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¿Pueden los políticos disponer de mis derechos fundamentales?

¿protege el Derecho español los derechos fundamentales?

¿Cómo protege el Derecho español los derechos fundamentales?

Hoy en día, oímos frecuentemente que nuestros derechos fundamentales  van a verse afectados, que algo va a cambiar dado  el contexto político social actual, y no dejan de aparecer noticias donde se repite esta cuestión. Pero, ¿es tan fácil disponer de los derechos fundamentales? ¿Qué impedimentos tienen los políticos a la hora de ejercer la actividad normativa? En este artículo vamos a repasar los preceptos constitucionales básicos.

Los Derechos fundamentales, que  se recogen en la Constitución en los artículos 15 a 29, tienen un régimen de protección rígido. A la hora de legislar, encontramos el primer trámite relevante: es necesario que la norma se apruebe por Ley Orgánica, lo cual implica necesariamente la votación de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados sobre el conjunto del proyecto. El espíritu de la Constitución busca el consenso de la mayor parte de los parlamentarios. Además, el Gobierno no podrá hacer uso del Decreto ley en materia de derechos fundamentales  ni tampoco podrán las Cortes autorizar su regulación por los mecanismos de la delegación legislativa (artículos 86 y 82 CE).

Pero no podemos quedarnos en el aspecto formal: nuestra norma suprema prevé en el art. 53.1 que se debe respetar el contenido esencial de los mismos. Este concepto, que ha dado lugar a una gran discusión doctrinal, se toma de la Ley Fundamental Alemana, y viene a señalar que todo derecho fundamental tiene un núcleo del que el legislador no puede disponer, ya que, según ha reflejado nuestro Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, en su célebre sentencia 11/81, un derecho fundamental en sí no puede quedar desvirtuado por la norma. Hay quienes, como Pablo Pérez Tremps, catedrático de Derecho Constitucional,  apuntan a que esta previsión se debió al constitucionalismo decimonónico español, en el que el legislador disponía de estos derechos, de modo que la previsión en la Constitución se tomaba como un mandato a aquel, que daría contenido a los principios constitucionales.

Los límites constitucionales son aún más amplios: así, si se quiere modificar lo relativo a los derechos fundamentales, hay que acudir al procedimiento de reforma constitucional agravado previsto en el art. 168: aprobación de la iniciativa por mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de ambas, ratificación por los nuevos parlamentarios de la decisión de sus predecesores  y el estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de cada Cámara. Además, el nuevo texto constitucional debería ser sometido a referéndum popular para quedar totalmente ratificado.

¿Qué ocurre si aún así se vulneran nuestros derechos fundamentales? La Constitución prevé que se pueda controlar la constitucionalidad de la norma por medio del recurso de inconstitucionalidad (art. 161.1.a conjuntamente con el 162 CE) y de la cuestión de constitucionalidad (art. 163 CE) de los que conocerá el Tribunal Constitucional, en cuyo fallo se incluirá un pronunciamiento indicando si se ha producido la vulneración y la posible nulidad de lo impugnado, como prevé el art. 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El papel del Tribunal Constitucional no queda reducido a estos aspectos, igualmente se podrá llevar a cabo el control de la constitucionalidad de una vulneración particular de los derechos fundamentales por medio de la interposición del correspondiente recurso de amparo previsto en el art. 161.1. b de la Constitución.

Como vemos, nuestro Derecho tiene mecanismos básicos de protección de los derechos fundamentales, que se han incluido en la Constitución, para hacer poco disponible su realidad a los poderes públicos, más allá de su protección.

Vía | Constitución española

Imagen| Vince’s Affairs

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