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¿Qué es la Expropiación Forzosa?

La regulación moderna de la institución de la expropiación forzosa, tal como hoy la concebimos, arranca de la Revolución Francesa, como todo nuestro Derecho moderno actual y, en concreto, del artículo 17 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Se reconoce, sensu contrario, la expropiación forzosa de todo indirecto como único límite al derecho inviolable y sagrado que era para los franceses la propiedad privada. Este texto revolucionario es muy similar al actual artículo 33.3 CE: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes” que reconoce el derecho de propiedad pero con el límite de la expropiación forzosa, siempre con el cumplimiento de tres requisitos: por causa justificada, indemnización y de acuerdo a las leyes. También esta misma formulación la encontramos en la propia Carta de Derechos fundamentales de la UE en el artículo 17: a cambio de una justa indemnización y en un plazo razonable.

El Derecho de propiedad no es un Derecho reconocido como fundamental por la CE.

El Derecho vigente de la expropiación forzosa lo conforman las siguientes normas, aparte de ese artículo 33.3 CE:

-Legislación preconstitucional, previa a la CE: LEF de 16 de diciembre de 1954.

Reglamento que desarrolla esta ley de 26 de abril de 1957.

Se trata por lo tanto de un poder de la Administración para sacrificar determinadas situaciones patrimoniales de los administrados. Esto se denomina potestad expropiatoria, lo que enlaza con el principio de legalidad, reforzado en esta institución (puesto que la ley debe establecer esta posibilidad en cada caso concreto).

La expropiación forzosa, además de esa potestad de la Administración, también es un sistema de garantías para los administrados que sufren en su patrimonio esa potestad o inmisión. Se denomina garantía patrimonial del administrado. La misma está conformada por los siguientes derechos:

a) el principal elemento que lo compone es la indemnización compensatoria, el llamado justo precio (justiprecio).

b) otro elemento es que la potestad se ejerza dentro de los límites legales (supone que se tiene que seguir un procedimiento expropiatorio y, además, la causa se tiene que prever específicamente en la ley cada caso).

c) y, en tercer lugar, el derecho de reversión (supone la resolución o resolver una expropiación cuando cesa en algún momento la causa que justificó la misma: causa expropiatoria, devolviendo lo expropiado.

Expropiación Forzosa

Por último, en cuanto al procedimiento general, éste está dividido en una seria de fases:

1.- Declaración de la necesidad de ocupación:

Declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros podrán incluirse también entre los bienes de necesaria ocupación los que sean indispensables para previsibles ampliaciones de la obre o finalidad de que se trate.

La Administración expropiante o el beneficiario de la expropiación deberán formular una relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación.

2.-  Determinación del justo precio:

Se tramita en pieza separada, abriéndose un expediente individual a cada uno de los propietarios de los bienes expropiados.

Caben dos posibilidades para su determinación:

a) Por mutuo acuerdo con el propietario en cuyo caso se procede como sigue: Propuesta de la Jefatura del servicio encargado de la expropiación, en la que se concrete el acuerdo a que se ha llegado con el propietario, con remisión de los antecedentes y características que permitan apreciar el valor del bien objeto de la expropiación.

b) Sin mutuo acuerdo: En caso de que en el plazo de quince días no se llegara a tal acuerdo se seguirá el procedimiento siguiente, sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de su tramitación puedan ambas parte llegar a dicho mutuo acuerdo.

3.- Pago y toma de posesión:

Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de seis meses. El pago del precio estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes.

Vía| Respuestas en derecho

Más información|Ley de Expropiación Forzosa

Imagen|Expropiación Forzosa

En QAH|La no posesión pacífica en la LEF

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