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¿Qué dice la sentencia de despido de Bárcenas?

Bárcenas – Foto de elmundo.es

Con fecha diecisiete de julio de dos mil catorce el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid ha dictado la sentencia 303/2014. En ella se desestima la demanda por despido presentada por D. Luis Bárcenas Gutiérrez contra el Partido Popular, en la que solicitaba que se declarase la improcedencia del mismo.

En la sentencia ha quedado probado que Bárcenas ingresó como trabajador en el PP en fecha 02/03/1982, poco después, concretamente a los cinco años, sucede un hecho curioso: Bárcenas es despedido por faltar tres días al trabajo, en posterior y preceptivo acto de conciliación, ambas partes, PP y Bárcenas, reconocen la improcedencia del despido y pactan una indemnización de 4 millones de pesetas. Tras esto, Bárcenas, como cualquier otro trabajador despedido cobra la prestación por desempleo durante aproximadamente año y medio, no sé si agotada o no, Bárcenas, por designios inexplicables del mercado laboral vuelve a ser contratado por el PP, concretamente en fecha de 01/02/1989.

Desde 1999 hasta 2008 Bárcenas ocupa el puesto de Gerente del PP, mediante poderes otorgados por D. Francisco Javier Arenas Bocanegra y D. Ángel Acebes Paniagua. A partir de 2008 se le otorga, por D. Álvaro de La Puerta Quintero, en representación del PP, los poderes inherentes a la función de tesorero. Estos poderes son renovados pocos meses después por Dña. María Dolores de Cospedal, y revocados por ella misma un año después. Finalmente en 2010 a Bárcenas se le revocan la totalidad de los poderes conferidos.

En el iter entre gerencia y tesorería, concretamente el 5 de abril de 2004, Bárcenas solicita la excedencia forzosa, en aplicación del art. 46.1 ET por su elección como senador. La excedencia forzosa (art. 45.1 k) ET) por elección de cargo público es una causa de incompatibilidad material con el trabajo con derecho a la conservación del puesto que suspende el contrato exonerando de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo. Habría que preguntarse entonces cómo es posible que de 2004 a 2010 Bárcenas fuera primero gerente y luego tesorero del PP mientras su relación laboral estaba en suspenso por la excedencia. Además de ser incompatible el mandato de senador con el trabajo por cuenta propia o ajena (art. 157 Ley 5/1985).

El 16/04/2010 Bárcenas vuelve a ser dado de alta por el PP en el Régimen General de la Seguridad Social, tres días antes de que renunciara a su acta de senador. Desde entonces, y hasta el día 31/01/2013, que es dado de baja, Bárcenas utiliza la sede del PP en la Calle Génova 13 de Madrid, se pone a su disposición un Audi con chófer, así como servicio de informática, servicio de secretaria, y servicio de personal que acudía a su domicilio cuando era requerido. Durante este tiempo Bárcenas recibe una retribución mensual, que sumada durante esos tres años da la cantidad bruta (en todos sus sentidos) de 719.502,99 € (!!!). Todo ello con la correspondiente retención en el IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social.

Este último es el periodo controvertido. Bárcenas alega que durante el mismo fue asesor con carácter retribuido del PP, y que por tanto, la baja de la Seguridad Social en enero de 2013 constituye un despido tácito. En cambio, el PP, alega que Bárcenas no trabajó durante todo ese tiempo para ellos, que las retribuciones recibidas durante todos esos meses corresponden a una indemnización en diferido que ambas partes pactaron para la extinción del contrato por mutuo acuerdo (art. 49.1.a) ET). Hay que aclarar en este punto, que, pese a las desastrosas explicaciones que dio Cospedal en su día, pactar una indemnización a plazos con la extinción de un contrato de trabajo es perfectamente legal. Lo que evidentemente no lo es tanto, es que el trabajador siga aparentemente prestando servicios para el empresario y de alta en la Seguridad Social, cuando su contrato en teoría se ha extinguido.

Aclaradas ambas posturas en la sentencia, la magistrada decide no darle la razón a ninguna de las partes. Primero, y dando respuesta a la cuestión procesal previa planteada por el PP, en la que solicitaba que se desestimara la demanda por falta de acción, debido a que el pacto de la famosa indemnización diferida había extinguido el contrato, argumenta que del mismo no ha quedado probada su existencia, ya que ni se documentó por escrito, ni los que suscribieron el pacto junto con Bárcenas, la Sra. María Dolores de Cospedal y el Sr. Mariano Rajoy Brey, han sido propuestos como testigos al efecto de corroborarlo, y que por tanto, la extinción por mutuo acuerdo no queda acreditada.

En segundo lugar, tampoco acepta que la baja en la Seguridad Social haya supuesto un despido tácito, pues no reconoce que se reanudara la relación laboral que desde 2004 estaba en suspenso. Uno porque no queda probado que Bárcenas solicitara su reincorporación (hecho que el PP niega), y dos porque la magistrada considera que en la relación que se da entre ambas partes durante ese periodo falta, no ya los requisitos característicos de una relación laboral por cuenta ajena (ajenidad y dependencia ex art. 1 ET), sino su presupuesto principal: la prestación de servicios. Pues parece que la actividad de asesor que realizaba Bárcenas estaba totalmente vacía de contenido, o en términos de derechos de los trabajadores: de ocupación efectiva (art. 4.2 a) ET). Siendo que la documental aportada por Bárcenas (correos electrónicos) no prueba desarrollo de trabajo alguno sino gestiones propias y privadas, tales como reservas de hoteles, trenes, abono de cantidades pendientes de un TT Roadster, un A4 y un Q7, etc.

Ambas argumentaciones son bastante discutibles, pero la magistrada apunta a que las partes pueden haber simulado un contrato de trabajo, cuya alta formal debiera considerarse indebida y su simulación laboral sancionable administrativamente ex. art. 23.e) LISOS, por ello notifica la sentencia a Inspección de Trabajo entre otros, considerando que esta tiene interés legitimo en conocerla, supongo que para iniciar las correspondientes actuaciones. Se desentiende totalmente de dar respuesta a qué son los 719.502,99 euros que recibe de manera mensual durante tres años, ya que como bien señala el compañero @javiestb no lo considera salario y por lo tanto no es trascendente para el fallo.

En conclusión, ¿significa todo esto, como se está comentando, que Bárcenas se encuentra actualmente en situación de excedencia forzosa y por tanto en disposición de solicitar su reincorporación?. La respuesta es que no, y se encuentra en lo preceptuado en los arts. 46.1 y 48.3 del ET, en los que al regular los efectos de la suspensión del contrato de trabajo con reserva de puesto (cargo público), impone al trabajador la obligación de reincorporarse en “el plazo máximo de treinta días naturales a partir de la cesación del servicio o función”, imponiéndole a su vez el art. 46.1 ET la obligación de solicitar el reingreso dentro del mes siguiente al cese en el cargo público, con la consecuente obligación del empresario de readmitirle en todo caso.

No ha quedado probado que Bárcenas solicitara el reingreso tras su renuncia al mandato de senador, y por tanto la acción de reingreso «decae en el mismo por su no ejercicio en tiempo hábil» (STS 7-3-1990). Lo que significa que actualmente, en base a la antigua excedencia forzosa no puede reclamar la restitución en su puesto de trabajo de origen (ver STSJG núm. 1796/2010 de 5 abril).

Más Información | Sentencia 

Imagen | El Mundo

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