Jurídico 


¿Puede el Estado endeudarse sin límite?

Montoro

Los PGE determinan la política económica del Estado

La deuda pública es consecuencia del recurso al crédito como forma de financiación por parte de la Administración Pública. Tiene una gran repercusión porque representa el segundo modo de ingreso estatal y en los últimos años de crisis el porcentaje de la deuda sobre el PIB español se ha disparado al 84,20%, llegando a ser una auténtica losa para la recuperación económica.

Sin entrar a valorar sus  aspectos meramente económicos, me refiero en el siguiente artículo al marco jurídico en el que se enmarca; y a la cuestión de si el Estado, desde una perspectiva legal, puede acudir a este tipo de ingreso sin ningún tipo de límite normativo.

En el año 2011 la Constitución Española fue reformada por segunda vez en su historia para modificar el artículo 135 consagrado a las operaciones de endeudamiento del Estado. El objetivo de la reforma era establecer el principio de sostenibilidad financiera como principio fundamental de la actuación presupuestaria, es decir, la capacidad de financiar gastos dentro de los límites de deuda y déficit;  “no se comprometa hoy a lo que no podrá pagar mañana”.

Este principio constitucional se desarrolló con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria,  que estableció una exigencia de un volumen de deuda pública, para el conjunto de las Administraciones Públicas, no superior al 60% del Producto Interior Bruto en términos nominales, repartiendo este porcentaje entre un 44% para la Administración central, un 13% para las CC.AA y un 3% para las Entidades Locales. Además se estableció que el pago de la deuda y los intereses fuesen prioritarios frente a cualquier otro gasto.

Sin embargo, el artículo 135.4 CE y 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria establecen que por circunstancias excepcionales, entre ellas recesión económica grave, podrá modificarse los límites de deuda.  Es decir, el mero uso de la mayoría absoluta del Congreso, si estima que concurre estas condiciones, podrá alterar dicho margen. Además se fija el año 2020 como un plazo límite bastante amplio para su consecución.

Por otra parte, se han articularon una serie de medidas preventivas, correctivas y coercitivas que dan respuesta a los incumplimientos de dichas exigencias. Así, en caso de incumplimiento de un plan económico-financiero, la Administración responsable deberá aprobar automáticamente una no-disponibilidad de créditos, y tendrá que constituir un depósito en garantía. En los supuestos de incumplimiento por parte de las CC.AA de los acuerdos de no disponibilidad o de no acordarse las medidas propuestas por una comisión de expertos, la Ley posibilita, al amparo del artículo 155 de la Constitución, la adopción de medidas para obligar a su cumplimiento forzoso.

A modo conclusión podemos remarcar el aspecto positivo de establecer límites concretos a la capacidad del Estado de comprometer gasto con cargo a ejercicios futuros y de implantar una serie medidas correctivas y sancionadoras a las administraciones que no cumplan los objetivos.  No obstante, debemos cuestionar si dichas modificaciones son suficientemente eficaces para que el Estado no recurra a una utilización excesiva de la deuda, puesto que establece un periodo límite bastante amplio, así como una posibilidad de reforma y unos mecanismos de control muy vulnerables a la coyuntura política.

 Vía| Ministerio

Imagen| Presupuestos

En QAH | La otra cara de la deuda pública, ¿Qué hacemos con tanta deuda pública y privada?, ¿Qué son la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera públicas?

 

 

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