Jurídico 


¿Qué es la acción directa del artículo 1597 CC?

4193616854_26c1dd7dcb_zEl artículo 1597 del Código Civil dispone literalmente que los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación.

La jurisprudencia define esta acción como aquella que corresponde al subcontratista frente al dueño de la obra, hasta la cantidad que éste adeude al contratista cuando se hace la reclamación.

En concreto, los requisitos que deben concurrir para que prospere la acción ejercitada son: a) que la obra se haya ejecutado a precio alzado, es decir, por una cifra global fija y no por precios unitarios; b) que exista un suministro de materiales y trabajos que se pueda acreditar de forma fehaciente por quien formula la reclamación; c) que el contratista deba el pago de los materiales o trabajos efectuados a quien realiza la reclamación; d) que el contratista ostente un crédito frente al dueño de la obra en la fecha en que se realiza la reclamación.

Esta acción se ha venido ejercitando de manera muy habitual por subcontratistas de obra cuando su contratista resultaba insolvente, como forma de asegurar el cobro, siempre que su contratista tuviera deudas con el promotor y se cumplieran el resto de los mencionados requisitos. En los últimos años su uso creció tanto como la subcontratación y la crisis inmobiliaria.

Quizás por ello el legislador introdujo ya a finales de 2011 dos importantes limitaciones a su ejercicio que aun hoy, suelen pasar inadvertidas.

La primera, la exclusión legal de esta acción en contratos públicos de obra.

La Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad (que entró en vigor el 3 de noviembre de 2011) modificó algunos aspectos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) mediante su Disposición Final Primera, y en particular, estableció expresamente la prohibición del ejercicio de la acción directa por los subcontratistas que resulta del apartado octavo de la misma.

En concreto, añadía un nuevo apartado 8 al artículo 210 de la LCSP. Este nuevo artículo 210.8 LCSP reza:

«8. Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación también a las Entidades Públicas Empresariales de carácter estatal y a los organismos asimilados dependientes de las restantes Administraciones Públicas.»

Actualmente se corresponde con el artículo 227.8 y 9 del vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Como aclaraba la Exposición de Motivos de la Ley 24/2011 «excluyendo de forma expresa la acción directa del subcontratista frente al órgano de contratación para evitar las dudas suscitadas hasta este momento en la materia y obviar de este modo la posibilidad de que frente a la reclamación del subcontratista la Administración o el ente del sector público actuante tenga que tomar decisiones acerca de la procedencia del pago y de la cuantía del mismo, que corresponden más propiamente a la Jurisdicción ordinaria».

Se puede considerar que esa norma no innovaba, sino que clarificaba la cuestión, pues el artículo 210 apartado 4 de la LCSP, en su redacción original, ya parecía establecer la imposibilidad de ejercicio de esta acción, aunque la jurisprudencia era ciertamente contradictoria, sobre todo la de la jurisdicción civil.

La segunda, la imposibilidad de ejercer esta acción contra una empresa que haya sido declarada en concurso de acreedores.

Era muy habitual emplear esta acción para intentar obviar las limitaciones concursales y obtener un fallo judicial que permitiera el cobro de la totalidad del crédito del subcontratista que la ejercía ante la concursada –siempre hasta el límite de lo que a su vez debiera al contratista de aquél-, aun constante el concurso.

Y como en el caso anterior, si bien ya había jurisprudencia que entendía que con la originaria redacción de la Ley Concursal de 2003 debía decaer la acción del 1597 CC después de la declaración de concurso, existían pronunciamientos contradictorios que permitían simultanear esta acción.

De ahí la modificación legislativa del artículo 50 de la Ley Concursal, operada por la Ley 38/2011 de 10 de octubre y que entró en vigor el 1 de enero de 2012, que introduce un párrafo tercero que aclara que estas acciones no pueden admitirse después de la declaración del concurso:

“Los jueces de primera instancia no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la declaración del concurso hasta su conclusión, en las que se ejercite la acción que se reconoce a los que pusieren su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente contra el dueño de la obra en los términos previstos en el artículo 1.597 del Código Civil. De admitirse, será de aplicación lo dispuesto en el último inciso del primer apartado de este artículo” (es decir, que se deberá archivar).

Añade también esa modificación el artículo 51 bis, apartado segundo:

“Declarado el concurso y hasta su conclusión, quedarán en suspenso los procedimientos iniciados con anterioridad en los que se hubiera ejercitado la acción que se reconoce a los que pusieren su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente contra el dueño de la obra en los términos previstos en el artículo 1.597 del Código Civil.”

No plantea pocas dudas este párrafo pues se admite, tras el concurso, resucitar la acción directa ejercida antes de su declaración y que quedará suspendida mientras.

En definitiva, lo que está claro es que hace ya tiempo que ni en contratos públicos se puede ejercer la acción civil del 1597 CC ni hacerlo contra empresas que ya hayan sido declaradas en concurso. A pesar de ello, nos encontramos habitualmente con que no siempre se conocen estas prohibiciones.

Via| Javier Lusarreta

Imagen| Imagen

RELACIONADOS