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Personas mayores y centros residenciales (IV): protocolos para la determinación de la capacidad

Los datos oficiales existentes en nuestro país muestran que las personas mayores prefieren vivir en sus casas antes que en una institución e, incluso, trasladarse a la de algún familiar -normalmente hijos- antes que vivir en una residencia. Quizá por ello los ingresos en geriátricos se plantean como última opción y el perfil de residente es el de una persona no ya mayor, sino muy mayor, con una media de edad superior a los ochenta años, normalmente mujer, dada la mayor esperanza de vida de este sexo. El simple hecho de la edad no es equivalente al padecimiento de demencia o cualquier otro incapacitante para la toma de decisiones pero, obviamente, este tipo de padecimientos suelen ir asociadas a la edad. Ya hemos visto que el consentimiento para vivir en una residencia y para firmar el correspondiente contrato, debe ser libre y voluntario. Lo contrario implicaría, por una parte, una privación ilícita de la libertad del mayor y, por otra, la nulidad del contrato de ingreso.

Según el artículo 757-3º de la LEC, las autoridades y funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus cargos, tengan conocimiento de la existencia de una posible causa de incapacitación de la persona, DEBEN comunicarlo al Ministerio Fiscal a fin de que éste decida, si procede, la adopción de la mejor figura de protección para la persona. Pese a ello y, aun sabiendo que en muchos casos los poderes públicos conocen detalladamente la ausencia de capacidad para decidir del anciano, la regla suele ser la falta de comunicación y la excepción lo contrario. Y eso incluso cuando la propia administración otorga el porcentaje máximo de discapacidad en base al importante deterioro cognitivo del mayor y propone como mejor servicio en su beneficio el ingreso en centro.

Por ello, es importante que las residencias cuenten con protocolos de actuación que recojan criterios válidos para la detección de la falta de la capacidad inicial o sobrevenida de la persona y comunicación a la Fiscalía.

La mayoría, especialmente las de mayor tamaño, cuentan con un equipo interdisciplinar formado por: médico, enfermería, trabajador/a social, psicóloga/o; terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, aparte de la dirección del centro. Para la realización del Plan de Actuación Individualizada (PAI) del mayor, además de contar con sus informes

Residencias y protocolos de actuación

Los protocolos de actuación como herramienta de detección de la falta de capacidad.

médicos, los profesionales del centro suelen pasarle unas escalas instrumentales que sirven para determinar su grado de dependencia funcional, riesgo de caídas, de úlceras, o deterioro cognitivo. Algunas de éstas son las escalas conocidas como: Barthel, Tinetti, Bradem o Lobo o test minimental. Es cierto que no tienen valor diagnóstico pero sí orientativo y, valoradas en su conjunto, constituyen una excelente herramienta para determinar, de forma objetiva, si, bajo un estricto criterio técnico, la persona tiene mermada su capacidad volitiva y, en su caso, hasta qué punto. Los PAI se revisan periódicamente por lo que, el equipo interdisciplinar detectará del mismo modo las eventuales incapacidades sobrevenidas de quienes en su día ingresaron siendo plenamente capaces. Será entonces cuando deberá entrar en marcha el mecanismo de comunicación al Ministerio Fiscal.

Via|Diseño de protocolos de intervención sanitaria a las personas mayores que viven en residencias.

Más información| Un perfil de las personas mayores en España, 2015. Indicadores estadísticos básicos. Informe 2012. Las personas mayores en España.

Imagen| Elaboración de protocolo.

En QAH| Personas mayores y centros residenciales (I). Introducción. Personas mayores y centros residenciales (II). El ingreso. Personas mayores y centros residenciales (III). El contrato de ingreso.

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