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Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil

En estos momentos está en trámite parlamentario un Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil el cual, aunque no es muy extenso en su articulado, establece cambios fundamentales en la organización del proceso civil y, tal y como ocurre en muchas leyes promulgadas, otro tipo de cambios sustanciales que afectan a otros ámbitos, como por ejemplo la reducción del plazo de prescripción de las acciones personales que no tengan establecido un plazo específico o el otorgamiento de una mayor relevancia en el proceso a los procuradores (en contra de la eliminación de esta figura reclamada por distintos sectores). En este breve artículo trataré de poner de manifiesto las principales modificaciones que se van a introducir en nuestro ordenamiento jurídico.

En primer lugar, y como consecuencia del afán de introducir las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, se establecen distintas medidas encaminadas a la tramitación del proceso judicial de forma telemática. Así por ejemplo, aunque como regla general los ciudadanos podrán elegir si desean comunicarse con la Administración de Justicia de forma electrónica, para determinadas personas físicas y jurídicas, las cuales no son determinadas de forma específica en el texto, se impone la obligatoriedad del uso de las nuevas tecnologías si “por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos”. Igualmente, a partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de Justicia y órganos judiciales, tendrán la obligación de usar los sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal. Incluso, se establece el uso del correo electrónico o del SMS para la comunicación de actos procesales – a efectos informativos, ya que no sustituirá a la notificación -.

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En relación con la sustanciación del juicio verbal se regula la obligatoriedad de contestar a la demanda por parte del demandado para que el demandante pueda acudir, en su caso a la vista, con los medios de prueba necesarios para defender sus pretensiones (esta medida se ha fundamentado especialmente en motivos de economía procesal para evitar la citación de peritos y testigos cuyo testimonio no vaya a ser relevante con lo aducido en el proceso). También, por motivos de economía procesal se permite que las partes soliciten la no sustanciación de la vista, y si el Tribunal lo acepta, se podrá dictar sentencia sin que se celebre la misma. En otro orden de cosas, se permite así mismo que las partes soliciten un trámite de conclusiones en la celebración de la vista en la que los abogados puedan realizar un alegato final en relación con lo acaecido en la vista.

En orden de otorgar una protección más efectiva a los consumidores en los juicios monitorios, y como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de Junio de 2012 – la cual declara que el ordenamiento jurídico español no se ajusta al derecho comunitario en materia de protección de los consumidores, ya que, el Juez no puede de oficio declarar una cláusula abusiva -, se ha establecido que el Juez pueda de oficio estudiar la existencia de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y, si así lo estima, declarar el carácter abusivo de la cláusula, no pudiendo la misma ser alegada en un juicio posterior.

Otra novedad de esta reforma es el reforzamiento de la función de los procuradores en el proceso civil teniendo como objetivo la dinamización del proceso al reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales. En este sentido, se les faculta a los procuradores para que realicen todos los actos de comunicación entre las partes personadas en el proceso, testigos, peritos o cualquier otra persona que deba participar en el mismo. Además, se les aplica igualmente la obligación de realizar todos los trámites de forma telemática.

Finalmente, la Disposición Final 1ª recoge la modificación del Código Civil en materia de prescripción e interrupción de la prescripción, al establecer que “las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación”. Este cambio ha supuesto que el plazo anterior de 15 años se haya visto reducido a 5 años, mermando así los derechos del acreedor, u otorgando una protección mayor al deudor permitiendo así una segunda oportunidad en el corto plazo. En cuanto a la interrupción de la prescripción de las acciones, se establece que, aunque la reclamación extrajudicial por el acreedor es causa de prescripción, si, en el plazo de un año desde dicha reclamación el deudor no hubiese cumplido o el acreedor no hubiese reclamado judicialmente su cumplimiento, el plazo de prescripción no se entenderá interrumpido, quedando de esta forma la efectividad de la reclamación extrajudicial muy mermada.

Espero que este breve panorama de algunas de las reformas claves que el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil va a introducir sirva de ayuda, y, permita a los lectores estar al corriente en aquellas materias que pudieran afectarles.

Vía| Ministerio de Justicia ; Congreso de los Diputados ; Proyecto de Ley

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En QAH| Abogado y procurador (I): La postulación en el proceso civil / El proceso monitorio / Notificaciones, procuradores y Lexnet

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