Jurídico 


¿Proceso constituyente o continuismo monárquico?

La abdicación de Juan Carlos I abre nuevas expectativas políticas y jurídicas con la renovación del titular del órgano Jefatura del Estado. Este hecho supone la renovación de uno de los tres principios fundamentales que informan la base del ordenamiento constitucional español: la monarquía parlamentaria.

El proceso de renovación se formalizará a través la sucesión del Rey de España (artículo 57.1), y concretamente la abdicación mediante Ley Orgánica, tal y como dispone el artículo 57.5 de nuestro texto constitucional. Sin embargo, voces críticas reclaman un referéndum para decidir acerca de la Monarquía.

cortes-constituyentes¿Es viable jurídicamente dicho referéndum a través del derecho positivo? La Constitución de 1978 prevé la posibilidad de referéndum para “decisiones políticas de gran trascendencia” (artículo 92)  así como para la revisión total o parcial de la Constitución para determinados Títulos, entre los que se encuentra el Título II, “De la Corona” (artículo 168), pero solo para la ratificación o no de la ciudadanía, no para su iniciativa.

Si bien la tramitación del proceso sucesorio, iniciado con la abdicación de Juan Carlos I, se regirá a través de una Ley Orgánica con un trámite urgente, a través de lectura única, la posibilidad de una revisión constitucional que afecte a la Corona está sometida a un procedimiento “agravado”

La iniciativa de reforma o revisión constitucional no solo está vetada a la iniciativa popular (artículo 166), sino que va más allá, es decir, también se restringe a dos Grupos Parlamentarias o a una quinta parte de los Diputados, quienes han de suscribir los proyectos y proposiciones de reforma constitucional.

Estos proyectos/proposiciones han de ser sometidos a Pleno de la Cámara del Congreso de los Diputados, debiendo ser aprobados mediante mayoría de dos terceras partes de los miembros. Tras esta aprobación, si lo ratifican la mayoría de las dos tercias partes de los Senadores, el Presidente del Congreso lo comunicará al del Gobierno para que someta a la sanción del Rey el Real Decreto de disolución de las Cortes Generales. Constituidas las nuevas Cortes, la decisión tomada por las disueltas ha de ser sometida a ratificación por ambas Cámaras (dos tercios), siendo sometida finalmente a referéndum para su ratificación.

Con este procedimiento, el continuismo de la monarquía está garantizado desde la aprobación de la Carta Magna en 1978, dejando muy pocas posibilidades al establecimiento de un nuevo orden constitucional.

 

Vía| David Estrada Ballesteros

Más información| Art. 92 CE, Arts. 166 a 168 CE

En QAH| ¿En qué consiste la reforma constitucional?, ¿referendum para decidir qué?

Imagen| Lacebolla

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