Derecho Penal, Jurídico 


¿Qué significa el secreto de sumario y el secreto de las sesiones?

Constantemente en los medios escuchamos la frase “el Juez de Instrucción ha decretado el secreto del sumario”, pero, en ocasiones, esta frase es usada e interpretada de forma errónea. Por ejemplo, en el caso del “pequeño Nicolás”, el Juez de Instrucción decretó el secreto del sumario, y en más de un foro he escuchado, “ahora ya sí que no vamos a saber nada del caso”. Pero, ¿cuál es el significado jurídico del “secreto de sumario”?, ¿es esto lo mismo que el “secreto de las sesiones” en el juicio oral?

El secreto de sumario se encuentra regulado en los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según los cuales, las diligencias del sumario serán siempre secretas hasta la apertura del juicio oral. Esto supone, que las partes personadas en el proceso (fiscal, abogados, procuradores, funcionarios, etc.) van a tener conocimiento de todo aquello que el Juez de Instrucción está investigando para conformar el sumario, pudiendo intervenir en todas las fases y actuaciones; sin embargo, el público en general nunca va a tener conocimiento de las actuaciones practicadas para averiguar y constatar el alcance de los delitos (la propia ley establece determinadas excepciones a esta norma). En otras palabras, únicamente los presuntos implicados en la comisión del delito van a tener conocimiento de la línea de investigación seguida por el Juez de Instrucción.

Teniendo esto en cuenta, el secreto de sumario se aplica a aquellos que tienen conocimiento de las diligencias que se están realizando, es decir, las partes personadas. Su fundamento se encuentra en qué, en determinados delitos, las personas implicadas han de desconocer cuál es la línea de investigación que el Juez de Instrucción está siguiendo para garantizar la objetividad de las actuaciones, y qué, se puedan dar lugar a situaciones de ocultamiento o destrucción del objeto del delito. Este secreto de sumario podrá ser declarado de oficio por el Juez de Instrucción, o a instancias del Ministerio Fiscal o de cualquiera de las partes personadas, y puede afectar de forma total o parcial al sumario. Además, este secreto tiene una duración limitada sin extenderse hasta la conclusión del sumario, es decir, únicamente por un plazo de un mes, después de este tiempo se levantará el secreto de sumario y las partes volverán a tener conocimiento de todas aquellas actuaciones que el Juez de Instrucción está realizando. El público seguirá siendo ajeno a las investigaciones, ya que éstas son en todo momento secretas. La propia ley establece una multa en el caso de que cualquiera de las partes o de los funcionarios incumpla la obligación de secreto y revele información al público (aunque exista el secreto de sumario esto no significa que los periodistas e investigadores no puedan realizar las averiguaciones que consideren y publicarlas, aunque nunca tendrán acceso al sumario).

El secreto de sumario a menudo es confundido con la “publicidad de los debates” en el juicio oral (artículos 680 a 682 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Al contrario de lo que ocurre con la formación del sumario que es secreto como norma, los debates del juicio oral son públicos (la propia Constitución Española recoge en su artículo 24.2 el derecho a un proceso público, siendo uno de los principios básicos del proceso español), es decir, cualquier persona puede acudir a ellos sin ver impedida su entrada. Sin embargo, en determinadas ocasiones, y debido a la trascendencia del delito, por razones de moralidad o de orden público, o debido al carácter de vulnerable de la persona ofendida por el delito o de su familia, el Presidente del Tribunal podrá acordar la celebración de las sesiones a puerta cerrada (se podrá adoptar de oficio o a petición de las partes). Este secreto de los debates puede ser acordado en cualquier momento, es decir, antes o incluso una vez iniciado el juicio. Lo que implica es que toda persona que no sea parte ha de abandonar inmediatamente la sala, procediéndose a celebrar la sesión a puerta cerrada.

Ambas instituciones encuentran cabida en nuestro ordenamiento. El secreto de sumario con el fin de impedir la desaparición de las huellas del delito y así determinar con precisión el grado de culpabilidad o no del sujeto en la comisión del delito, basta imaginar qué sentido tendría realizar una investigación si los investigados por la presunta comisión de una actividad delictiva conocen que lo están siendo. Además, permite proteger la situación personal del investigado al evitar que el público, y especialmente los medios de comunicación en caso de personajes de relevancia pública, dicten y juzguen a una persona sin que si quiera se haya determinado su participación o no en el hecho. Esto mismo ocurre en el caso de la celebración a puerta cerrada del juicio cuya principal finalidad es proteger a la persona afectada. Sin embargo, a pesar de encontrar su justificación, ¿se está conculcando el derecho a la información y el derecho a ser informado, o el principio de publicidad del proceso jurisdiccional?, o incluso, ¿se ve vulnerado el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías?

 

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