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Promesas de presidente

La reciente toma de posesión de Carles Puigdemont como nuevo presidente de Cataluña va a ser uno de los mayores condicionantes de la XI legislatura. Su sorpresiva, y no exenta de polémica, investidura tras unas negociaciones in extremis entre la CUP y “Junts pel si”, han dado ahora paso a una nueva controversia: en el acto de promesa del cargo no mencionó su voluntad de respetar la Constitución como exige el artículo 23 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. Toda una declaración de intenciones. Su promesa, que fue previamente pactada con la presidenta del parlament Carme Forcadell, recogía únicamente: “fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representada por el Parlament”
 
El gobierno ha anunciado un recurso acorde con la línea de actuación que ha venido a marcar: Exigencia absoluta del cumplimiento de la ley.  Las disputas entre el gobierno de Cataluña y el de España volverán a tener un respuesta judicial.
 
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El juramento o promesa es un requisito formal imprescindible para la toma de posesión que ya había sido abordado anteriormente en España. Los grandes referentes jurisprudenciales en este sentido son las sentencias 119/1990 y 74/1991 del Tribunal Constitucional.
 
En ellas, el Tribunal reconocía el derecho de diputados y senadores de la extinta Herri Batasuna a prometer su cargo añadiendo tras el la afirmación: “Sí prometo” la coletilla: “por imperativo legal” como forma de protesta, al considerar que no vacía de contenido la promesa ni implica una condición, reserva o limitación. Sólo precisa que su acatamiento no es resultado de una decisión espontánea, sino simple voluntad de cumplir un requisito que la Ley les impone.
 
En estas sentencias el Supremo intérprete de nuestra Constitución aclara que, pese a que el juramento o promesa pueda suponer un mayor compromiso religioso o moral, no añade ninguna obligación legal. Recientemente, en la sesión constitutiva del Congreso, hemos podido ver como ciertos diputados, principalmente del partido político Podemos, han añadido proclamas y matizaciones durante su acto de promesa ante los aplausos y abucheos del hemiciclo.
 
Este hecho pone de manifiesto, una vez más, la grave crisis de modelo de Estado en España y resalta la falta de legislación sobre el acto de la jura o promesa. Puigdemont que es el máximo representante del Estado en Cataluña, ha quedado investido como “president” sin prometer la Constitución a la espera de un posible recurso por parte del gobierno de España.  Su antecesor, Artur Mas, sí prometió el cargo con fidelidad al Rey y a la Constitución, aunque no será recordado precisamente por ello.
 

Vía| tribunalconstitucional, Reglamento del Parlamento de Cataluña, Constitución Española

Imagen| ABC, La Vanguardia

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