Derecho Penal, Jurídico 


Problemática de la prisión permanente revisable

La Ley Orgánica 1/2015 por la que se reforma el Código Penal, y en la que se contiene la pena de prisión permanente revisable, fue publicada el pasado 31 de marzo y entrará en vigor a partir del 1 de julio de este mismo año. Esta pena, consistente en la privación de la libertad del condenado por un plazo prolongable indefinidamente, ha suscitado un intenso debate en la sociedad española. Avalada por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado, fue propuesta unilateralmente por el gobierno con el rechazo de toda la oposición.

Varios especialistas tildan esta figura de innecesaria en España debido a la baja tasa de criminalidad respecto a otros países de la UE, tasa que además experimenta una tendencia descendente. Sin embargo, el gobierno considera que se ha de brindar una respuesta más «adecuada» a determinados delitos que producen una especial repulsión social, como por ejemplo los asesinatos derivados del terrorismo –a pesar de que ya se modificó el Código Penal aumentando la pena máxima a este tipo de delitos en 2003-. ¿Realmente incrementar las penas frena este tipo de delitos? Varios criminólogos y catedráticos de derecho penal ya han contestado que una pena mayor no reduce el número de delitos de estas características. No obstante, independientemente de cuál sea la respuesta a esta pregunta, existe un problema con esta figura «salvadora».

La prisión permanente choca de bruces contra la Constitución Española cuando en su artículo 25 establece que «Las penas privativas de libertad (…) estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social.». Obstáculo que se ha intentado salvaguardar con el adjetivo revisable y que consiste en que una vez transcurrido un periodo mínimo de pena que oscila entre los 25 y 35 años de condena el tribunal revisará de oficio si se ha de mantener al penado en prisión. Además el propio condenado podrá pedir la revisión al tribunal una vez cumplida la pena mínima y en intervalos de un año desde la última petición de revisión.

Perpetua

Este tipo de condenas traen consigo el peligro de que el penado pierda toda esperanza para desarrollarse profesionalmente ante la incertidumbre que supone una extensión variable de la pena –vulnerando, el artículo 9.3 de la Constitución por el cual se garantiza el principio de legalidad-, lo que dificulta aún más la reinserción y la reeducación del condenado. Parece que, ante los problemas que acarrea el reinsertar a un condenado en la sociedad, el legislador ha decidido apartarlo definitivamente de la misma, sin terminar de resolver el problema.

El derecho penal está regido por el principio de legalidad, y uno de los fundamentos de este principio es la exigencia de que todas las penas estén determinadas tanto en su forma de cumplimiento como en su extensión. Este principio ayuda al derecho penal a coordinarse con mandatos de la Constitución como el del artículo 15 gracias al cual quedan terminantemente prohibidas penas que impliquen tratos inhumanos o degradantes. La exclusión indefinida de un ser humano de la sociedad puede considerarse como una pena contraria a la dignidad de la persona. La dignidad humana no puede ser sometida a merecimiento, es un derecho intrínseco al ser humano que no puede ser vulnerado por una pena privativa de libertad, permanente.

Son estos los motivos que han llevado a la oposición a preparar un recurso de inconstitucionalidad que presentará ante el  Tribunal Constitucional.

Esta desacertada política criminal ha quedado manifiestamente sometida a las peticiones de asociaciones de víctimas, asociaciones que, no deberían influir a la hora legislar en materia penal. La legislación penal no puede quedar supeditada al subjetivismo emocional.

El derecho penal no ha de ser contemplado únicamente como una herramienta de castigo, el deseo de venganza y el sentimiento de impotencia no pueden guiar las leyes penales de un país avanzado. Una de las prioridades del derecho penal ha de ser la reeducación y la reinserción social tal y como lo establece nuestra Constitución. Cuando los derechos humanos dejan de ser inherentes a la persona y se convierten en meritorios se corre el riesgo de vulnerar el Estado de Derecho. La pena debe ser contemplada como algo más que la consecuencia jurídica del delito, la pena debe ser, además, la herramienta para lograr la reinserción social.

Vía| Noticias Jurídicas
Imagen| Sergio Sánchez Garrido

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