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¿Qué es la inviolabilidad penal de Diputados y Senadores?

El artículo 71.1 de la Constitución Española de 1978 establece que “los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”.

¿Qué sentido y alcance tiene esta inviolabilidad parlamentaria?

No se puede explicar concretamente el significado de la inviolabilidad sin mencionar el marco general en el que se encuadra, la jurisdicción penal, entendida como el ámbito o presupuesto para la actuación de los jueces y tribunales del orden penal. Podríamos decir que el concepto de jurisdicción  es el interrogante “¿cuándo intervienen los jueces y tribunales del orden penal?”

La jurisdicción penal se enmarca dentro de límites objetivos (debe tratarse de un asunto penal, y no civil, laboral o administrativo), territoriales (cuya explicación detallada escapa al objeto de este artículo) y subjetivos. La inviolabilidad es precisamente lo que determina ese límite subjetivo, esto es, que a ciertas personas no se les pueda juzgar penalmente. A esto alude la inviolabilidad de la que gozan diputados y senadores en virtud del art. 71.1 CE.

¿Qué es la inviolabilidad penal de Diputados y Senadores?

¿Qué es la inviolabilidad penal de Diputados y Senadores?

Ahora bien, la inviolabilidad se reduce a delitos que los parlamentarios pudieran cometer “por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”. Es importantísimo ser conscientes del fundamento del límite, que es el garantizar al máximo la libertad de expresión del parlamentario, en esa especie de templo de la libertad de expresión que debe ser un Parlamento. El principio nació en Inglaterra como el “freedom of speech” en la Bill of Rights de 1689: “the freedom of speech and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament”.

¿Qué es la inviolabilidad penal de Diputados y Senadores?

Se busca que el parlamentario electo manifieste su opinión con plena libertad. En palabras del Tribunal Constitucional, “el interés a cuyo servicio se encuentra establecida la inviolabilidad es el de la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias (en este sentido, Sentencia de la Corte Constitucional italiana de 27 de marzo de 1975, núm. 81  ), decayendo tal protección cuando los actos hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano (de «político» incluso dice el Tribunal Constitucional), fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como parlamentario” y “se orienta a la preservación de un ámbito cualificado de libertad en la crítica y en la decisión sin el cual el ejercicio de las funciones parlamentarias podría resultar mediatizado y frustrado, por ello, el proceso de libre formación de voluntad del órgano.”

Como prerrogativa parlamentaria que restringe el derecho a la tutela judicial efectiva de otros ciudadanos y el principio de igualdad, “las prerrogativas parlamentarias han de ser interpretadas estrictamente a partir de una comprensión del sentido de la prerrogativa misma y de los fines que ésta procura, esto es, tanto en el sentido lógico de sujeción a los límites objetivos que le impone la Constitución como en el teleológico de razonable proporcionalidad al fin al que responden”.

Así, el Tribunal Supremo resume la doctrina del TC en las siguientes notas:

a) En cuanto a su duración, la prerrogativa de los parlamentarios no decae por la extinción del mandato – lógicamente, puesto que si se pudiera perseguir al exparlamentario, perdería su sentido la inviolabilidad;

b) no ampara cualesquiera actuaciones de los parlamentarios y sí sólo sus declaraciones de juicio o de voluntad;

c) no alcanza sino a la conducta de su titular en tanto que miembro del órgano colegiado, cesando, por lo tanto, cuando el sujeto desplegase ya su conducta -incluso con trascendencia «política»- al margen de las funciones parlamentarias;

d) ha de interpretarse restrictivamente;

e) el ejercicio de funciones lo es exclusivamente en cuanto lleve a cabo el diputado actos parlamentarios, lo expresa así el Tribunal Constitucional: “El Diputado o Senador ejercitaría, pues, sus funciones sólo en la medida en que participase en actos parlamentarios y en el seno de cualesquiera de las articulaciones orgánicas de las Cortes Generales”;

f) que tales actos parlamentarios han de ser realizados en forma regular, pues ha de tenerse en cuenta lo dispuesto por el art. 67.3  de la norma fundamental, de acuerdo con el cual «las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios».

Esta inviolabilidad parlamentaria es la que hace que hechos que en cualquier otra circunstancia podrían ser constitutivos de un delito de apología del terrorismo, por ejemplo, no puedan ser perseguidos si se ajustan al reducido ámbito descrito por el TC.

Vía | Noticias jurídicas – Constitución Española , Poder Judicial – Link Sentencia Tribunal Supremo , Law Yale – Link Bill of Rights 1689

Más información | Congreso de los Diputados – sinopsis art. 71 CE

Imágenes | Cámara de los Comunes , Congreso de los Diputados

En QAH | ¿Somos todos iguales ante la ley? Las exenciones jurisdiccionales (I)

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