Derecho Internacional, Jurídico 


¿Qué es el Proceso Monitorio Europeo?

El proceso monitorio europeo es un procedimiento judicial que se ha establecido para el cobro de deudas transfronterizas entre partes contratantes que se situan en uno u otro de los países de la UE que se han adherido al mismo (todos menos Dianmarca).

Se regula por el Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, y aún cuando es directamente aplicable sin trasposición a la normativa propia de cada país, la Ley 4/2011 lo introduce en la Disposición Final 23ª en la Ley de Enjuiciamiento Civil con la finalidad de facilitar la aplicación en España del mismo.

Se excluye su aplicación a los procedimientos concursales, de familia y sucesiones, de Seguridad Social y de actos procedentes de la soberanía estatal, y de créditos extracontractuales.

Los rasgos fundamentales de este proceso son los siguientes:

a) El PME no es incompatible con otros procedimientos judiciales, por lo que puede recurrirse a la reclamación en el país de destino a través del procedimiento correspondiente en dicho país.

b) La reclamación se hace a través de un impreso normalizado, con las siguientes ventajas sobre el procedimiento en el país de destino:

  • Se tramita ante el Juzgado de 1ª Instancia del país de origen.
  • No precisa la intervención de profesionales jurídicos

c) El demandante deberá aportar información justificativa sobre la deuda a fin de que el demandado pueda decidir si se opone o no al pago.

d) El juzgado del país de origen controlará la sujeción a derecho de la solicitud. Tanto la solicitud de rectificación, la denegación de la solicitud y el requerimiento al deudor se harán a través de impresos normalizados.

e) Es fundamental que el requerimiento se haga en el domicilio del demandado, no siendo validos los requerimientos mediante edictos.

f) El requerimiento al demandado se hará por un juzgado del país de destino, comunicándole que puede:

  • Pagar en la cuenta corriente indicada.
  • Formular oposición al pago en el plazo de 30 días en el Juzgado del país de origen.

g) En el caso de que formule oposición se tramitará como un juicio ordinario en el país de origen, salvo que el demandante en su requerimiento solicite que en tal caso se ponga fin al procedimiento.

h) En el caso de que no pague ni conteste oponiéndose se entenderá que está conforme con la deuda. En tal caso el requerimiento de pago tendrá fuerza ejecutiva sin necesidad de iniciar un procedimiento de reconocimiento de resolución judicial extranjera, es decir, que se podrá en base al mismo solicitar el embargo de bienes del deudor demandado tanto en el país de destino como en cualquier otro estado miembro.

Vía Portal Europeo de Justicia

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