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Prioridad de Permanencia ¿Derecho absoluto?

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TS ha dictado una sentencia, de fecha 18 de julio de 2014 (recurso número 3677/2012), por la que establece las condiciones por las que un miembro del servicio de prevención de una empresa, puede ser excluido de la prioridad de permanencia en la empresa en caso de extinción colectiva de contratos de trabajo.

El  recurrente en el caso, miembro del servicio de prevención de la empresa, fue incluido en un expediente de despido colectivo, en el que se acordó incluir a todos los trabajadores de 55  o más años (Disconforme con ello, acudió a la vía jurisdiccional, alegando que en virtud del art. 30.4 de la Ley 31/1995, sobre Riesgos Laborales , los miembros del Servicio de Prevención -que por imperativo del citado cuerpo legal debe existir en la empresa- gozan de las mismas garantías que el art. 68 del Estatuto de los Trabajadores reconoce a los miembros del Comité de Empresa; y una de esas garantías, recogida en el apartado b) del mencionado precepto, es tener “prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas”, por lo que según el recurrente, su inclusión entre los trabajadores afectados por el pacto de despido colectivo supuso una vulneración de la garantía establecida en el art. 68.b) del Estatuto de los Trabajadores.

945-1permanencia

La sentencia ahora impugnada rechaza esta pretensión y confirma la validez de las resoluciones administrativas recurridas, pero el TS estima el recurso de casación interpuesto,

El problema, no es si dicha garantía debe ceder ante otros derechos o intereses, sino cuáles son esos derechos o intereses (privados o públicos) que, llegado el caso, pueden hacer legalmente ineficaz la prioridad de permanencia en la empresa garantizada a ciertas categorías de trabajadores por el art. 68.b) del Estatuto de los Trabajadores.

No es cierto –contrariamente a lo que, de manera implícita pero inequívoca, da por supuesto la sentencia impugnada– que cualquier objetivo razonable perseguido por un pacto de despido colectivo pueda operar como límite a la garantía de prioridad en la permanencia regulada en el art. 68.b) del Estatuto de los Trabajadores.

Las circunstancias legalmente idóneas para enervar la eficacia de esas garantías deben estar previstas en el correspondiente convenio colectivo.

Para que dicha garantía no quede desvirtuada, sería necesario acreditar que todos los puestos de trabajo del mismo nivel que el ocupado por el recurrente –y, por tanto, todos los puestos de trabajo ocupados por personas legalmente habilitadas para ser el Técnico Superior del mencionado Servicio de Prevención– habían de ser suprimidos por causas tecnológicas o económicas.

Debe rechazarse una interpretación del citado precepto legal que, como la seguida por la Sala de instancia, permite la ineficacia de la garantía de prioridad de permanencia en supuestos distintos de aquél en que deban ser suprimidos todos los puestos de trabajo correspondientes a la categoría del trabajador protegido por esa misma garantía.

La reforma de 2012 ha introducido una novedad respecto del derecho de permanencia, de forma que además de los representantes de los trabajadores, también podrá extenderse a favor de «otros colectivos» —señalando la norma a título de ejemplo los trabajadores discapacitados, o los de mayor edad, o los que tengan cargas familiares—. Estas distintas prioridades, derivadas tanto de la negociación colectiva como del propio período de consultas en el procedimiento de despido, pueden suponer una suerte de escala de aplicación de los despidos salvaguardando los derechos de aquellos colectivos más vulnerables respecto de los propios efectos de la extinción del contrato como de las posibilidades futuras de recolocación. En todo caso, estas prioridades de permanencia no son absolutamente novedosas ya que en la práctica han venido constituyendo materia normal de negociación durante el procedimiento con el objetivo de mitigar los efectos del despido, circunscribiéndolo a los colectivos menos vulnerables; el reconocimiento legal ahora de este tipo de opciones viene a demostrar su importancia y debe propiciar una puesta en valor y un mayor uso de ellas.

La Prioridad de Permanencia no es un Derecho absoluto, tiene sus límites, pero si se aplica en toda su amplitud y causalidad, teniendo en cuenta que en España, la mayoría de las empresas son PYMES y en todas habrá, representantes sindicales, miembros de prevención, personas con cargas familiares, un discapacitado exigido por ley, una embarazada o una madre con reducción de jornada… ¿No deja en clara desventaja al trabajador de a pie? ¿Y por favorecer pueden llegar a ser discriminatorias?

 Vía|Noticias Jurídicas, Lex Nova Portal Jurídico

 Imagen|abbantia

 

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