Derecho Penal, Jurídico 


Prisión permanente revisable, ¿cadena perpetua encubierta?

Corruptissima re publica plurimae leges (Tácito: Annales, Libro III, 27)

Desde hace ya algunos años los poderes ejecutivo y legislativo dejan la configuración de la política criminal al arbitrio de las nuevas demandas sociales (sentimiento colectivo de inseguridad ciudadana que padecen nuestras sociedades occidentales), imponiéndose el criterio de peligrosidad sobre el de culpabilidad. Ello nos conduce, irremediablemente, hacia una expansión del Derecho penal con la aparición de Pena de Prisión Permanente Revisablenuevos tipos penales o bien mediante la agravación de las leyes penales existentes, y de faltas que se convierten en delitos. La lista de nuevos tipos delictivos es interminable, delitos que, en la mayoría de los casos, no eran sino meras infracciones administrativas pasan en la actualidad a formar parte de nuestro Código Penal: delitos urbanísticos, delitos contra la seguridad del tráfico, contra el medio ambiente, contra la Hacienda Pública (criminalidad patrimonial), nuevas modalidades del delito de abandono de familia, delitos sexuales, nuevos delitos societarios -incluyendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas (resultando derogado el principio “societas delinquere non potest” y sustituido por un nuevo “societas delinquere et puniri potest”)-, y un largo etcétera. ¿Dónde queda, pues, situado el principio de intervención mínima del Derecho penal? Lo último que pretende aplicarnos el legislador es la cadena perpetua, disfrazada bajo el aparentemente inocuo apelativo de “prisión permanente revisable” (parece ser que el anteproyecto de Ley, no se sabe por quién redactado, contempla la primera revisión a los 25 años). No han tardado en aparecer voces expertas en contra de dicha novedad punitiva, citemos al penalista José Luis Díez Ripollés (catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga), el cual acierta al afirmar que “la pena de prisión permanente es una cadena perpetua y de las más duras”.

En sus recientes declaraciones los políticos justifican esta nueva medida punitiva en el hecho de que los países más desarrollados de nuestro entorno tienen regulaciones semejantes. Pero ¡cuidado! ¿Podría esta justificación abrir el camino a una futura implantación de la pena de muerte en nuestro país o en cualesquiera aquellos países que conforman la Europa occidental? Recordemos su existencia en determinados Estados de una tradición democrática más enraizada que la nuestra -32 Estados de EEUU contemplan la Pena de Muerte en sus legislaciones estatales, aplicándose con cierta asiduidad en muchos de ellos-. Resulta un hecho indubitado que el delincuente en delitos de sangre debe ser severamente castigado -¿no resultan suficientes los 40 años de pena máxima que nos ofrece la actual normativa?-. Pero ello no nos debe conducir a considerar como enemigo y apartar de la sociedad a aquél o aquellos que en un momento determinado de su vida/s se comporte/n en contra de las reglas sociales de convivencia más elementales, menoscabando su derecho a una resocialización constitucionalmente proclamada.

Cabe destacar el manifiesto que secundan, en contra de esta nueva Reforma del Código Penal, y manifestándose a favor de la doctrina asentada de manera unánime y pacífica en esta materia que rechaza de manera contundente cualquier reforma que asimile la pena prisión a una condena permanente -lo hacen la práctica totalidad de Catedráticos de Derecho Penal (treinta y tres Universidades Públicas españolas, sesenta catedráticos en total), si bien es cierto que en el citado manifiesto faltan algunas voces de insignes penalistas (tal vez por el sesgo politizado y partidista de algunos párrafos del comunicado) como, por ejemplo, de la Universidad de Sevilla Miguel Polaino Navarrete y Borja Mapelli Caffarena, y José María Silva Sánchez por la Pompeu Fabra-.

Para finalizar, extraeremos del manifiesto las siguientes líneas por resultar, a nuestro entender, las más significativas respecto a la injustificable, en un futuro próximo, aplicación normativa de esta pena inhumana: “…Se produce un indeseado incremento de la gravedad de no pocas conductas, especialmente por la conversión de faltas en delitos, a lo que se suma el aumento de unas penas de prisión que ya son de por sí demasiado altas (pueden llegar hasta los cuarenta años) y a la previsión de una injustificable pena de cadena perpetua. Con todo ello el único efecto seguro va a ser el del aumento de una población penitenciaria ya suficientemente elevada, lo que por otra parte no se traducirá en una mayor seguridad ciudadana. Pero, quizá, lo más grave de esta iniciativa legislativa –por si lo anteriormente expuesto no fuera ya suficiente- es el claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por criterios de peligrosidad: la dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados no a la seguridad de la norma sino a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a “administrar” la peligrosidad”.

 

Más información| Manifiesto contra la prisión permanente revisable

Imagen| Prisión

En QAH| La prisión permanente revisable (I), La prisión permanente revisable (II)

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