Jurídico 


¿Qué nos depara el 2015 en el ámbito de la regulación mercantil? (II)

En mi artículo anterior comentaba los interesantes proyectos normativos que se esperan para este nuevo año en el ámbito del Derecho del comercio internacional en Europa. Me centraré ahora en las novedades en España. Así, encontramos dos proyectos legislativos que deberían ver la luz este nuevo año. Sin embargo, pese a la inminencia de su consecución en el caso europeo, es más dudoso que el legislador interno vaya a regular los problemas del tráfico externo en esta legislatura.

Por un lado, el pasado mes de julio se aprobó el Anteproyecto de la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. En realidad, se trata de una tarea pendiente que viene impuesta por la LEC 2000, que desde su entrada en vigor requería al gobierno enviar al Parlamento en el plazo de 6 meses un proyecto de ley sobre esta materia.

Este Anteproyecto regula por primera vez en España las comunicaciones judiciales directas, modifica el exequátur y aborda cuestiones decisivas relativas a la prueba del Derecho extranjero, estableciendo que en aquellos supuestos en los que no haya podido acreditarse el contenido y vigencia del mismo pueda aplicarse el Derecho español.

En cuanto al exequátur, se establece la subsidiaridad de esta regulación respecto a la normativa española especial y a los Tratados y Convenios internacionales aplicables en España y se regula con detalle el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones extranjeras, así como el procedimiento judicial acorde a las actuales tendencias doctrinales y jurisprudenciales. Por ende, parece claro que se aplicará con carácter subsidiario al nuevo Reglamento de Bruselas I bis.

Asimismo, como novedad importante, se establece que notarios y registradores favorecerán la ejecución y la inscripción de documentos públicos extranjeros mediante la adecuación de las instituciones extranjeras que pudieran resultar desconocidas. También se prevé la adaptación de los documentos públicos extranjeros a una medida u orden prevista o conocida en nuestro Derecho cuando se ordenen medidas o se incorporen instituciones o derechos que sean desconocidos al ordenamiento español, siempre que tenga efectos equivalentes y se persiga la misma finalidad originaria.

Por otro lado, en el ámbito de las garantías sobre equipos aeronáuticos, España se ha adherido en 2013 al Convenio de Ciudad del Cabo relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil elaborado en el seno de UNIDROIT. El Convenio constituye una herramienta básica para garantizar unos umbrales mínimos de seguridad jurídica en la financiación de este tipo de bienes. No obstante, el texto carece de eficacia hasta que cada Estado sea parte también de alguno de los protocolos anejos al Convenio. Por ello, los operadores de este sector están demandando la adhesión de España al Protocolo relativo a bienes aeronáuticos debido a las dificultades que padece el sector en la búsqueda de financiación. En respuesta a estas demandas, parece que se han comenzado ya los trámites desde el Ministerio de Justicia para proceder a la adhesión en el corto plazo.

Los expertos apuntan que la importancia para España del Convenio y de sus protocolos va más allá de las materias que regulan ya que debería promover una revisión en profundidad de nuestra regulación sobre garantías mobiliarias y, en particular, en los supuestos internacionales para alinear nuestro ordenamiento al de nuestro entorno.

En definitiva, se trata de proyectos normativos de gran trascendencia por lo que esperemos que el legislador interno los afronte este nuevo año.

Vía | La Ley Mercantil , El Derecho

En QAH | ¿Qué nos depara el 2015 en el ámbito de la regulación mercantil? (I), ¿Deben los jueces y abogados españoles conocer el Derecho extranjero?

Imagen | Cooperación Internacional

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