Jurídico 


¿Qué son los consorcios administrativos? (I)

En cualquiera de las áreas metropolitanas andaluzas, todos hemos visto alguna vez pasar por delante de nuestras narices, si es que no nos hemos subido a ellos, uno de esos autobuses verdes, con la imagen corporativa del Consorcio de transportes del área metropolitana de que se trate. También habremos oído hablar en los últimos meses del Consorcio para la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz.

A primera vista, desde luego, nada tiene que ver la entidad que se dedica a la gestión del transporte público metropolitano con aquella cuyo objetivo es organizar la celebración de los 200 años de la Constitución de 1812. Entonces, ¿Cómo podemos saber qué es un Consorcio? ¿Cuál es el elemento definitorio que hace que a todas estas entidades se les denomine Consorcio?

Un Consorcio administrativo es una Administración Pública

Lo primero que tenemos que decir es que los Consorcios de los que estamos hablando en este artículo son los Consorcios administrativos, que son Administraciones Públicas que se rigen por el Derecho Administrativo. Distintos, pues, de los Consorcios privados, como por ejemplo, un Consorcio empresarial, siendo común a ambos tipos de Consorcios la existencia de una comunidad de intereses, la asociación para la consecución de intereses comunes.

La consideración del Consorcio administrativo como Administración Pública significa que éste es una organización dotada de personalidad jurídica, sujeto de Derecho, con capacidad para relacionarse con cualesquiera otros sujetos, personas físicas o jurídicas, y con capacidad para autoorganizarse, disponiendo para ello de los medios materiales y personales que se le atribuyan.

A su vez, el Consorcio administrativo, como Administración Pública que es, no tiene fines o intereses propios, de tipo particular, siendo éstos los que les atribuyan las leyes, para la atención de los intereses generales, que son los de todos los ciudadanos, en un sector concreto de la actividad que es propia de las Administraciones Públicas (art. 103 CE).

La personalidad jurídica del Consorcio es pública, por lo que para el ejercicio de sus fines se le puede atribuir una parte del poder público, potestades administrativas, en el ejercicio de las cuales el Consorcio ha de actuar sujeto al Derecho Administrativo, para garantía de todos los ciudadanos (art. 2.2 Ley 30/92).

Un Consorcio administrativo es una Administración Pública especializada o instrumental

El Consorcio administrativo, como Administración Pública, poco tiene que ver con las Administraciones generales o territoriales, como la Administración del Estado, las de las Comunidades Autónomas, o los Ayuntamientos y las Diputaciones. Y es que el Consorcio no puede calificarse de Administración general o territorial, situándose del lado de las llamadas Administraciones institucionales, especializadas o instrumentales.

El Consorcio es Administración instrumental porque es un instrumento al servicio de otras Administraciones Públicas, y es Administración especializada, porque no asume una generalidad de funciones, sino únicamente aquellas que con un criterio de especialización funcional se decida atribuirle. Por tanto, sus fines, competencias y potestades quedan limitados a los que expresamente se les atribuyan en sus estatutos, estableciéndose entre el Consorcio y sus Administraciones matrices una relación de dependencia, como ente instrumental que es.

Vía| Toscano Gil, F., Los consorcios metropolitanos, IAAP, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2011.

Imagen| Autobús

En QAH| ¿Qué son los consorcios administrativos? (II)

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