Jurídico 


¿Qué es el principio de legalidad?

Siempre se ha de juzgar, legislar y castigar conforme a derecho, ¿por qué?

El Derecho Penal surgió como respuesta a la arbitrariedad propia de las sociedades antiguas a la hora de impartir penas. En estas sociedades, quien ostentaba el ius puniendi o derecho a castigar imponía su criterio sin estar sometido a ley alguna. Estas prácticas propias de sociedades primitivas se mantuvieron hasta que el pueblo, cansado de la inseguridad jurídica, se alzó contra el absolutismo en la  Revolución Francesa (1789). Con este movimiento la soberanía nacional pasaba a manos del pueblo dejando de estar sometido a los caprichos del más fuerte.

Es a partir de este momento cuando surge la idea del Estado de Derecho mediante el cual se establecen una serie de garantías a los ciudadanos. Estas garantías empiezan por limitar el criterio del mandante que, a partir de ahora, no podrá impartir un castigo no contemplado por ley.

Este principio que quedará recogido en los códigos penales, somete por igual a mandados y mandantes. Solo de esta manera los ciudadanos pueden conocer qué conductas están castigadas para evitar los abusos de aquel que ostenta el ius puniendi ahora limitado por la ley. En el ordenamiento jurídico español encontramos varias alusiones al mismo, no solo en el ámbito penal sino también en la Constitución Española cuando en el artículo 9, perteneciente al título preliminar, garantiza el principio de legalidad.

¿En qué consisten exactamente esas garantías? Se trata de llegar a la consecución de un derecho penal objetivo, o lo que es lo mismo, a un derecho penal sometido al imperio de la ley, a través de 4 vías:

  • Garantía criminal: en virtud de la cual solo estarán prohibidos aquellos comportamientos que la ley contemple, no hay delito sin ley.
  • Garantía penal: la consecuencia jurídica del delito consistirá en una pena contemplada también por ley.
  • Garantía jurisdiccional: la imposición de las penas que castiguen estos delitos solo se podrá realizar a través de un proceso estrictamente reglado por medio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
  • Garantía de ejecución de penas: una vez se haya obtenido una sentencia, esta deberá ejecutarse conforme a las normas penitenciarias.
#JurídicoQAH

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Se puede observar que el principio de legalidad está presente desde que se formula la ley hasta que se ejecutan las penas, solo de esta forma se llega a la consecución de un verdadero Estado de Derecho.

¿Se respeta el principio de legalidad? “Sí, pero…” Esta respuesta que para gran parte de la doctrina se equipara a un rotundo “No” tiene su razón de ser en que, a lo largo del código penal encontramos algunas figuras de dudosa compatibilidad con el principio de legalidad.

Los tipos penales incompletos suponen una amenaza para la consecución del principio. El derecho penal tipifica una conducta delictiva en dos fases, en la primera describe el comportamiento prohibido y en la segunda establece la pena que se debe aplicar. En algunos casos el comportamiento prohibido se encuentra regulado en una norma externa al código penal, lo que se conoce como derecho penal en blanco. Supone una vulneración porque la Constitución establece que las normas penales solo pueden estar reguladas por una Ley Orgánica y, algunos tipos penales remiten a leyes de rango inferior a las LO para describir sus presupuestos.

Además del derecho penal en blanco encontramos otra vulneración: la analogía. A pesar de estar prohibida expresamente por el art 4.1 del código penal «Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellasse hace uso de la misma en algunos artículos del mismo. Ahora bien, no toda analogía supone una vulneración en mismo grado de las garantías protegidas por el principio de legalidad.

Cuando la analogía implica una interpretación favorable para el reo se trata de analogía «in bonam parte» característica en las políticas criminales garantistas. Sin embargo cuando la interpretación análoga resulta desfavorable se da la analogía «in malam parte» propia de políticas criminales más defensitas –pro estado-. En cualquier caso la aplicación analógica crea inseguridad jurídica vulnerando así el principio del que venimos hablando.

La tercera y última vulneración aparece con los tipos penales abiertos. En estos tipos penales el presupuesto es demasiado amplio, abarcando demasiados comportamientos  sin llegar a concretar. Suelen llevar aparejada la fórmula sintáctica «El que por cualquier medio o procedimiento» característica de las leyes penales poco garantes.

En definitiva, para erradicar la inseguridad jurídica en materia penal se han de respetar las garantías mencionadas. El Estado de Derecho es una de las máximas del Ordenamiento Jurídico Español y no se puede conseguir sin respetar el principio de legalidad.

Vía| Orts Berenguer, E. Compedio de derecho penal, Tirant lo Blanch

Imagen|NAACP

En QAH|Problemática de la prisión permanente revisable

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