Derecho Mercantil, Jurídico 


¿Puede el laudo arbitral que declara la nulidad de acuerdos ser inscrito en el Registro Mercantil?

La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (en adelante, “LA”) regula en su artículo 11 ter, la obligación de inscripción en el Registro Mercantil del laudo arbitral que declare la nulidad de un acuerdo societario impugnado mediante procedimiento arbitral e inscribible en el Registro Mercantil.

El artículo 11 ter de la LA, incluido mediante la aprobación de la Ley 11/2011, traslada de manera casi literal lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley de Sociedades de Capital para las sentencias estimatorias de la impugnación, queriendo equiparar así laudo con sentencia y siendo una muestra más del empeño del legislador en potenciar el férreo principio de “equivalencia jurisdiccional” del laudo arbitral.

La obligación de inscripción en el Registro Mercantil del laudo que anula un acuerdo social se fundamenta en la búsqueda de protección de los terceros, la ineludible publicidad registral y la salvaguarda del tracto sucesivo. A priori resulta claro el artículo pero es necesario tratar algunos interrogantes sobre el mismo.

¿Tiene el laudo que declarar la nulidad o la anulabilidad del acuerdo social impugnado?

Pese a que el precitado artículo mencione solo la “nulidad” en su primer apartado, en la rúbrica del precepto se refiere a “anulación”, así pues, realizándose una interpretación integradora de lo dispuesto en la ley, deben entenderse ambos conceptos incluidos en referencia a los acuerdos impugnables.

¿Qué acuerdos son “inscribibles”?

Por inscribibles han de entenderse los enumerados en el artículo 22. 2 del Código de Comercio, estos son: “El acto constitutivo y sus modificaciones, la rescisión, disolución, reactivación, transformación, fusión o escisión de la entidad, la creación de sucursales, el nombramiento y cese de administradores, liquidadores y auditores, los poderes generales, la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones cuando la entidad inscrita pudiera emitirlos de conformidad con la ley, y cualesquiera otras circunstancias que determinen las Leyes o el Reglamento”, así como los que se contemplan los arts. 2.a) y 81.2 del Reglamento del registro Mercantil.

¿Es necesaria la protocolización del laudo?

Nada se dice en el artículo 11 ter de la LA y no es cuestión olvidada. Recordemos que la protocolización es el acto por el cual un notario incorpora documentos y actas que autoriza (en este caso nuestro laudo arbitral que anula los acuerdos sociales) a un “protocolo notarial”, una serie ordenada de escrituras matrices dotadas de formalidades específicas determinadas por la ley, con el efecto de dar Arbitrajeconstancia ante terceros sobre la respectiva identidad y existencia del laudo.

Tal y como apunta Manuel Olivencia, en el Informe de la “Comisión de Estudios e Informes del Consejo General Judicial” sobre el Anteproyecto de la Ley de Reforma se sugería la protocolización del laudo, siendo finalmente omitida de manera intencional referencia alguna al requisito de la protocolización.

La no obligación de protocolización constituye una excepción al principio registral de titulación pública (ex artículo 18.1 del CCo y 5 del RRM); con lo que el laudo tendría, como documento privado, acceso directo al Registro Mercantil sin necesidad de protocolización alguna (pese a las reticencias por parte de algunos Registradores en la práctica).

¿Quiebra esa inscripción en el Registro Mercantil el principio de confidencialidad, baluarte del arbitraje?

La confidencialidad constituye fortaleza esencial y máxima expresión de la naturaleza privada del arbitraje. No hay duda que la inscripción en el Registro Mercantil del laudo que anula el acuerdo social (recordemos, en el sentido amplio de la palabra) fractura el principio de confidencialidad, no obstante, esta excepción es realizada en favor de la necesaria publicidad registral, la seguridad jurídica y la protección de los terceros con interés legítimo.

Sin duda alguna, el artículo 11 ter de la LA debe traducirse como un claro intento del legislador por incentivar el arbitraje societario y rebajar el colapso de Juzgados y Tribunales.

Vía| Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje|Anulación por laudo de acuerdos societarios inscribibles
Imagen|arbitraje

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