Jurídico 


Personas mayores y centros residenciales (III): El contrato de ingreso en residencia

No basta un apretón de manos para que el consentimiento sea libre

No basta un apretón de manos para que el consentimiento sea libre

Anteriormente, hemos analizado  el ingreso de una persona mayor en centro: voluntario, cuando la persona está plenamente capacitada para decidir; o previa obtención de auto de autorización de ingreso.  El paso siguiente antes de que éste sea efectivo será la celebración de un contrato entre el centro prestador, de una parte y, la persona mayor a quién se prestarán dichos servicios, de otra. No existe unanimidad sobre su naturaleza jurídica pero la mayoría de autores coinciden en que se trata de un contrato atípico cuyo régimen resulta de combinar elementos de otros contratos: hospedaje; alimentos…. Ciertamente los geriátricos desarrollan cada vez más tipos de actividades para prestar el mejor servicio, normalmente de carácter permanente, a sus usuarios. Por ello y, ante la ausencia de regulación específica en la normativa española, resulta conveniente determinar el tipo de relación jurídica existente para valorar el grado de cumplimiento del servicio y las eventuales responsabilidades del centro prestador para el caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso. Algunos autores proponen como configuración más concreta el nombre de contrato de ingreso en una residencia asistencial contrato de prestación de servicios en residencia asistencial, como un contrato complejo que puede abarcar la prestación de distintos tipos de servicios, según la modalidad en que se haya estipulado, algunos configurados como obligación de medios y otros de resultado pero que comprenderá en todo caso, servicios hoteleros y servicios asistenciales.

Para la  celebración del contrato de ingreso la persona ha de otorgar su consentimiento libre y voluntario. Pero muchas veces los mayores son llevados a residencias cuando ya no pueden valerse por sí mismos debido a su progresivo e irreversible deterioro cognitivo. Lo habitual suele ser, además, no contar con el preceptivo auto de autorización previo al ingreso aunque la persona carezca de capacidad de entender. Indudable es que, por las mismas razones, carecen de capacidad para celebrar o firmar el contrato de ingreso. Pese a ello, la práctica más habitual es la firma del contrato entre la dirección de la residencia, el mayor y un familiar que actúa como “persona de referencia” contrayendo una responsabilidad solidaria respecto a las obligaciones económicas. El contrato de ingreso suele sufragarse con los ahorros y/o ingresos del mayor aunque a veces se complementa con ingresos de sus familiares. La cuestión es: ¿si la persona ingresada carece de capacidad de entender, podemos afirmar que falta uno de los requisitos necesarios, a tenor de lo previsto en el art. 1261 del Código Civil (CC), para la validez del contrato? La respuesta es que sí: el consentimiento. Por tanto, dicho contrato será inexistente o nulo de pleno derecho respecto al anciano. Cuestión distinta serán los efectos que tenga respecto a la “persona de referencia” o responsable solidario. Pero respecto al mayor, el contrato deviene nulo ipso jure ab initio. A tenor de lo previsto en el art. 1303 CC -precepto previsto para la acción de anulabilidad y no para la nulidad- aplicado por analogía, la consecuencia jurídica de la nulidad del contrato sería que ambas partes deberían restituirse las prestaciones objeto del contrato pero, aplicando la excepción prevista en el art. 1304 CC, cuando la causa de nulidad se encuentre en la falta de capacidad de uno de los contratantes -el mayor- éste no deberá restituir más prestación sino en cuanto se enriqueció con la cosa o precio recibido. Resulta difícil precisar cuál pueda ser el enriquecimiento del mayor ingresado en una residencia por la que ha venido abonando un precio y ello pese a reconocer la veracidad y calidad de los servicios recibidos. Desde luego, no podrá alegar la institución el desconocimiento de su falta de capacidad debido al propio objeto inherente a los servicios prestados. Es más, su obligación y la de los familiares del mayor, hubiera sido poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o del Juzgado la presunta falta de capacidad de la persona.

Por lo tanto, no resultaría descabellado pensar que, de declararse nulo el contrato de ingreso celebrado por falta de capacidad del mayor, la residencia podría verse obligada a devolver el precio cobrado  sin que el anciano tuviera obligación de restituir nada pese a haber recibido los servicios en su propio beneficio.

Vía| IMSERSO

Más información| UNED: Informe de resultados del proyecto de investigación que lleva por título: “Residencias y alojamientos alternativos para personas mayores en situación de dependencia: aspectos legales de la gestión, coordinación y acreditación en el SAAD de los servicios residenciales. Relevancia de los centros estatales de referencia y de la responsabilidad corporativa en la política social (Domicilio, SAAD, RSC)”. 

Imagen| Apretón de manos

En QHA| Personas mayores y centros residenciales (I) Introducción; Personas mayores y centros residenciales (II) El ingreso

 

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