Jurídico 


¿Qué son las dilaciones indebidas en el proceso?

La justicia si es lenta no es justicia. Esta frase, tan conocida en el mundo del Derecho, no es sino la constatación de una gran verdad, y es que cuándo los procesos judiciales necesitan años e incluso décadas para resolverse, la justicia pierde irremediablemente valor.

presoY no solo para la víctima, sino también para el acusado en el ámbito del procedimiento penal, que en estas ocasiones padece lo que se conoce como “pena de banquillo”: años de instrucción y proceso judicial que lesionan su derecho de defensa, su derecho a un proceso justo sin dilaciones, y su derecho a la presunción de inocencia (en este sentido: artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948); Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo; artículo 24  Constitución Española de 1978)

Nuestro Código Penal al regular las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal tiene en cuenta la dilación indebida en su articulado, y establece en el artículo 21.6 que “La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa”.

Recientemente, la Sentencia del Tribunal Supremo 4055/2015, de 30 de septiembre de 2015 nos recordaba que “La Jurisprudencia de esta Sala ha venido señalando que la dilación indebida para ser considerada como tal debe ser procesalmente injustificada, extraordinaria, no imputable al inculpado y desproporcionada con la complejidad de la causa”.

La Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2013 indicaba que “La apreciación de la atenuante exige precisar en qué momentos o secuencias del proceso se han producido paralizaciones que deban reputarse indebidas. Hemos dicho que el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama ”

office-581131_960_720Así por tanto, la jurisprudencia de nuestro alto tribunal determina claramente que aquél que alegue la aplicación de esta atenuante deberá  exponer en su alegato un análisis en detalle del proceso penal seguido, que pasa por dividirlo en sus distintas fases y demostrar de manera razonada cuál de estas fases es en concreto en la que se han producido dilaciones injustificadas, desproporcionadas y extraordinarias, imputables al propio órgano judicial.

Es decir, se requiere un análisis del caso concreto, y un razonamiento de qué parte del proceso ha sido la concretamente afectada por dilaciones indebidas.

En conclusión podemos afirmar que esta atenuante salvaguarda como decíamos al principio los legítimos derechos y garantías procesales del imputado o acusado, pero requiere del análisis pormenorizado del proceso seguido en el caso en cuestión, para determinar de manera concreta, razonada e inequívoca dónde se ha realizado dicha lesión.

 

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