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¿Quién paga la morosidad de las Administraciones Públicas?

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El alto precio de financiarse

El mayor problema al que se enfrentan las empresas hoy en día es la falta de financiación, la cual se debe a la falta de crédito y se ve agravada por el retraso de los pagos de las Administraciones Públicas. Debido a esto se crea el Fondo Liquidez Autonómico (FLA), para pagar a proveedores ya que las Autonomías han adquirido deudas con empresas que no pueden pagar.

Las formas de financiarse para una empresa son dos: pedir una línea de crédito a un banco o pagar a sus proveedores a 30, 60 o 90 días como máximo. Las Administraciones Públicas tienen el privilegio de financiarse a más largo plazo ya que no tienen sanciones al hacerlo. Debido a esto, la morosidad de estas se ha desplazo a cotas astronómicas, el monto usado del FLA en 2012 fue de 16.700 millones de euros, de los 18.000 millones que está dotado, el cual se va a extender al 2013 también.

Esto lo confirma los datos de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), las administraciones entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2012, acumulan facturas impagadas por valor de 11.000 millones, de los que 5.510 millones corresponden a pequeñas empresas y autónomos. Actualmente, el FLA  está formado por 6.000 millones que aportan Loterías y Apuestas del Estado, 4.000 millones del Tesoro y 8.000 millones de entidades financieras.

Para tratar de remediar tal situación de privilegio, el 16 de marzo entra en vigor la normativa europea que obliga a pagar a los organismos públicos en un plazo de 30 días, bajo pena de abonar un 8% de intereses sobre el tipo de interés que fija el Banco Central Europeo (BCE). A día de hoy el recargo sería del 8,75%.

Debido a esta nueva directiva que entra en vigor, el Gobierno está trabajando en un instrumento que facilite el arbitraje directo entre Administraciones Públicas y empresas.  Será hacienda quién decida lo que se hace con la deuda y podría pagarle al proveedor directamente, descontando a posteriori el dinero a municipios o Comunidades Autónomas de su participación que tienen en los ingresos del Estado.

Las consecuencias que tiene que las empresas financien a organismos públicos son la destrucción de empleo y cierre de empresas.  En función de los datos de ATA, la morosidad es la causa del cierre de uno de cada cinco negocios. Además esta medida ayudará a controlar el despilfarro de los entes públicos, ya que no podrán gastar por encima de sus ingresos.

Vía |El Economista, El Economista

Más información |Diario Jurídico

Imagen |Cepymearagon

En QAH |Como combatir la morosidad de las administraciones públicas

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