Jurídico 


Personas mayores y centros residenciales (I): introducción

Me mudo a un geriátrico

Vivir en una residencia

Aproximadamente el 15 % de la población mundial vive con discapacidad. Es la mayor minoría mundial, que aumenta debido al crecimiento de la población, avances de la medicina y proceso de envejecimiento (OMS).

En países donde la esperanza de vida es superior a 70 años (Ej: España) supone que alrededor del 11,5% de la vida de un individuo, transcurre con incapacidades físicas y/o, psíquicas, encontrándose la demencia entre una de las mayores causas de discapacidad.

Demencia es, según Jaspers, la pérdida de las facultades psíquicas sobrevenida una vez que éstas han llegado a alcanzar un pleno desarrollo, conduciendo ello a la anulación de la personalidad, a una alteración global de la memoria, pudiendo afectar al juicio, pensamiento abstracto y otras funciones corticales superiores. Una característica común a todas ellas es que el deterioro de las funciones superiores acontece en personas hasta entonces con capacidades cognitivas intactas. Tiene mal pronóstico dada su irreversibilidad y tendencia a la agravación neuropsicológica siendo causa de importante alteración de las funciones cognoscitivas y de importante inhibición de la voluntad.

La primera pregunta que debemos hacernos es, si la persona mayor tiene inhibida su voluntad, ¿quién puede decidir ingresarla en un centro de mayores: su familia?

Si recorriésemos la mayoría de geriátricos de nuestro país, comprobaríamos que muchas personas con demencia han sido llevadas allí por sus familiares, normalmente hijos, que quieren para sus progenitores los mejores cuidados y servicios especializados. ¿Pero jurídicamente es correcto este ingreso?.

Las siguientes preguntas que podríamos plantearnos son: ¿quién firmará el contrato de ingreso; quién pagará los servicios: el mayor ingresado, su familia…? ¿y si se acaban sus ingresos? ¿quién decidirá sobre las entradas y salidas del centro, régimen de visitas? ¿Podrían salir, por ejemplo, para ejercer su derecho de voto? ¿Pueden votar? ¿y si hay que decidir sobre uso de sujeciones o contenciones? ¿Podrá publicarse su imagen en folletos informativos del centro, por ejemplo?

El ingreso en un centro residencial supone un verdadero cambio de vida que afecta muy de cerca a los derechos fundamentales de las personas ingresadas, hasta el punto de que la propia normativa actual sobre el involuntario ha sido calificada de inconstitucional optándose, sin embargo, por el efecto de nulidad diferida.

Además, el ingreso involuntario puede generar numerosos supuestos de responsabilidad para los centros.

Trataremos los más frecuentes en los siguientes artículos de esta serie.

 

Via| OMS

Más información| Breve comentario de la aplicación en la jurisprudencia española de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Abeledo Perrot; Manual de Buenas Prácticas del Ministerio Fiscal en la Protección a las personas con discapacidad. Conclusiones de las Jornadas de fiscales celebradas en Alcalá de Henares el 20 y 21 de septiembre de 2010.

Imagen| unrinconcitoparalasociedad

En QAH| La autotutela y el mandato en previsión de incapacitación. 

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