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Presunción de inocencia, opinión pública y ruedas de prensa

El pasado 7 de noviembre de 2014, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó el archivo de la denuncia interpuesta por el encausado conocido como el «Pederasta de Ciudad Lineal», frente al Ministro del Interior, como autor de los delitos de revelación de secretos de los arts. 197 y ss. del Código Penal y de injurias de los arts. 208 y ss. del mismo texto legal, en base a que una hora después de que el denunciante hubiese sido detenido, se convocó una rueda de prensa en la sede ministerial, donde el titular de la cartera de Interior dio a conocer una serie de extremos sobre el denunciante, y en particular: la existencia de unos supuestos antecedentes penales del mismo por hechos similares a los imputados; la concurrencia de multitud de antecedentes policiales que le vinculaban con otros delitos muy graves y de notoria entidad e, incluso, vinculados a organizaciones delictivas internacionales, así como finalmente, el convencimiento personal del Ministro, que de manera clara y terminante sostuvo que el detenido era la persona que había cometido todos los delitos atribuidos a quien se denominó, policial y públicamente, como “El pederasta de Ciudad Lineal”.

La Sala, sin perjuicio de rechazar los argumentos de la denuncia y, consecuentemente, archivarla, formuló una interesantísima reflexión en relación con la cuestión que aquí se debate:

“Es evidente que, en situaciones como las descritas en la denuncia, las autoridades deben extremar la prudencia en sus afirmaciones y juicios de valor -no olvidemos que nos hallamos aún en la fase de investigación policial y judicial, sin que se haya desvirtuado la presunción de inocencia de los implicados en el proceso penal (…)”

La adecuada cohonestación entre investigaciones policiales o sumariales y, como dice la Sala, la justificada formación de la opinión pública y el seguimiento de los acontecimientos desde el punto de vista social que, al parecer, guió la actuación del Ministro en aras a garantizar los derechos de libertad de expresión y de información, vuelve a adquirir plena actualidad merced a la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 27 de enero de 2015, en el asunto «Toni Kostadinov contra Bulgaria» en el que el demandante alegó la vulneración del derecho la presunción de inocencia (artículo 6.2 CEDH) al organizar el Ministerio del Interior búlgaro una rueda de prensa informando sobre la participación del recurrente -detenido el día anterior- en una organización criminal.

En esta caso la Sección Cuarta del TEDH estimó la pretensión de vulneración del derecho a la presunción de inocencia del quejoso, al considerar que las manifestaciones efectuadas al día siguiente de la detención y efectuadas por el Comisario Jefe de la Policía de Plovdiv y el Ministro del Interior, en las que se reveló a la prensa la identidad del detenido como autor de diversos delitos de robo, suponían una clara violación del citado art. 6.2 de la Convención, toda vez que el ministro del Interior estaba obligada a tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier confusión en cuanto al alcance de sus observaciones en la conducta y los resultados de la operación, entendiendo que sus palabras fueron más allá de la mera puesta a disposición de información. Dado el poco tiempo que había transcurrido desde la detención del recurrente y la convocatoria a la prensa, el TEDH considera que las palabras del ministro coadyuvaron a crear la certeza de que la persona detenida era uno de los miembros más influyentes de un grupo criminal que había cometido los referidos robos, resultando por tanto unas declaraciones severamente reprochables por socavar la presunción de inocencia del detenido.

En la comparecencia ante la prensa del Ministro español, como ya dijimos, ni se reveló la identidad del detenido ni se consideró penalmente típica la divulgación de datos inciertos o la atribución al denunciante de la comisión de determinados hechos de notoria relevancia pública -los cometidos por la persona conocida como “El pederasta de Ciudad Lineal”-. Por otra parte, la información que se dio en la rueda de prensa no versaba sobre actuaciones judiciales o sumariales, sino sobre la actuación de la fuerza policial en la detención de un individuo. De ese hecho -la detención- es evidente que el denunciado tenía conocimiento personal y propio, por su condición de Ministro del Interior. Esto es, la fuente de las informaciones no era la causa judicial declarada secreta, sino el conocimiento que el denunciado tenía sobre una actuación de las fuerzas policiales que dependían orgánicamente de su Departamento.

Ahora bien, la comentada Sentencia del TEDH –y otras anteriores como Daktaras v. Lituania, YB y otros v. Turquía, Butkevičius vs. Lituania o Ribemont Allenet vs. Francia-, así como el comentario obiter dicta del Auto de nuestra Sala de lo Penal, son ya una masa crítica suficientemente elocuente para hacer embridar las loables intenciones informativas de los departamentos ministeriales cuando penden diligencias de investigación, pues como diría nuestro Ministro de Interior, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Imagen | Rueda de prensa

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