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¿Qué es la simulación, el conflicto de aplicación de la norma y la economía de opción?

En el Derecho Tributario nos encontramos tres figuras tributarias que se han acuñado para encuadrar determinadas conductas de los contribuyentes:

  • Simulación.
  • Conflicto en la aplicación de la norma.
  • Economía de opción.

A veces es difícil apreciar las claras diferencias entre estos tres conceptos, sobre todo entre los dos primeros, sus limites pueden resultar imprecisos. Sin embargo en un intento por determinarlas de una forma sencilla, veamos que rasgos determinan una y otra figura jurídica.

Existe no obstante un rasgo común en todas ellas: su objetivo es siempre minimizar la tributación exigida en un determinado negocio, en una situación concreta.
Pues bien, con ese objetivo de tributar en la menor medida posible ante una determinada operación que un sujeto se plantea, es posible que este opte o bien por la realización de una serie de actuaciones que en sí mismas engloban una conducta ilícita, o bien por elegir entre las diversas vías que la ley ofrece al contribuyente, siempre dentro de las más estricta legalidad.
Dentro de la primera opción , aquella que implica una actuación ilícita del sujeto, contra los preceptos de la ley tributaria, encontraríamos: La simulación y El conflicto en la aplicación de la norma (el antiguo “fraude de ley”). Mientras que en el segundo grupo, que recoge solamente actuaciones conforme al derecho tributario, situaremos la llamada economía de opción.

Examinemos cada una de ellas, y con algunos ejemplos confiemos en aclarar conceptos:

1. La simulación. La simulación implica siempre una falsedad, un elemento falso que – ya en términos absolutos ya en términos relativos – se advierte con el ánimo de incumplir las obligaciones fiscales.

Es simulación absoluta si tras la operación no hay nada, mientras que esta es relativa si tras el negocio simulado, hay realmente otro que aquel pretende encubrir.

Un claro ejemplo de la simulación de carácter absoluto sería la emisión de una factura falsa: no hay relación comercial el emisor y el receptor, no ha habido un servicio que sustente el documento expedido. La falsedad es total. Pero el receptor de dicha factura va a poder deducir un IVA soportado que le hará minorar su tributación por este impuesto de manera relevante en función del importe de la falsa cuota soportada. También cabría mencionar el cambio “formal” de domicilio a país extranjero (preferiblemente a un paraíso fiscal o al menos a territorio de menor fiscalidad que la española), para gozar de ventajas fiscales cuando la realidad es la permanencia del sujeto en territorio español más de la mitad del año.

Podríamos citar igualmente como ejemplo de simulación de carácter relativo, la constitución por un particular que realiza una actividad profesional (médico, abogado…), de una sociedad que es la que aparece como prestadora del servicio: esta sociedad facturaría dichos servicios profesionales tipos inferiores, lo que determinaría el fraude. La forma societaria – sin sustrato real ni elementos identitarios – no sería más que el instrumento utilizado para encubrir la actividad real: la realizada por el profesional como persona física.

2. El conflicto en la aplicación de la norma. A diferencia que en el caso anterior, aquí no hay un elemento que pudiéramos calificar de falso.

Anteriormente conocido como “ fraude de ley ” en este supuesto el contribuyente realiza un acto o negocio jurídico perfectamente válido al amparo de la norma llamada ley de cobertura para alcanzar objetivos, que no siendo los propios de esa norma, son además contrarios a otra ley (ley defraudada) o al ordenamiento jurídico.

Se trataría de negocios anómalos una vez analizados y considerados individualmente o en su conjunto, a la vista de sus presupuestos y resultados, negocios sin otra finalidad explicable que la de eludir la aplicación de una norma fiscal más gravosa que la que resulta con aquel.

Ejemplos de esta figura podríamos encontrarlo en la constitución de una sociedad entre dos individuos con aportación dineraria (A) y no dineraria de un inmueble (B). Con posterioridad se procede a la inmediata disolución de la sociedad adjudicando el inmueble a quien ha aportado el dinero (A) Lo que se pretende es eludir la tributación de la operación de compraventa.

3. La economía de opción. Se produce cuando la norma tributaria permite distintas posibilidades (opciones) y deja que el propio contribuyente elija aquella que según su situación particular, según el negocio que pretende realizar le resulte más beneficiosa es decir menos gravosa fiscalmente. Nunca por esta opción podrá ser acusado de actuación ilícita o contraria al derecho.

Encontramos ejemplos claros en todos los casos de posibles opciones que la norma tributaria otorga al contribuyente: así cuando le permite renunciar al régimen de estimación objetiva y optar por el régimen de estimación directa en la determinación de sus rendimientos en el IRPF; otro ejemplo podríamos encontrarlo en la normativa del IVA, cuando se permite al adquirente de un determinado bien inmueble renunciar – si cumple determinados requisitos – a la exención del impuesto: es decir, si renuncia esta transmisión sería gravada por el impuesto sobre el valor añadido y no por el impuesto de transmisiones patrimoniales.

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