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Privación de la patria potestad

La patria potestad confiere a los padres la representación legal del hijo y encierra un doble contenido: personal y patrimonial. Como deberes inherentes a la patria potestad se encuentran, velar por los hijos, tenerlos en compañía, alimentarlos, educarlos procurarles una formación integral así como representarlos y administrar sus bienes.

Puede definirse la patria potestad como un conjunto de derechos y deberes que la ley confiere a los progenitores sobre sus hijos no emancipados para asegurar el cumplimiento de las cargas que les incumben respecto a su sostenimiento y educación, en beneficio de los propios hijos.

Privación de la patria potestad

Privación de la patria potestad

En los supuestos de separación o divorcio, la patria potestad de los progenitores sigue siendo compartida en cuanto a su titularidad pero puede, y es lo más frecuente, que sea el cónyuge con el que conviven los hijos, el que asume la función custodia, es decir, el que ejerza de forma efectiva la patria potestad, pero para ciertos actos se precisa ejercicio conjunto de la patria potestad por ambos progenitores, como por ejemplo: la emancipación, asumir gastos extraordinarios no cubiertos por la pensión de alimentos, las decisiones importantes para la formación del menor, etc.

Privación de la patria potestad:

Como se ha señalado anteriormente, la potestad parental es una función de los progenitores que se ejerce en beneficio de los hijos. Si la potestad no se ejercita correctamente, el interés de los hijos exigirá que el progenitor incumplidor quede privado de la misma, para que sea ejercitada únicamente por el otro progenitor, o en su respectivo caso, se constituya la tutela.

El artículo 170 del Código Civil prevé la facultad de que se pueda privar total o parcialmente de la patria potestad al que incumple los deberes inherentes de ella. No obstante, la privación requiere que los progenitores incumplan tales deberes de forma grave y reiterada así como que sea beneficiosa para el hijo.

Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, para la privación de la patria potestad, ya sea parcial o total, requiere la inobservancia de aquellos deberes de modo constante, grave y peligroso para el beneficio y destinatario de la patria potestad, el hijo, en definitiva, lo cual supone la necesaria remisión al resultado de la prueba practicada (SSTS de 18 de octubre de 1996 y 10 de noviembre de 2005).

La actual Sentencia del Tribunal Supremo nº 621/205, de fecha 9 de noviembre de 2015, ha establecido que el grave y reiterad incumplimiento del deber de satisfacer la pensión de alimentos y del régimen de visitas de un progenitor, justifica la pérdida de la patria potestad de dicho progenitor en beneficio del menor.

En el relato de la Sentencia se puede apreciar que el padre demandado no cumplía sus obligaciones como progenitor de la menor, pues no se relacionaba con su hija, no acudía al punto de encuentro, ni cumplía con el pago de la pensión de alimentos ni de los gatos extraordinarios.

El Tribunal Supremo ha calificado de graves y reiterados los incumplimientos del progenitor prolongado en el tiempo, sin relaciones con su hija, sin acudir al punto de encuentro, haciendo dejación de sus funciones tanto en lo afectivo como en lo económico, y sin causa justificada y todo ello desde que la menor contaba muy poca edad. En este sentido, afirma que ha quedado afectada la relación paterno-filial de manera seria y justifica que proceda, en beneficio de la menor, la pérdida de la patria potestad del progenitor recurrente, sin perjuicio de las previsiones legales que fuesen posibles, de futuro conforme a derecho, y que recoge el tribunal de instancia.

Cabe recordar que la privación de la patria potestad determina la pérdida, por parte de los progenitores de los derechos y facultades que aquélla les confería, pero no les exime de cumplir la obligación de hacer todo lo que sea necesario para asistir a los hijos ni de prestarles alimentos en el sentido más amplio.

La privación de la patria potestad no tiene porque ser definitiva, pues deberá ser la autoridad judicial quien determine, si el interés del menor lo aconseja, la recuperación de la titularidad y del ejercicio de la potestad parental, si ha cesado la causa que había motivado su privación.

 

Vía| poderjudicial.es

Imagen| ahorainfo

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