Jurídico 


¿Qué podría ocurrir de convocarse unas elecciones plebiscitarias?

elecciones_catalanasSegún las últimas declaraciones de Artur Mas, hemos conocido que aún no tiene claro la convocatoria de las elecciones, pese a las numerosas presiones que recibe por parte de sus socios de gobiernos, ERC.

Elecciones plebiscitarias, ¿qué son?

Según la RAE, se denomina plebiscito a la “consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etc”.

Así, las elecciones plebiscitarias serán aquellas en las que se presentan dos opciones con posiciones antagónicas sobre un tema, permitiendo al ciudadano aprobar o rechazar de forma clara una de esas dos posiciones.

No obstante, nuestro ordenamiento jurídico actual no recoge la posibilidad de convocar elecciones plebiscitarias, por lo que serán en cualquier caso los partidos políticos que lo quieran los que acabarán dando a unos comicios ordinarios una  apariencia de plebiscito presentando una lista conjunta por la independencia, tal y como ha planteado Mas en los últimos días.

¿Qué ocurriría legalmente si se realiza la consulta pese a la suspensión del TC?

La legislación actual no establece claramente cuál es la responsabilidad penal de una Administración que desobedece un fallo del TC. No obstante, la conducta de Artur Mas, en caso de que lleve el pulso soberanista hasta final, podría encuadrarse en los siguientes tipos penales:

  • USURPACIÓN DE ATRIBUCIONES PÚBLICAS (Art. 402 CP): El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años.
  • PREVARICACIÓN (Art. 404 CP): Se castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo
  • DESOBEDIENCIA (Art. 410 CP): Incurrirán en pena de multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 meses a 2 años las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a cumplir debidamente las resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales.
  • MALVERSACIÓN (Art. 433 CP): Incurrirá en pena de multa de 6 a 12 meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 3 años la autoridad o funcionario público que destine a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones.
  • SEDICIÓN (Art. 544 CP): Se castigará con penas de 10 a 15 años de prisión a la autoridad que induzca o llame a un alzamiento público o tumultuario para impedir la aplicación de la ley.

En los últimos meses toda la atención se ha puesto sobre el 9-N, y éste ya está aquí. Todo parece apuntar a que el próximo domingo tendrá lugar en Cataluña una nueva gran movilización independentista, pero en ningún caso tendrá validez política ni jurídica.

Por tanto, la cuestión que se nos plantea ahora es otra: ¿Qué ocurrirá el 10-N?

 

Vía| El País, Código Penal

Más información| El País

Imagen| ABC

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