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¿Puede Argentina juzgar los crímenes de la Dictadura Franquista?

Justicia universalEl 14 de abril de 2010 la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familias de víctimas y organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos, interpusieron ante los tribunales argentinos una querella para denunciar los fusilamientos sufridos por Severino Ribas, Elías García Holgado y Luis García Holgado en el período de la Dictadura Franquista española, los tres ostentaban cargos en el período de la Segunda República Española.

La decisión de acudir a los tribunales argentinos, derivó del intento infructuoso del Juez Baltasar Garzón de investigar los crímenes franquistas en suelo español, quien vio imposibilitada su labor por directrices de instancias superiores a dicho Magistrado.

¿Puede Argentina juzgar crímenes que no se han producido en su territorio?

La respuesta es afirmativa por la vigencia en el orden jurídico internacional del Principio de Justicia Universal.

Según este principio, los Estados como integrantes de la Comunidad Internacional deben perseguir y juzgar todos aquellos delitos de los que tuvieran conocimiento cuando fueran especialmente atentatorios contra los pilares de la propia Comunidad Internacional y las personas que la componen. La justicia universal se va a aplicar únicamente para la persecución de ciertos delitos que aparecen definidos en varios Tratados, Convenios, Sentencias y Resoluciones Internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, Resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de 1998 y 2003 o la Sentencia de 11 de julio de 1996 del Tribunal Internacional de La Haya relativa al caso Bosnia vs. República Federal Yugoslava en la que se reconoció expresamente la aplicación del principio de justicia universal en los casos de genocidio.

A la vista de tales normas internacionales, los Estados han recogido en sus normas de Derecho interno este principio de justicia universal, en España, lo encontramos en el Art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

“4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos:

a) Genocidio y lesa humanidad.

b) Terrorismo.

c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.

d) Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces.

e) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.

f) Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.

g) Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.

h) Cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España.

Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.

El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior.”

Las leyes argentinas también recogen la posibilidad de aplicación de este principio de justicia universal, según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de 1853 sobre derechos de gentes y delitos cometidos fuera de los límites de la nación.

Los tribunales argentinos son por tanto, competentes para juzgar los delitos cometidos en la época de la Dictadura Franquista, por considerarse delitos de lesa humanidad.

El caso que aquí nos ocupa no ha sido el primero en el que ha entrado en juego el principio de justicia universal, de hecho, España ejerció su derecho-deber de aplicar el principio de justicia universal para juzgar los crímenes cometidos por Augusto Pinochet en Chile y Adolfo Scilingo en Argentina en los períodos de las Dictaduras de ambos países.

El principio de justicia universal supone una excepción a la territorialidad de la ley penal para evitar la impunidad de determinados crímenes que quedarían sin castigo si los países en los que han tenido lugar no proceden a su persecución y enjuiciamiento por afectar de manera intensa y directa a los intereses de la comunidad internacional. Podríamos considerarlo como la última ratio en cuanto a la persecución de delitos con relevancia internacional o como una instancia extraordinaria en el ámbito del Derecho Internacional.

¿Pueden los Estados rehusar la aplicación del principio de justicia universal? ¿Debería regularse de manera más estricta su aplicación y el procedimiento para su aplicación? ¿Es necesaria una unificación de criterios internacional en cuanto a la aplicación del principio de justicia universal? ¿Son necesarios más mecanismos de este tipo para impedir la impunidad de crímenes de especial relevancia?

 

Vía| El principio de justicia universal de Mercedes García Arán (UCLM), Art. 23.4 LOPJ

Más información| Sin permiso: Entrevista al abogado Carlos Slepoy, Página 12: Aquí y allá, en todas partes, Amnistía Internacional: Jurisdicción Universal

Imagen| Justicia Universal

 

 

 

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