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Pujol y el secreto bancario

En las últimas semanas hemos asistido a un nuevo, mediático y presunto caso de corrupción, así como de ya confeso delito fiscal, cuya cuantía podría superar los mil millones de euros, y que se centra en la familia Pujol-Ferrusola.

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Según hemos leído en la prensa, la pista clave que llevó a destapar gran parte del caso a los agentes policiales fue información proporcionada por el empleado de un Banco de Andorra, dónde la familia Pujol mantenía cuentas, depósitos y activos cuyo origen podría ser delictivo, y que en cualquier caso no habían sido nunca objeto de declaración ante la Hacienda española. Esta información bancaria permitió a los investigadores tirar del hilo, y desenredar una trama que ahora se revela de mayor envergadura.

Al margen de valoraciones morales, cabría preguntarse ¿es lícito que un empleado del Banco revele a la Policía las posiciones bancarias de uno de sus clientes? ¿Cómo funciona el secreto bancario en España? ¿Y en Andorra?.

Pues bien, hay que decir en primer lugar que el secreto bancario en España viene regulado en la Disposición Adicional 17ª de la Ley de 22 noviembre 2002 de Reforma del Sistema Financiero. Anteriormente, el deber de secreto bancario se reguló por lo establecido en el art. 1.248 del Código Civil sobre la fuerza de la prueba testifical y documental, hasta su derogación por la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2.000.

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Pujol y el secreto bancario

La legislación hoy en vigor, que se resume en la Disposición antes indicada, establece un deber para las entidades financieras de guardar secreto sobre las posiciones, saldos, transacciones y operaciones de sus clientes. Así, en España no debe un Banco, ni tampoco un empleado del mismo, revelar la información financiera de su cliente, a ningún particular, ni tampoco a ninguna Administración (ni siquiera la Tributaria). Sin embargo, en el marco de una investigación judicial, sí podrá el Juez de Instrucción decretar Auto fundamentado para requerir las posiciones bancarias de un procesado. Pero en el caso Pujol, y por lo que sabemos, no existía ningún Auto judicial (exhorto-rogatoria), sino que la información se obtuvo en el marco de la investigación policial. Cabría cuestionarse la validez de la prueba, aunque Jordi Pujol ya ha confesado el delito fiscal.

Y en Andorra ¿cómo funciona el secreto bancario? Este país es considerado un paraíso fiscal, no por dar un tratamiento fiscal especialmente ventajoso a los “no residentes” que se domicilien en esta nación, sino porque directamente no existen allí impuestos directos sobre residentes o no residentes, ya sean personas físicas o jurídicas. Probablemente por ello el sector financiero de este pequeño país tiene un peso del 16 % en su PIB. Y también en Andorra existe el secreto bancario, como resultará fácil entender a la luz de lo ya expuesto. Regulado allí por la Llei 10/2008 del Principat D’Andorra que viene a establecer un régimen de secreto bancario parecido al ya indicado para España, y con gran arraigo en la práctica mercantil entre sus entidades. El empleado por tanto erró en su actuación, al saltarse dicho secreto.

Solo cabe la revelación de datos en el marco de una investigación judicial, y bajo el correspondiente exhorto internacional (que desde España ya ha enviado el Juez Ruz y contestado la Juez competente del Principat).

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