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¿Qué es el aforamiento?

El aforamiento es “un fuero especial jurisdiccional que tienen los diputados de las cámaras, que implica que las causas que se puedan seguir contra ellos sólo las pueda conocer un tribunal concreto. El Superior de Justicia para los diputados autonómicos o el Supremo para los estatales”.

Las llamadas inmunidades suponen excepciones al principio de igualdad de todas las personas ante la Ley, fundamentadas no en razones de privilegio, sino en la función que ciertas personas desempeñan en la Sociedad, la cual necesita que, en determinadas circunstancias, el Estado renuncie a hacer efectivo su derecho a exigir la imposición de una pena (ius puniendi). Si bien, esto no está exento de críticas puesto que puede generar un abuso de tales prerrogativas que llevan a cuestionar la pervivencia del Estado Social, Democrático y de Derecho.

El artículo 71 de la Constitución Española dispone:

  1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
  2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
  3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (…)

Además, los Estatutos Autonómicos determinan también el aforamiento de los diputados del parlamento, que deben ser juzgados directamente en el Tribunal Superior de Justicia de la autonomía correspondiente.

Algunos Estatutos de las Comunidades Autónomas, que conceden a los miembros de sus respectivos parlamentos una inviolabilidad semejante a la que la Constitución otorga a los miembros de las Cortes Generales, no han previsto con igual extensión la inmunidad, la cual se extiende a la imposibilidad de detener (o retener) a sus parlamentarios, salvo caso de flagrante delito, pero no alcanza a la exigencia de autorización de la Cámara para inculpar o procesar al Parlamentario.

La inviolabilidad e inmunidad parlamentaria son dos prerrogativas que, teniendo distinto contenido y finalidad específica, encuentran su fundamento en el objetivo común de garantizar la libertad e independencia de la institución parlamentaria, y en tal sentido son complementarias. Dichos privilegios no son derechos personales, sino derechos reflejos de los que goza el parlamentario en su condición de tal. Sólo consienten una interpretación estricta, tanto en el sentido lógico de sujeción a los límites objetivos que les impone la Constitución, como en el teológico de razonable proporcionalidad al fin que responden.

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La inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales aquéllas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de cualquiera de las actuaciones de las Cortes Generales o, por excepción, en actos parlamentarios exteriores a la vida de las Cámaras, siendo finalidad específica del privilegio asegurar, a través de la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre formación de la voluntad del órgano legislativo al que pertenezcan.

Por su parte, la inmunidad, es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento.

Vía| Sentencia nº9/1990 de Tribunal Constitucional, Pleno, 18 de enero de 1990

Imagen|El aforamiento

En QAH|¿Qué es un aforado?

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