Economía y Empresa 


¿Público o privado?

Economía de Escala¿Es el sector privado más eficiente que el sector público? ¿Debe el Estado intervenir en nuestra economía?

Estas sencillas preguntas, encerradas en apenas dos líneas, ilustran uno de los debates más apasionantes e imperecederos que se libran en el campo de la política y de las ciencias sociales. Y es que la respuesta que dé una sociedad a las mismas determinará asuntos claves para ella como su modelo político y económico (capitalismo laissez-faire vs planificación centralizada) o el tamaño del Estado que desea.

Existen posturas para todos los gustos, en muchas ocasiones irreconciliables, pues estamos ante un debate que excede por mucho el ámbito académico y se adentra en el espinoso campo de la ideología política.

Al abordar la cuestión que nos interesa, hay que decir que la doctrina dominante es que el sector privado es más eficiente que el sector público, lo que quiere decir que asigna mejor los recursos. Cuando hablamos de una correcta asignación de recursos queremos decir a grandes rasgos que los bienes, que son escasos, llegan a aquellos que más los valoran. El principal problema que encuentra el Estado a la hora de intervenir en la economía es que ésta es increíblemente compleja y resulta muy complicado disponer de los datos necesarios para realizar esa correcta asignación de recursos – resulta impensable que el Estado conozca cuánto valoran los ciudadanos los bienes de consumo que se comercializan. Es razonable, por tanto, asumir que el problema de la asignación de los recursos escasos puede resolverse a nivel individual a través de la libre interacción de los agentes económicos (consumidores y empresarios) que va a determinar un nivel de precios al que ningún consumidor/empresario quiere comprar/vender una unidad adicional de un bien de consumo, llegándose así a un equilibrio en el que el mercado se vacía – no queda bienes para comprar o vender.

No obstante, ésta es una visión limitada. Existen algunos bienes para los que los mercados privados no proporcionan una correcta asignación. Se trata de los llamados bienes públicos y aquellos bienes cuya producción/consumo implique externalidades. En ocasiones la propia naturaleza impone que el régimen de explotación de un bien haya de restringir la competencia en aras de la eficiencia, sería el caso de los monopolios naturales.

Los bienes públicos son aquellos que ‘’pagan’’ unos pocos pero que son usados por un grupo más amplio. Sería el caso de las Fuerzas Armadas de un país, que proporcionan seguridad al Estado al que sirven, lo cual proporciona utilidad a los ciudadanos que en él residen. Una solución privada al problema de las Fuerzas Armadas del país llevaría a que el número de soldados contratados sería muy pequeño en relación al número deseado por la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos movemos buscando nuestra máxima utilidad, y, en consecuencia, cada ciudadano esperará a que el resto de la sociedad contribuya a la contratación de soldados mientras que él, sin pagar, podrá gozar de la misma seguridad que aquellos que si han pagado. No se produce, pues, una correcta asignación de recursos. Son bienes públicos, asimismo, el sistema judicial o una correcta regulación de nuestro sistema bursátil o bancario.

Los bienes públicos legitiman que el Estado intervenga en la economía y que proporcione determinados bienes recaudando impuestos para su mantenimiento.

En cuanto a las externalidades, se producen cuando en la producción o en el consumo de un bien existe un coste o beneficio que no asume el productor/comprador.

Se produce una externalidad negativa cuando el coste que asume el productor no se corresponde con el coste social que implica la producción del bien. Sería el caso de la producción de un bien cuando en el proceso de elaboración del mismo se liberen gases contaminantes o del tabaco, ya que el coste de producción que asumen las tabacaleras no incluye el coste que debe asumir el sistema sanitario (cánceres, problemas respiratorios…) Una solución privada a este problema llevaría a que la producción del bien que genera una externalidad positiva sería demasiada desde el punto de vista del bienestar social. Las externalidades negativas pueden solucionarse estableciendo un impuesto sobre el bien en cuestión que iguale el coste privado – el que asume el productor – al coste social – el que asume la sociedad. En consecuencia, las externalidades negativas legitiman a que el Estado establezca impuestos sobre determinados bienes – llamados pigouvianos – que serían nuestros impuestos especiales.

Por otro lado, se produce una externalidad positiva cuando el beneficio que recibe el productor no se corresponde con el beneficio social que implica la comercialización de dicho bien. Un caso clásico sería el de la inversión de las empresas en I+D+i ya que aunque tanto la empresa como la sociedad se benefician de dicha inversión, el beneficio social es superior al beneficio privado – la inversión pública y privada que llevó al desarrollo de los primeros ordenadores y de Internet implicó un retorno positivo para los inversores, pero aún mucho mayor para la sociedad, que generó nuevas innovaciones a partir de ellos. Una solución privada a este problema llevaría a que la producción del bien que genera una externalidad positiva sería escasa desde el punto de vista del bienestar social. Las externalidades negativas pueden solucionarse estableciendo una subvención al bien en cuestión que iguale el beneficio privadoel que recibe el productor – al beneficio social – el que recibe la sociedad.

Por último en ocasiones es la propia naturaleza la que obliga a la intervención estatal. Pensemos en un pueblo que queda atravesado por un río que lo divide en dos. Es natural pensar que pronto la iniciativa privada impulsará la construcción de un puente que una las dos mitades del pueblo y que en contrapartida el empresario-constructor tendrá derecho a cobrar un precio a todo aquel que quiera atravesar el puente – lo que se conoce como pontazgo. No tiene sentido construir otro puente ya que a la población de nuestro municipio le basta con uno y construir otro implicaría pérdidas para el nuevo empresario, por lo que nuestro empresario-constructor es ahora un monopolista. Es el propio entorno el que determina la existencia de un monopolio, por lo que estamos ante un monopolio natural. El peligro derivado enorme poder de mercado que puede ejercer el monopolista cuando el monopolio opera sobre la comercialización de productos básicos – distribución de agua, explotación de yacimientos de hidrocarburos… lleva a que se constituyan los grandes monopolios estatales como otra de las modalidades de intervención del Estado en la economía.

En consecuencia, y volviendo a nuestra cuestión inicial, parece que debemos dar una respuesta ambigua. No parece razonable, tal y como apuntan las corrientes libertarias y anarcocapitalistas, concebir que el mercado lo soluciona todo y que cualquier intervención estatal es un paso más en el camino de la pobreza. Tampoco resultan convincentes las corrientes estatalistas y colectivistas que ignoran que el Estado carece de información para controlar todos los sectores de la economía y una economía hiperregulada acarrea problemas de incentivos.

Podemos discutir si el Estado debe intervenir en determinados sectores o si la participación del Estado en determinadas áreas de la economía es demasiada o debería aumentar, pero sacrificar los principios económicos más básicos en el altar de la ideología política no es el mejor paso para diseñar una política económica coherente.

En QAH| ¿Consideras que hay que aprobar la privatización del sistema público de pensiones?¿Estar a favor de rescatar a los bancos en riesgo de quiebra con fondos públicos?

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