Jurídico 


¿Qué es la videovigilancia? Captación y grabación de imágenes y sonidos con fines de investigación criminal

La videovigilancia es una actividad de carácter policial que tiene una finalidad preventiva y de investigación y está dirigida a la captación de imágenes y/o sonidos  en las vías públicas con objeto de prevenir, averiguar o esclarecer la comisión de hechos delictivos.

Esta actividad, en el ámbito de investigación criminal, está regulada por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula el uso de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, y el reglamento que la desarrolla para su ejecución, el RD 596/1999, de 16 de abril.

Es conveniente reseñar que se trata de una actividad presumarial, es decir, que se suele dar fuera de un proceso penal o en la fase de investigación preliminar de éste (llevada a cabo por la policía judicial y dirigida por el Ministerio Fiscal), pero existen algunos casos en que esta actividad ha sido ordenada por el propio órgano jurisdiccional.

Debemos distinguir dos tipos de cámaras ya que presentan algunas distinciones en cuanto al procedimiento a seguir para su instalación:

–          Videocámaras fijas: la solicitud para su colocación debe hacerla la autoridad policial correspondiente a través del Delegado de Gobierno que la eleva a la Comisión de Videovigilancia. Si ésta autoriza, la instalación se hará por un plazo de un año renovable y se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en el de la provincia que corresponda.

–          Videocámaras móviles: en este caso, al concurrir circunstancias que implican tomar la medida con una cierta urgencia, la instalación es autorizada por la autoridad policial, sin perjuicio de un control a posteriori por parte de la Comisión.

En ambos casos debe acreditarse la necesidad y proporcionalidad de la medida ya que supone una intromisión en un derecho fundamental como es el derecho a la intimidad (recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española). Por eso, el límite de esta actividad se encuentra en la concurrencia de esos requisitos y en la prohibición de captar conversaciones directas.

La legalidad de esta diligencia se basa en la primacía del derecho a la seguridad ciudadana, por la que debe velar el Estado a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sobre ese derecho personal a la intimidad de cada individuo. Así, en los conflictos surgidos acerca de esta materia los Tribunales deben hacer una ponderación de ambos bienes jurídicos protegidos y ver cuál prevalece en cada caso concreto.

Es destacable la STC 98/2000, de 10 de abril, que resuelve un recurso de amparo en el caso “Casino de A Toxa”, y sentencia estableciendo que la implantación del sistema de audición y grabación no ha sido en este caso conforme con los principios de proporcionalidad e intervención mínima que rigen la modulación de los derechos fundamentales por los requerimientos propios del interés de la organización empresarial, pues la finalidad que se persigue (dar un plus de seguridad, especialmente ante eventuales reclamaciones de los clientes) resulta desproporcionada para el sacrificio que implica del derecho a la intimidad de los trabajadores (e incluso de los clientes del casino). Este sistema permite captar comentarios privados, tanto de los clientes como de los trabajadores del casino, comentarios ajenos por completo al interés empresarial y por tanto irrelevantes desde la perspectiva de control de las obligaciones laborales, pudiendo, sin embargo, tener consecuencias negativas para los trabajadores que, en todo caso, se van a sentir constreñidos de realizar cualquier tipo de comentario personal ante el convencimiento de que van a ser escuchados y grabados por la empresa. Se trata, en suma, de una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad consagrado en el art. 18.1 CE, pues no existe argumento definitivo que autorice a la empresa a escuchar y grabar las conversaciones privadas que los trabajadores del casino mantengan entre sí o con los clientes. Lo cual conduce al Tribunal al otorgamiento del amparo con el restablecimiento al demandante en la integridad de su derecho.

Vía|  Artículos doctrinales de Derecho Administrativo (Antonio David Berning Prieto); STC 98/2000

Más Información| Ley Orgánica 4/1997 ; RD 596/1999; Ley Orgánica 15/1999 ; RD 1720/2007

Imagen| zona videovigilada

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