Jurídico 


¿Qué tipos de procesos judiciales penales existen en España?

El proceso judicial penal por objeto la averiguación del delito, la identificación del delincuente y su grado de responsabilidad en el delito, así como la imposición de una pena, o una medida de seguridad y de una responsabilidad civil, en su caso, y también lograr la ejecución y efectivo cumplimiento de las consecuencias del delito o de la falta cometidos.

Nuestro sistema jurídico procesal penal contempla diferentes procedimientos penales en función de un doble criterio, existiendo un total de diez procesos penales diferenciados:

En función de la naturaleza y de la gravedad de la infracción.

  1. Juicio ordinario por delitos graves.
  2. Procedimiento ante el Tribunal del Jurado.
  3. Procedimiento abreviado.
  4. Juicio rápido.
  5. Juicio de faltas o de delitos leves.
  6. Proceso por aceptación de decreto.
  7. Procedimiento de decomiso autónomo

En función de la condición y circunstancias personales de los responsables.

  1. Procedimiento de la Ley del Menor.
  2. Procedimiento contra Diputados o Senadores.
  3. Proceso penal militar.

 

  1. Juicio ordinario.

Es el proceso judicial penal reservado a los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años, salvo que para un delito de estas características corresponda el proceso ante el Tribunal del Jurado. También se denomina juicio por delitos graves o sumario ordinario. Se desarrolla en Audiencia Provincial.

 

  1. Procedimiento del Jurado.

La competencia del Tribunal de Jurado se extiende al conocimiento de los procesos penales por homicidio (artículos 138 a 140 CP) y otros delitos que relaciona el artículo 1.2 LOTJ.

  • homicidio (artículos 138 a 140 CP);
  • amenazas (artículo 169.1º CP);
  • omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196 CP);
  • allanamiento de morada (artículos 202 y 204 CP);
  • incendios forestales (artículos 352 a 354 CP);
  • infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415 CP);
  • cohecho (artículos 419 a 426 CP); h) tráfico de influencias (artículos 428 a 430 CP);
  • malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434 CP);
  • fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438 CP);
  • negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440 CP);
  • infidelidad en la custodia de presos (artículo 471 CP).

El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado-Presidente, integrante de la Audiencia Provincial

  • La función de los jurados consiste en emitir el veredicto, declarando probado o no probado el hecho justiciable, así como la culpabilidad o inculpabilidad de los acusados
  • Al Magistrado-Presidente le corresponde dictar la sentencia, en que recogerá el veredicto del jurado e impondrá la pena que corresponda.

 

  1. Procedimiento abreviado.

Es el proceso judicial penal que corresponde a los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración (art. 757 L.e.cr.).

Se desarrolla en los Juzgados de lo Penal cuando el delito está penado con multa o con hasta cinco años de privación de libertad, y en la Audiencia Provincial para delitos con penas más graves.

  1. Juicio rápido.

Se trata del proceso reservado a los delitos castigados con penas privativas de libertad de hasta cinco años, o cualquier otra pena (o penas conjuntas hasta diez años) en los que se presenta un atestado policial con las siguientes características:

  1. El delito o delitos en concreto son:
    1. lesiones, coacciones, amenazas, violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a las que se refiere el art 173.2 C.P.; hurto, robo, delitos contra la seguridad del tráfico, hurto y robo de vehículos, delitos contra la seguridad del tráfico; delitos de daños del art 263 C.P.; delitos contra la propiedad intelectual de los art. 270, 273, 274 y 275 C.P.; delitos contra la salud pública del art. 368 C.P.
  2. En el atestado policial aparecen identificadas las personas a las que se atribuye el delito.
  3. Se trata de delitos flagrantes según lo previsto en el art. 795.1 LECrim.
  4. Se trata de un hecho punible cuya instrucción presumiblemente va a resultar sencilla, conforme al art. 795.1 LECrim.

Con carácter general, este proceso corresponde a los Juzgados de lo Penal, y su instrucción a los Juzgados de Guardia.

  1. Juicio de faltas o de delitos leves.

Corresponde al proceso judicial que se sigue para juzgar infracciones leves determinadas como faltas por el Código Penal. Estos juicios se llevan a cabo por parte del Juzgado de Paz, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o el Juzgado de Instrucción, según el tipo concreto de falta.

