Actualidad Jurídica, Derecho Penal, Jurídico 


Prisión permanente revisable

La prisión permanente revisable forma parte de la última gran reforma que se hizo a nuestro Código penal de 1995. Se aprobó en la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, entrando en vigor el 1 de julio de ese mismo año.

Las penas privativas de libertad son las más graves que puede imponer el ordenamiento jurídico penal, puesto que consiste en obligar al condenado a permanecer en un establecimiento cerrado y sometido al régimen interno correspondiente por el plazo que la ley establezca en cada caso concreto.  Con carácter general, la pena de prisión tiene una duración mínima de 3 meses y máxima de 20 años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos de este Código (Artículo 36.2, párrafo 1º).

Se puede definir la pena de prisión permanente revisable, como el mantenimiento de la privación de libertad, durante un periodo indeterminado. Este periodo se divide en unos tiempos mínimos en los que ha revisarse, y transcurridos los mismos hay dos opciones:

  • Se resuelve sobre la suspensión de la ejecución de la pena y consiguiente libertad condicional.
  • Se resuelve denegando la suspensión de la ejecución de la pena.

En ambos casos, se han de efectuar periódicas revisiones.

Sin embargo, la introducción de esta pena ha suscitado opiniones negativas. Algunas de las opiniones que se pueden encontrar al respecto son en relación con los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Constitución establece en el artículo 15 que “nadie puede ser sometidos a torturas, penas o tratos inhumanos o degradantes”. Se ha sugerido que la imposición de ésta pena supone una vulneración a éste derecho. Por otra parte, hay que ponerlo en relación con el artículo 25 de la Constitución, que establece en su primer apartado que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. A tenor de lo expuesto en éste artículo, se podría pensar que la imposición de la pena de prisión permanente supondría ir contra los fines que la misma Constitución ha establecido.

20150121_infografia_reforma_codigo_penal

El problema que ha surgido es que la opinión formada sobre ésta pena está condicionada desde el momento en que se lee la expresión “prisión permanente”, y se olvidan del detalle de que es “revisable”. El penado sigue teniendo garantías y oportunidades para cambiar su situación. Ese detalle es el que hace que encaje con los principios y los derechos fundamentales que la Constitución proclama.

Por lo tanto, para poder formar una opinión válida sobre la misma, hay que conocer sus aspectos, extendiendo la definición general indicada anteriormente.

Solo se puede imponer en los supuestos de excepcional gravedad, y son los siguientes:

  • Artículo 140: 1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1.ª Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. 2.ª Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima. 3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal. 2. Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas se le  impondrá una pena de prisión permanente revisable. En este caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 78 bis y en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo.
  • Artículo 485.1: El que matare al Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias será castigado con la pena de prisión permanente revisable.
  • Artículo 605.1: El que matare al Jefe de un Estado extranjero, o a otra persona internacionalmente protegida por un Tratado, que se halle en España, será castigado con la pena de prisión permanente revisable.
  • Artículo 607.1, 1º y 2º: Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes mataren, agredieren sexualmente o produjeran lesiones de las previstas en el artículo 149 a alguno de sus miembros.
  • Artículo 607 bis.2, 1º: A los reos de delitos de lesa humanidad si causaren la muerte de alguna persona.

Aparte de estos supuestos tasados en el Código Penal, se puede imponer la pena de prisión permanente revisable como supuesto agravado de otros delitos.

Para que se pueda proceder a la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable, deben concurrir los siguientes requisitos en virtud de lo dispuesto en el artículo 92 del Código Penal:

  • Que se hayan cumplido 25 años de condena. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 78 bis, el cual prevé los supuestos en los que se concede el tercer grado a los condenados con la prisión permanente revisable.
  • Que el Tribunal en vista de las circunstancias propias del penado, los informes remitidos por el centro penitenciario y los especialistas que el propio Tribunal determine, valore la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.delito

En el caso de que se le conceda la suspensión de la ejecución de la pena, tiene una duración de 5 a 10 años, tras los cuales han de volverse a valorar las circunstancias del penado, y podrá modificar favorable o desfavorablemente para el penado la decisión que hubiera adoptado anteriormente.  (Aplicándose las reglas establecidas en la Sección 1º, del Capítulo III del Título III del Libro I del Código Penal)

Por otra parte, una vez extinguida la parte de la condena indicada anteriormente (25 años), y cumpliendo también con los requisitos del artículo 78 bis para la concesión del tercer grado, el Tribunal debe verificar al menos cada dos años el cumplimiento del resto de los requisitos de la libertad condicional. Salvo, en el caso de que ya se le haya concedido la suspensión, en este caso se está a lo anteriormente señalado.

El penado tiene derecho a pedir la libertad condicional, establecido con una limitación, sólo puede hacer la petición una vez, y si es denegada, no puede volver a solicitarla hasta dentro de un año.

A tenor de todo lo expuesto anteriormente sobre su funcionamiento, puede verse que no es una pena que restrinja los derechos fundamentales de los ciudadanos, por dos motivos principales. En primer lugar, que se aplican a supuestos tasados en el Código considerados como graves en nuestro ordenamiento jurídico, o bien como supuestos agravados de otros delitos. Por lo tanto, no hay posibilidad de que se aplique de forma arbitraria en cualquier circunstancia. En segundo lugar, que el penado transcurrido el tiempo, y cumpliendo con los requisitos tiene la oportunidad de que le concedan la suspensión de la ejecución de la pena y la consiguiente libertad condicional.

Puede concluirse que le hecho de que la hayan denominado “permanente”, no es un indicativo de que sea más gravosa, o que vulnere los fines de reeducativos y de reinserción social que tienen las penas, puesto que en el momento que las circunstancias del penado cambien, o se determine que no existe la peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada, se resuelve.

Vía| Código Penal (Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre), Reglamento Penitenciario.

Imagen| Reforma del Código Penal  / Detenido 

RELACIONADOS