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¿Puede una persona jurídica solicitar la nulidad de una cláusula suelo?

Mayo de 2013 supuso un hito en en la defensa de los consumidores y usuarios pues el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas suelo de varios contratos de préstamo hipotecario suscritos por varias personas físicas aunque la acción de cesación fue ejercida por Ausbanc. Para ello se basó el Alto Tribunal en un criterio de doble filtro, en el que además de cumplir con los requisitos para su inclusión de acuerdo con la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, se debe cumplir con unos deberes de transparencia impuestos por la Directiva 93/13/CEE y el Texto Refundido de la Ley General para Defensa de los Consumidores y Usuarios.

¿Puede una persona jurídica declarar nula la cláusula suelo de su hipoteca?

¿Puede una persona jurídica declarar nula la cláusula suelo de su hipoteca?

Si bien tenemos claro que las personas físicas gozan de toda la protección aludida por la precitada sentencia, ¿Qué ocurre con las personas jurídicas? ¿Están legitimadas las sociedades mercantiles para interponer demanda de declaración de nulidad de cláusula suelo? ¿Se les extiende los controles determinados por la STS 241/2013 para los consumidores?

Efectivamente, una sociedad mercantil de acuerdo con la Disposición Adicional 4ª de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC),  puede ejercitar la acción de declaración de nulidad siempre y cuando tenga la condición de adherente, sea consumidor o no. Sin embargo, tradicionalmente solo se le extendía a las personas jurídicas las protecciones derivadas de la LCGC y no las recogidas en el Texto Refundido de la Ley General para Defensa de los Consumidores y usuarios, por lo que dichas empresas recurrían a otras causas como vicios en el consentimiento, aunque con escaso éxito.

Fue el 21 de marzo de 2014 cuando la Audiencia Provincial de Huelva resolvió un caso de cláusula suelo suscrito por una sociedad limitada determinando la nulidad de dicho precepto, el mandato de inaplicarlo en el futuro y la devolución de las cantidades cobradas de más, de acuerdo con el art. 1.303 CC (quod nullum est nullum producit effectum). De este modo extiende las protecciones que la famosa Sentencia del Supremo aplicó a las personas físicas para las personas jurídicas, considerándolas consumidores. Así lo afirma la misma: “Una sociedad mercantil como la actora puede ser considerada consumidor si actúa para financiar su empresa aunque tenga su empresa otros fines u objeto social“.

Por tanto será consumidor la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a su actividad empresarial.

Es también curioso como la sentencia aprecia la falta de transparencia en el hecho de que la empresa vaya a negociar y a pactar con el banco que se le empeoren las condiciones financieras a aplicar al total del importe de sus hipotecas, que ascendía a 1.800.000 euros en esa época, por firmar dos ampliaciones, como refinanciación, de sólo 37.000 euros cada una. Considera totalmente ilógico ese negocio pues, en todo caso, esas condiciones más desfavorables se aplicarían con más normalidad al importe de la refinanciación, no para todo el capital de los préstamos.

Abierto tímidamente el camino para que las personas jurídicas reclamen la nulidad de las cláusulas suelo y el dinero en exceso cobrado por parte de las las entidades bancarias, habrá que esperar a que se pronuncien los juzgados y audiencias provinciales para asegurar el criterio, en mi opinión acertado, que sigue la Audiencia Provincial de Huelva.

Vía| Noticias Jurídicas, Moreana 

Más información| Ausbanc

Imagen| Cláusula suelo

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