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¿Qué nos depara el 2015 en el ámbito de la regulación mercantil? (I)

Unión EuropeaPara este nuevo año, y en el ámbito del Derecho del comercio internacional, encontramos interesantes proyectos normativos a nivel europeo.

En primer lugar, el Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis), con las modificaciones introducidas por el Reglamento 542/2014, sustituye al Reglamento 44/2001 (Bruselas I) – heredero a su vez del Convenio de Bruselas de 1968 – y, al igual que su predecesor, será fundamental para regular los procesos civiles intracomunitarios. El nuevo texto ya es aplicable desde el 10 de enero del 2015, con la excepción de los artículos 75 y 76 que ya lo eran desde el 10 de enero de 2014.

Pese a introducir importantes novedades, el nuevo Reglamento es menos ambicioso de lo que se proponía inicialmente. Así, en un primer momento se preveía, principalmente, la extensión de sus reglas de competencia a aquellos supuestos en los que el demandado tiene su domicilio fuera de la Unión Europea –con algunas excepciones–, la ampliación de su ámbito de aplicación al arbitraje y la completa supresión del exequátur.

En cuanto a las novedades que introduce, es destacable la ampliación del ámbito territorial del Reglamento resultando aplicable a litigios derivados de contratos de consumo o laborales frente a profesionales o empresarios, respectivamente, que no estén domiciliados en un Estado miembro y la ampliación de las reglas sobre sumisión expresa a las cláusulas celebradas entre partes domiciliadas en terceros Estados, así como la introducción de supuestos de litispendencia entre tribunales de Estados Miembros y terceros Estados.

Por lo que respecta al exequátur, se mantienen los mismos motivos que permitían denegar el reconocimiento de sentencias extranjeras con la diferencia de que dicho control se realizará ahora mediante un procedimiento de oposición a la ejecución. Por ello, se elimina el procedimiento de exequátur y se mantienen una serie de salvaguardas, para que la persona contra la que se inste la ejecución puede oponerse si considera que concurre uno de los motivos de denegación. En este sentido, la especial preocupación por los derechos de defensa y el debate sobre la eliminación de la cláusula del orden público han obligado al legislador europeo a adoptar una fórmula intermedia, alejada de la inicialmente propuesta.

En segundo lugar, tras la reunión del Consejo del pasado diciembre, próximamente se prevé la publicación del nuevo texto que sustituirá al Reglamento 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia con el objeto de actualizar la normativa europea en materia de insolvencia de acuerdo con el desarrollo que las leyes nacionales han experimentado desde la entrada en vigor del Reglamento.

En este sentido, en España, el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, como continuación a las medidas adoptadas en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ya recoge en su exposición de motivos un enfoque similar al de la Comisión Europea en su última Recomendación, de 12 de marzo de 2014,centrada en la reestructuración viable de la deuda empresarial.

El nuevo texto europeo pretende, principalmente, mejorar la eficiencia de los procedimientos concursales transfronterizos, promover la supervivencia de las empresas, otorgar a los emprendedores una segunda oportunidad en caso de sufrir un fracaso empresarial e incluir diferentes modalidades de procedimientos pre-concursales.

También va dirigido a atajar disfunciones puntuales para combatir los abusos en el recurso del fórum shopping – o elección del foro o tribunal más favorable –, en especial en el caso del concurso de personas físicas. Esta práctica, que proviene del Derecho internacional privado, se produce cuando la persona que inicia la acción elige un foro no porque sea el más adecuado para conocer del litigio, sino porque las normas sobre conflictos de leyes que este tribunal utilizará llevarán a la aplicación de la ley que más le convenga.

Por otro lado, si bien es cierto que, si se mantiene la redacción del acuerdo político, sus normas no serán aplicables hasta dentro de dos años desde su publicación, los expertos apuntan que en el caso de España posiblemente sea necesario realizar ajustes en nuestro ordenamiento interno en previsión a su aplicación, especialmente en lo relativo a la regulación de determinados procedimientos pre-concursales como los acuerdos extrajudiciales de pagos.

Vía | La Ley Mercantil, El derecho, RDMF

En QAH |Jurisdicción Internacional. Derecho Internacional Privado (I), El procedimiento de Exequátur. Arts. 955 a 958 LEC

Imagen | Unión Europea

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