Jurídico 


Poderes y superpoderes

Es relativamente frecuente que una persona, ya en el otoño de su vida, quiera delegar en otras, generalmente su cónyuge o hijos, lo relativo a la administración de su patrimonio, para lo cual otorgará un apoderamiento en escritura pública notarial. El contenido del poder puede ser muy variado: quizá se limite a cuestiones de mera administración diaria o quizá permita al apoderado administrar y disponer prácticamente sin trabas en nombre del concedente, en lo que constituye un poder general. Pero aún es posible una mayor intensidad en la delegación de facultades, puesto que cabe establecer en el documento que el apoderado pueda utilizar el apoderamiento concedido incluso en el caso que exista autocontrato o contraposición de intereses entre él y el poderdante en el negocio concreto que se quiere celebrar; por ejemplo, que uno de los dos sea el vendedor y el otro el comprador.

Corresponde al otorgante decidir – y al notario explicar y aconsejar con carácter previo- qué nivel de intensidad en la delegación es el que más le interesa. Como si se tratara de una tarifa de teléfono móvil, puede optar por un nivel básico (solamente para administrar), por otro, que en tono jocoso -que no se diga que los juristas somos aburridos- podríamos denominar nivel premium (apoderamiento total, menos de aquello que no es delegable, como otorgar testamento), o, en la cúspide, por el premium gold (que el apoderado pueda hacer lo que quiera, incluso aunque sea juez y parte en el negocio); y desde luego cabe elegir un poder a la carta, que incluya las facultades de administrar y/o disponer que el otorgante desee conceder, y no otras.

En todo caso, cualquiera de estos poderes se extingue, aparte por supuesto de por la muerte del poderdante, por caer éste en un estado de incapacidad mental que le impida declarar su voluntad de revocarlos. Podría decirse que los poderes existen solamente en la medida en que existe la voluntad consciente de su creador -que tiene la facultad de anularlos en cualquier momento- y “dejan de ser” cuando esa consciencia desaparece, por fallecimiento o insania de aquél (esto a mi entender plantea interesantes paralelismos con la propia condición humana en relación con su posible Creador, que no son del caso traer aquí a colación por no ser yo filósofo ni esto un blog dedicado a tales menesteres). Son, por tanto y en definitiva, poderes mortales.

Sin embargo, hace unos años ya que el artículo 1732 del Código Civil permite al otorgante del poder ordenar su subsistencia aún en el caso de que caiga en incapacidad mental, es decir, que aunque deje de existir voluntad consciente en el concedente el apoderamiento siga vigente. E incluso contempla otra modalidad: que el apoderado pueda actuar únicamente en el supuesto de que el poderdante carezca de voluntad, y no mientras conserve sus plenas facultades. Son, qué duda cabe, superpoderes, y como cualquier otro superpoder tienen una gran utilidad pero deben ser manejados con precaución. Es un dato conocido que la inmensa mayoría de las personas que deberían estar sujetas a un régimen legal de tutela, por carecer de la capacidad mental suficiente, no lo están ni lo estarán nunca. Por ello, la posibilidad de delegar en personas de confianza –hijos, cónyuge, hermanos- para el caso de incapacidad se ofrece como un instrumento extremadamente valioso: cuando mayor es la indefensión del poderdante, hay una persona con los instrumentos jurídicos suficientes para cuidar de ella y velar por sus intereses; pero, por la misma razón, será imprescindible reflexionar adecuadamente a quién se concede esta delegación, puesto que el poderdante no podrá controlar su ejercicio. Así, si se trata de hijos, una buena fórmula es apoderar a todos ellos para que actúen conjuntamente, o al menos dos o tres a la vez.

Si el poderdante erró en la elección, sólo a sí mismo podrá culparse. O, como dice un antiguo aforismo germánico, “busca tu confianza donde la dejaste”.

En colaboración con QAH| ¿HayDerecho?.

Imagen| Last Will and testament

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