfección por el “mero consentimiento”) y 1278/79 de nuestro Código Civil (“Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”), siendo válido el contrato y produciendo todos sus efectos para las partes contratantes. Ello, claro está, salvo las excepciones que la ley exige respecto al principio de libertad de forma, los llamados contratos solemnes (en los que se exige la forma “ad solemnitatem”); como lo son la donación de bienes inmuebles (art. 633 CC), las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones (art. 1327 CC), la fianza mercantil, (art. 440 Ccom.), la donación de bienes muebles no seguida de entrega simultánea de la cosa donada (art. 632 II); también la documentación del contrato se exige en materia de consumo, recogiéndose en los arts. 6 y 7 LCC, y 111 y 112 TRLGDCU.

Tampoco el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la actual Ley de Sociedades de Capital, nos obliga. Puesto que respecto a las Sociedades de Responsabilidad Limitada (Capítulo III del Título IV, El libro registro de socios y el régimen de transmisión de las participaciones en las sociedades de responsabilidad limitada) el art. 107 (Régimen de la transmisión voluntaria por actos inter vivos) en su apartado e) se limita a decir prácticamente lo mismo que decía la derogada Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, con la salvedad de que se impone un plazo: “El documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un mes a contar desde la comunicación por la sociedad de la identidad del adquirente o adquirentes.”

Todo cambiará a partir de la transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, que concede un plazo a los Estados miembros (hasta el 21 de junio de 2017, art. 67) exigiéndoles que modifiquen sus legislaciones y las adapten para dar publicidad de los verdaderos dueños de las sociedades a través del conocimiento de los titulares de las acciones en las anónimas y de las participaciones sociales en el caso de las limitadas.
En este sentido, el considerando (12) nos explicita: “Es necesario identificar a toda persona física que ejerza el control mediante la propiedad u otros medios una persona jurídica. Con objeto de garantizar una transferencia efectiva, los Estados miembros deben asegurar que se abarque la gama más amplia posible de personas jurídicas constituidas o creadas por cualquier mecanismo en su territorio. Aunque encontrar un porcentaje específico de participación o de interés a través de la propiedad no supondrá automáticamente encontrar al titular real, es un factor probatorio, entre otros, que debe tenerse en cuenta. Todo Estado miembro puede, no obstante, decidir que un porcentaje inferior se considere indicativo de propiedad o control.” Y, continúa el considerando siguiente (13), ampliando el objeto de la obligación a las empresas matrices, “La identificación del titular real y la comprobación de su identidad debe hacerse extensiva, en su caso, a las personas jurídicas que posean otras personas jurídicas, y las entidades obligadas deben buscar a la persona o las personas físicas que ejerzan el control en último término, a través de la propiedad o el control por otros medios, de la persona jurídica que sea el cliente. El control a través de otros medios puede incluir, entre otros, los criterios de control utilizados a efectos de elaborar estados financieros consolidados, como a través del acuerdo de los accionistas, el ejercicio de una influencia dominante o el poder de nombrar a la dirección. Puede haber casos en los que no se pueda identificar a una persona física como la persona que en último término ostenta la propiedad o que ejerce el control sobre una persona jurídica. En estos casos excepcionales, las entidades obligadas, una vez agotados todos los medios de identificación y siempre que no haya motivos de sospecha, pueden considerar que el titular real es el administrador.”

El exceso de celo del legislador comunitario -considerando (17)- llega hasta la exigencia de obligar a los fideicomisarios -recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico interno no tiene cabida esta figura- a obtener y conservar la información sobre la titularidad real y a facilitarla a las entidades obligadas. Según el art. 2 de la Directiva son entidades obligadas las siguientes: las de crédito; financieras; auditores, contables externos, asesores fiscales, notarios -con las exenciones a estos profesionales contempladas en los arts. 14.4 y 34.2 de la Directiva, si están determinando la posición jurídica de su cliente o están ejercitando labores de defensa o representación en un procedimiento judicial-; y otros profesionales independientes cuando actúen en nombre de su cliente en cualquier transacción financiera o inmobiliaria, etc. Obligación que se hace extensible a las fundaciones y estructuras jurídicas similares a los fideicomisos.

Obligación que se tornará inviable si la sociedad matriz en cuestión no está domiciliada dentro de un país miembro de la Unión, como así sucederá en muchos de los supuestos en los que se requiera la información. Lo que sí se conseguirá es dar publicidad a las transmisiones de títulos realizadas ante notarios extranjeros de países miembros de la UE que actualmente escapan a cualquier control; al efecto, se impone la obligación de la interconexión de todos los registros mercantiles europeos para el intercambio de información.

Así pues, con la transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero el blanqueo de capitales o la financiación de terrorismo, se deberá volver a la inscripción registral obligatoria en la transmisión de participaciones sociales y de las acciones de las sociedades anónimas. Así como a la creación de un registro central de titulares reales, que puede ser el Registro Mercantil, un registro de sociedades o un registro público, a elección de cada Estado miembro (arts. 30 y 31 de la Directiva). Registro con acceso directo a la información a las unidades de inteligencia financiera, SEPBLAC en España, y a toda persona u organización que pueda demostrar un interés legítimo (sic.).

Vía| Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Imagen| Consejo de Administración

También en QAH| La exclusión de un socio en una Sociedad Limitada: el plazo de un mes

 

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