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¿Qué es el daño desproporcionado?

La doctrina del daño desproporcionado tiene utilidad especialmente en el ámbito del Derecho Sanitario. Corresponde con la doctrina anglosajona “res ipsa loquitur” (“la cosa habla por sí misma”) y se aplica en los casos en los que, tras una intervención o tratamiento, se produce un resultado anormal y desligado de los riesgos inherentes a la intervención en cuestión.
Los tres elementos que deben intervenir son los siguientes:
– Una situación inicial intrascendente, normalmente no grave.
– Un resultado de gran entidad.
– Falta de acreditación de las razones de dicho resultado.
Así, el daño se considera desproporcionado cuando no corresponde con las complicaciones previsibles y definidas previamente. Un ejemplo bastante representativo es el de la STS 3412/2007 de 23 de mayo, donde el paciente llegó al centro sanitario el 12 de julio con una desviación del tabique nasal, y acabó falleciendo el 29 del mismo mes debido a una hipoxia (escasa oxigenación) tras la intervención, la cual según los facultativos había sido “finalizada con éxito”.

Esta teoría da lugar a una presunción de culpa desfavorable para el profesional médico demandado, una inversión de la carga de la prueba. A éste le corresponde tratar de dar una explicación razonable de qué fue lo que falló y lo que causó el daño.
Existen tres límites a la doctrina que suponen su no aplicabilidad:
– Que la intervención sea delicada, no rutinaria.
– Que se prevea el resultado o se conociera la causa de la lesión producida.
– Que los médicos intervinientes den una explicación coherente.
FOTOdañodespropA estos límites debemos añadir aquellos riesgos típicos que el paciente conocía y asumió, así como ciertos actos médicos que son por sí mismos generadores de riesgo para la vida e integridad física y mental del paciente, como pueden ser los actos anestésicos (STS 4716/2010 de 22 de diciembre).
La aplicación de esta doctrina debe ser constatada por el juez una vez conocidos los hechos. Recientemente, sin embargo, se están dando casos en los que se prescinde de la mención del daño desproporcionado y simplemente se habla de una inversión de la carga de la prueba basada en el principio de “facilidad probatoria”. Este principio se encuentra establecido en el artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y consiste en el deber del juez de tener en cuenta la disponibilidad y facilidad probatoria de las partes y actuar conforme a ello.
En un caso de responsabilidad sanitaria, la parte con más acceso a las pruebas (fundamentalmente a la historia clínica) es la Administración Sanitaria, por lo que es muy frecuente que se dé esta inversión de la carga. Aun así, el demandante sigue siendo el encargado de probar que existió un daño, y que este daño es real, cierto, efectivo y desproporcionado. Por esto último y por la posibilidad del médico de exonerarse de responsabilidad, decimos que no se trata (o no debe tratarse) de un sistema absoluto de responsabilidad objetiva.

Más información | Dialnet El Daño Desproporcionado, LexSanitaria

Imagen | NegligenciaMédica

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