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¿Qué supone la anulación de la amnistía fiscal?

El Tribunal Constitucional en sentencia de 8 de junio de 2.017 ha anulado la amnistía fiscal del Gobierno de 2.012
Recordemos que la amnistía fiscal de 2.012 consistió en:

  • Medida por la cual los defraudadores de impuestos podían regularizar su situación pagando el 10% del montante del “dinero negro” y otros bienes no declarados, adquiridos en una fecha anterior a 31/12/2010.
  • Se estableció un plazo hasta el 30 de noviembre de 2.012 para proceder a esta regularización tanto personas físicas como empresas, habilitándose para ello el modelo 750 (Declaración tributaria especial). Y el modelo D-750 (relación de bienes y derechos.

 

El motivo de la anulación es básicamente un motivo de forma (el Gobierno la aprobó empleando una vía legislativa incorrecta – el Decreto- ley, de rápida tramitación y sin estar sometidos a los estrictos controles de las dos cámaras.) Y se considera erróneo y contrario a la ley el uso del decreto-ley – valga la redundancia – por el hecho de que esta amnistía fiscal (denominada no obstante “regularización extraordinaria” ) supone una modificación sustancial de las normas tributaria, materia reservada a la necesaria regulación por ley.
A pesar de los duros reproches que contiene la Sentencia del Tribunal Constitucional – “el Ejecutivo con esta regularización abdicó de sus obligaciones y quebró el sistema de justicia tributaria …el objetivo de conseguir recaudación no puede ser por sí solo causa que legitime la quiebra del objetivo de justicia tributaria …” – , fueron los motivos formales los que llevaron a su declaración de inconstitucionalidad.
En realidad el alcance de la sentencia es muy reducido ya que las regularizaciones firmes de los 31.000 declarantes no se verán afectadas por la sentencia.

Por estas razones, es palmaria su escasa trascendencia jurídica. Sin embargo la transcendencia política de la sentencia es evidente. Al margen de la ola de ataques al titular del Ministerio de Hacienda, impulsor de la medida vemos que se ha reavivado de nuevo las críticas a la medida y la polémica que suscitó. En el fondo laten dos posturas enfrentadas:

  • Quienes defienden la procedencia de la regularización quizás como mal menor (el déficit demandaba esta recaudación extraordinaria cuyo origen serían bienes y rentas nunca declarados hasta ahora. Con esta medida no solo han aflorado estos activos, sino que se ha obtenido una importante cantidad – en realidad fueron 1.200 millones de los 2.500 previstos – para paliar el déficit público. )
  • Quienes la atacan duramente ( la amnistía legitima el fraude fiscal ya que los que de manera insolidaria no pagaron sus impuestos se ven ahora beneficiados frente a los que voluntariamente y en plazo asumieron su obligación de contribuir, al margen de facilitar el blanqueo de capitales ).

Pero es que además la relevancia de esta sentencia tiene un importante matiz. Cierra el paso a cualquier Gobierno que pretende acometer una medida similar: sabrá que atenta a la Constitución.
En términos estrictamente cuantitativos, los resultados no fueron los esperados: la Agencia Tributaria recaudó apenas 1.200 millones (menos de la mitad de lo esperado) . Esto derivó de que si bien se exigía el pago del 10% para regularizar los “capitales ocultos” , este gravamen se aplicó solamente sobre rendimientos de ejercicios no prescritos lo que hizo que el tipo real abonado vista la recaudación se redujera al 3%.

Y aunque están en marcha – contra lo que en principio se pensó – inspecciones en relación con los que se acogieron a la amnistía fiscal, no parece que a futuro veamos nuevas medidas de este tipo, adoptadas por el Gobierno de turno. La dureza y precisión de los términos de la Sentencia son absolutamente disuasorios.

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