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¿Que son medidas cautelares tributarias?

 

Las medidas cautelares para asegurar el cobro de las deudas tributarias aparecen por primera vez en nuestra normativa tributaria con la Ley 25/1.995 de 20 de julio de modificación parcial de la Ley Gral. Tributaria Ley 230/1963, en concreto, en el art. 128.  Actualmente están incluidas en el artículo 81 de la Ley Gral. Tributaria vigente (Ley 58/2.003), artículo que ha sido objeto de sucesivas modificaciones siendo la última de ellas la que ha tenido lugar por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre de modificación parcial de la Ley 58/2.003.

Las medidas cautelares tributarias son actos acordados por la Administración Tributaria en los que prevalece su carácter provisional  e instrumental en tanto que se subordinan a un procedimiento tributario principal encaminado al cobro de la deuda tributaria.    No hay una definición del concepto “medida cautelar”  en la normativa tributaria pero del artículo 81 de la LGT se deriva que   para la adopción de una medida cautelar de carácter tributario, dado el carácter extraordinario de la misma,    es necesario acreditar una serie de requisitos por parte del órgano administrativo. Requisitos que son en algún caso de carácter positivo en cuanto que configuran elementos ineludibles para acordar la medida cautelar, y en otro caso, de carácter negativo, ya que suponen límites que acotan las posibilidades de actuación.

Las medidas cautelares podrán recaer sobre inmuebles inscritos en los Registros de la propiedad, cuentas corrientes, créditos pendientes de pago a favor del deudor, mercancías, etc…

Requisitos objetivos

1. Existencia de una deuda tributaria.    Como hemos dicho, la medida cautelar es una medida instrumental incluida en un procedimiento tributario previo.  Normalmente estas se adoptan en un procedimiento tributario para el cobro de una deuda ya liquidada a un obligado tributario, el cual reviste una serie de circunstancias que obligan a los órganos tributarios a una actuación inmediata, sin necesidad de retrasar al inicio del periodo ejecutivo el embargo de los bienes.   Sin embargo, también es posible la adopción de estas medidas en un momento previo a la liquidación de la deuda, cuando se adviertan claros indicios de frustración en el cobro (por ej., situación de vaciamiento patrimonial) . Evidentemente el carácter extraordinario de la medida – más en este caso – obliga a una fundamentación certera de la misma.

“Art. 81.5. Las medidas cautelares reguladas en este artículo podrán adoptarse durante la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos desde el momento en que la Administración tributaria actuante pueda acreditar de forma motivada y suficiente la concurrencia de los presupuestos establecidos en el apartado 1 y el cumplimiento de los límites señalados en el apartado 3.”

Lo anterior es también aplicable a la figura del responsable tributario,  como lo pone de manifiesto el  “Art. 41.5…… Con anterioridad a esta declaración (de responsabilidad), la Administración competente podrá adoptar medidas cautelares del artículo 81 de esta ley y realizar actuaciones de investigación con las facultades previstas en los artículos 142 y 162 de esta ley.”

Hay que tener en cuenta que el art. 81.8 de la LGT. permite  – a partir de la modificación de la Ley Gral. Tributaria por la Ley 7/2012 -. la adopción por los órganos de la AEAT., de medidas cautelares en los procesos iniciados por delito contra la Hacienda Pública, medida que se mantendrán hasta que el juez adopte la decisión de convertirlas en medida jurisdiccional o en caso contrario, levantarlas.

2.  La existencia de indicios racionales de que, en caso de no acordar la medida cautelar, la exacción del tributo se va a ver frustrada o gravemente dificultada.

Art. 81.1. Para asegurar el cobro de las deudas para cuya recaudación sea competente, la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado.”

Ha de producirse una situación de peligro para el cobro del crédito tributario la cual ha de concretarse para respaldar la creencia del órgano competente de que el cobro se va a ver imposibilitado. El indicio es una fundada  sospecha, producto de un raciocinio lógico, serio y desapasionado (según criterio de la propia Fiscalía del Tribunal Supremo.), basada  en datos de valor fáctico que representan más que una posibilidad  y menos que una certeza de lo que se pretende evitar.

Los indicios deben de estar debidamente probados, no bastando las meras sospechas.  Además Por exigencias garantistas impuesta por la doctrina constitucional, en el caso de medidas cautelares, no se ha de tratar de un indicio único sino plural para evitar que una sola circunstancia determine una resolución que pudiera ser errónea.   En definitiva, se tratará se analizar y valorar  una serie de hechos, llevados a cabo voluntariamente por parte de los sujetos obligados al pago de los tributos,  a partir de los cuales el órgano competente tenga la certeza de que se realizan con la finalidad de alcanzar la situación  de insolvencia, para burlar de esta manera  sus obligaciones con el Fisco, con el menoscabo que ello supone para el crédito tributario.   En concreto, se valoran situaciones de incumplimiento anterior de créditos tributarias tanto en la órbita personal del sujeto pasivo, como en las de las sociedades de las que fuera administrador, posibles vaciamientos patrimoniales,  creación de sociedades instrumentales, cese de actividad, etc….

3.Proporcionales. “art.81.3  Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda. En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación”.

Adaptándose a los criterios constitucionales, el propio  Tribunal Constitucional ha reconocido  la sustantividad de este principio como límite a la actividad de la Administración. Es decir,  la Medida cautelar tributaria  ha de ser proporcional al daño que se pretende evitar (el impago de la deuda tributaria), tanto desde una perspectiva cuantitativa  (cantidad que constituya la deuda a asegurar)   como cualitativa  ( bienes sobre los que recae dicha medida, para evitar desajustes).

4.Provisionales. Las medidas cautelares tributarias tienen una vigencia de 6 meses desde su adopción por el órgano competente, siendo posible – siempre por motivos suficientemente acreditados – la prórroga por un periodo de seis meses más.   El artículo 81.6 de la LGT. establece los motivos de cese de las medidas:  conversión en embargo definitivo en el procedimiento tributaria, cese de los motivos que determinaron su adopción, sustitución a petición del interesado por otra garantía suficiente…. En este punto la Ley 34/2015 incluye un nuevo motivo de cese, incorporando la letra e).  Y ello como consecuencia del nuevo procedimiento regulado en el artículo 250 y siguientes de la LGT, de liquidación y cobro de la cuota dolosa en los supuestos de delito contra la Hacienda Pública. Las medidas adoptadas durante la tramitación de este procedimiento (art. 253 )  tendrán una duración máxima de 24 meses desde su adopción , o de 6 meses con una prórroga de 18 meses si se adoptaron antes del inicio de la tramitación descrita en el artículo 253 de esta Ley, una vez dictada la liquidación a que se refiere el artículo 250.2

 Requisitos subjetivos.

1.Órgano competente para su adopción.

Las medidas cautelares tributarias serán adoptadas por acuerdo de los Delegados de la AEAT., tanto especiales como provinciales según corresponda.

2.Podrán recaer tanto sobre el deudor principal como sobre los responsables ya solidarios o subsidiarios, debiendo ser necesariamente notificada, si bien el momento de la notificación vendrá determinado por criterios de oportunidad y eficacia de la propia medida, siendo posible y habitual la notificación de la medida una vez que se haya asegurado el embargo cautelar del bien o activo.

 

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