Los órganos judiciales competentes son los Juzgados de Paz para las siguientes faltas:

  • deslucir bienes inmuebles de dominio público o privado, sin la debida autorización de la Administración o de sus propietarios (art. 626 CP);
  • abandonar jeringuillas, en todo caso, u otros instrumentos peligrosos, de modo o con circunstancias que pudieran causar daño a las personas o contagiar enfermedades, o en lugares frecuentados por menores (art. 630 CP);
  • maltratar cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente (art. 632 CP);
  • perturbar levemente el orden en la audiencia de un Tribunal o Juzgado, en los actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas (art. 633 CP);
  • amenazar de modo leve a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, o sacar armas o instrumentos peligrosos en riña, como no sea en justa defensa, y salvo que el hecho sea constitutivo de delito (art. 620.1º CP), salvo cuando la víctima pertenezca al ámbito familiar;
  • causar a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve (art. 620.2º CP), salvo cuando la víctima pertenezca al ámbito familiar.

 

Los órganos judiciales competentes son los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en los siguientes casos:

  • Por las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal (faltas contra las personas y faltas contra el patrimonio), cuando la víctima sea la esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
  • Así también, cuando la falta se cometa sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

Por último, son competentes los Juzgados de Instrucción en el resto de faltas previstas en la legislación penal.

 

  1. Proceso por aceptación de decreto.

Es el proceso judicial penal que sirve para la resolución anticipada de las causas penales en el caso de delitos de menor entidad: tanto para los delitos leves como a los delitos menos graves que se encuentren dentro de su ámbito material de aplicación.

Permite la conversión de la propuesta sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en sentencia firme.

En cualquier momento después de iniciadas diligencias de investigación por la fiscalía o de incoado un procedimiento judicial y hasta la finalización de la fase de instrucción, aunque no haya sido llamado a declarar el investigado, podrá seguirse el proceso por aceptación de decreto cuando se cumplan cumulativamente los siguientes requisitos:

  1. Que el delito esté castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de prisión que no exceda de un año y que pueda ser suspendida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal con o sin privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  2. Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  3. Que no esté personada acusación popular o particular en la causa.
  4. Procedimiento de decomiso autónomo.

Es el proceso judicial penal establecido para la agilización de los trámites que hayan de llevar a la incautación y privación de los bienes y efectos relacionados con el delito y, por otro, preservar las garantías de las personas demandadas como titulares aparentes de esos mismos bienes

Se utiliza para los bienes, efectos o ganancias que procedan de un hecho punible cuyo autor haya fallecido o no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeldía o por incapacidad para comparecer en juicio, es decir, sin condena previa; o bien que el Fiscal haya hecho reserva expresa, en el correspondiente escrito de acusación, de la acción para solicitar el decomiso de bienes para este procedimiento autónomo.

Esta acción de decomiso autónomo será ejercitada exclusivamente por el Ministerio Fiscal.

Serán citados a juicio en calidad de demandados los sujetos contra los que se dirija la acción por su relación con los bienes a decomisar.

 

  1. Procedimiento de la Ley del Menor.

Es el proceso penal que se sigue para la exigencia de la responsabilidad penal de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por hechos tipificados en el Código Penal o en otras leyes especiales como hechos constitutivos de delito o falta.

La competencia corresponde como regla general al Juzgado de Menores del lugar donde se

haya cometido el hecho delictivo.

 

  1. Procedimiento contra Diputados o Senadores.

Los Diputados y Senadores gozan de inmunidad parlamentaria, y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara parlamentaria respectiva.

Tienen un fuero especial ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por lo que solo esta Sala de lo Penal es competente para juzgar en materia penal a los Senadores y Diputados.

 

  1. Proceso penal militar.

Conforme al art. 117.5 CE dispone que “La Ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”.

La jurisdicción militar tiene atribuido el conocimiento de la materia penal militar y de la materia contencioso-administrativa militar.

En cuanto a la materia penal militar, se concreta en el enjuiciamiento de los siguientes delitos:

  1. a) Los comprendidos en el código penal militar.
  2. b) Los cometidos durante la vigencia del estado de sitio que se determinen en la declaración de dicho estado.
  3. c) Los cometidos por militares españoles en misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con los tratados en que España sea parte.

En cuanto a la materia contencioso-administrativa militar, se concreta en el conocimiento de los recursos contra las sanciones impuestas en aplicación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

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