Actualidad Jurídica 


Política al margen de la ley

 

El cumplimiento de la ley por parte de los representantes públicos ha vuelto a ser noticia en la resaca postelectoral. Desde Barcelona, la vencedora de las elecciones municipales, y posible nueva alcaldesa de la ciudad, ha declarado que no tiene intención de cumplir las leyes que le parezcan injustas, mientras que en Valladolid (y en el otro extremo del espectro ideológico), su alcalde en funciones ha quedado inhabilitado para ser concejal por desobediencia a la Justicia, al negarse reiteradamente a acatar un mandato judicial. 

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de esta desobediencia?

#actualidadqah

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La consagración del deber de cumplir las leyes queda varias veces recogida en la Constitución Española:

-En su artículo noveno, obliga a ciudadanos y poderes públicos a respetar la Constitución y el Ordenamiento Jurídico y prohíbe la arbitrariedad por parte de los poderes públicos.

-El artículo 103, enuncia el sometimiento pleno a la ley y al Derecho de la Administración Pública.

-Cómo cláusula de cierre, el artículo 118 obliga a cumplir las sentencias firmes de los Jueces y Tribunales.

Ada Colau, líder de Barcelona en Comú, ganadora de las elecciones del 24M

Ada Colau, líder de Barcelona en Comú, ganadora de las elecciones del 24M

Tras esta enunciación, es preciso que el Estado de Derecho se equipe de armas que den respuesta concreta a este ataque a sus principios, pues podemos decir que la ley se aplica efectivamente cuando los ciudadanos la acatan o cuando quienes no lo hacen son sancionados.

Tan alta afrenta parece que vaya a tener una respuesta contundente que contemple penas de prisión, si bien, no existe un tipo genérico que las sancione. Al no acatamiento voluntario de las sentencias firmes le sigue la ejecución forzosa , pero, las penas de prisión se recogen únicamente para ciertos actos a los que el legislador ha querido añadir un reproche penal, algunos ejemplos son:

El impago de pensiones al cónyuge o hijos(Art. 227 CP), la desobediencia a órdenes expresas de la Administración en materia de explosivos (Art. 348.4 CP),  o, en un campo de la seguridad vial, la desobediencia a la resolución de privación del permiso de conducción (Art. 384 CP).

El respeto a la ley por parte de los gobernantes es una máxima del Estado de Derecho y marca la diferencia fundamental con el Antiguo Régimen y con regímenes dictatoriales o pseudodemocráticos

Francisco Javier León de la Riva, alcalde en funciones de Valladolid.

Francisco Javier León de la Riva, alcalde en funciones de Valladolid.

En primer término, la nulidad espera a la leyes que ignoren flagrantemente la legalidad vigente, y tras ello, vendría la responsabilidad individual de los representantes públicos que actúen al margen de la ley.

Esta sanción queda abordada en el Código Penal dentro de los delitos contra la administración pública. A los políticos se les enjuiciaría por prevaricación (Art.404) y desobediencia (Art. 410) trayendo como castigo únicamente la inhabilitación especial para cargo o empleo público, que en el caso de tratarse de prevaricación, puede llegar hasta diez años.

En España, el manto de legitimidad democrática que arropa a la Ley es, para muchos, un argumento incontestable y debieran ser los gobernantes los primeros en animar a respetarla. La caída de este imperio de la ley podría tener consecuencias terriblemente negativas, pues, como dice el filósofo Fernando Savater, “las leyes están para encauzar la libertad.”

Via|Constitución española, Código Penal

Imágenes| huffpost.com, Toonpool, Lainformación, Cadenaser

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