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¿Qué es el Tribunal de Cuentas?

El Tribunal de Cuentas es un Órgano Constitucional del Estado, previsto en el artículo 136 de la Constitución Española, que establece que “El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.”. Con gran tradición histórica en nuestro país, La Constitución 1978 , respeta y conserva la tradición histórica del Tribunal y le da el nombre de Tribunal de Cuentas.

El régimen del Tribunal de Cuentas se rige, además de por la Constitución, por la Ley Organiza 2/1983 y 7/1988, que cumpliendo el mandato constitucional del art. 136.1  la configuran como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público en general. El art. 136 CE, por su parte, establece claramente que  “las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por este”.

El Tribunal de Cuentas ejerce dos funciones: la fiscalizadora y la jurisdiccional.

La primera función, la fiscalizadora , que se caracteriza por ser externa, permanente y consuntiva, consiste en comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía y su destinatario natural son las Cortes Generales o en su ámbito, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Las actuaciones fiscalizadoras del Tribunal están determinadas por los objetivos que se pretenden cubrir en la verificación de los principios mencionados. En función de dichos objetivos, pueden diferenciarse la fiscalización de cumplimiento, la fiscalización financiera, la fiscalización de los sistemas y procedimientos y la fiscalización operativa. La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas comprende, por tanto, sintetizando la anterior clasificación, el control de regularidad y el control operativo.

El Tribunal de Cuentas ejerce por tanto el control externo en su ámbito como órgano técnico, y las Cortes o los Parlamentos autonómicos, con apoyo en los resultados que dimanan de dicho control fiscalizador, despliegan el control político o parlamentario.

La función jurisdiccional es enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos, y tiene por objeto lograr la indemnidad de los fondos públicos perjudicados, por malversación, por incorrecta, incompleta o nula justificación, o por otras causas o conductas.

Este enjuiciamiento contable es una actividad de naturaleza jurisdiccional consistente en juzgar y ejecutar lo juzgado en materia contable. Consiste en aplicar la norma jurídica al acto contable, emitiendo un juicio sobre su adecuación a ella declarando, en consecuencia, si existe o no responsabilidad del gestor de fondos públicos, absolviéndole o condenándole y en esta última, ejecutando coactivamente su decisión.

Esas funciones, que se distinguen con absoluta claridad en la mencionada legislación sitúan al Tribunal de Cuentas en la órbita del Poder Legislativo con dependencia directa de las Cortes Generales por así establecerlo el art. 136.1 CE y sus doce miembros, llamados “Consejeros de Cuentas”, de los cuales seis son designados por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, gozan de las mismas garantías de independencia, inamovilidad e incompatibilidades que los jueces.

Vía| Web del Tribunal de Cuentas

Imagen| Web del Tribunal de Cuentas

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