Jurídico 


Participemos en la Ley de Transparencia

Como todos sabemos, recientemente se ha presentado por el Gobierno del Partido Popular el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La comúnmente llamada “Ley de Transparencia”, que en este caso incluirá el Acceso a la Información Pública y el Buen Gobierno y que puede consultarse aquí.

El concepto de Transparencia, “Derecho a saber” o libre acceso a la información son derechos reconocidos en sus primeras fases por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 de Naciones Unidas, la Convención Americana de Derechos Humanos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. En nuestra Constitución el Art. 23 consagra el derecho de participación en los asuntos públicos y en el Art. 105 la ley deberá regular “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.

La llamada Ley de Transparencia era una asignatura pendiente e imprescindible de nuestro legislador (una de tantas, y lo seguirá siendo hasta su aprobación). En el año 2004, se contemplaba dicho proyecto en el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Volvió a incluirse el mismo objetivo en 2008 y todos enarbolaban la necesidad de transparencia, “del derecho a saber”. En 2010 se anunció a bombo y platillo que en septiembre de ese año llegaría la tan esperada ley a ver la luz. Y estamos a marzo de 2012 y todavía andamos esperando.

Somos el único país de más de un millón de habitantes y uno de los cuatro únicos países europeos que no tienen una ley de tal calibre junto con Chipre, Luxemburgo y Malta. De los 47 estados del Consejo de Europa, España es uno de los 8 países que sin esta ley. Europa aprobó en noviembre de 2008 el Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales. Un Convenio que establece unos mínimos, que los estados miembros del Consejo de Europa deben adoptar y que nuestro país todavía no ha aplicado por no tener legislación en este
aspecto (el mapa de países es muy gráfico). Así que cosas como “el derecho a saber” de una forma rápida, sencilla y gratuita, que la información del Estado debería ser pública o de fácil acceso, que el secreto es la excepción y la necesidad de transparencia, son conceptos muy lejanos en nuestro ordenamiento jurídico. Esperemos que no por mucho tiempo más. Es por todo lo anterior, por lo que hay que destacar, en primer lugar la presentación de este Anteproyecto, y en segundo lugar, la necesidad de que llegue a buen puerto y sea aprobado como ley.

El Anteproyecto de Ley presentado, pretende por tanto, cumplir con los principios fundamentales del derecho al acceso a la información que de forma completa plasman Access Info o Coalición ProAcceso: el derecho a la información es un derecho de toda persona; se aplica a todas las entidades públicas; la realización de las solicitudes de información ha de ser de forma rápida, sencilla y gratuita; los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes; principio de publicidad en la información, el secreto y la denegación son la excepción; y dichas denegaciones deberán ser limitadas y suficientemente motivadas; derecho a recurso sobre las denegaciones o no contestación a las solicitudes; las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario realizar una solicitud; las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario realizar una solicitud; el derecho de acceso a la información debe estar garantizado por un órgano independiente.

El texto se compone de 28 artículos, 2 Títulos, 2 Disposiciones Adicionales, y 6 Disposiciones Finales que proponen modificar la ley 30/1992, la ley del Gobierno, la Ley 28/2006 de Agencias Estatales, y el Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

Su Título Primero, dividido en dos Capítulos, es relativo a la Transparencia de la Actividad Pública con un ámbito de aplicación, unos principios generales, las diferentes informaciones y la creación del Portal de la Transparencia. Con un capítulo Segundo referente al acceso a la información pública y sus impugnaciones. El Título II es referente al Buen Gobierno, con unos principios éticos, un catálogo de infracciones y sus correspondientes sanciones.

Cabe destacar, que esa queja tan habitual nuestra de los que nos dedicamos a las leyes sobre la superproducción legislativa y la petición constante de menos leyes, mejor hechas, y coherentes entre sí, que prometió solucionar la Vicepresidenta y el Ministro de Justicia, viene a plasmarse en la Disposición Adicional Segunda: “Todas las Administraciones Públicas habrán de acometer una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de sus ordenamientos jurídicos. Para ello, habrán de efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de un texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las normas que queden afectadas”. ¿Conseguirá su propósito?

Así pues, el Anteproyecto sujeto a consulta pública busca “restaurar la confianza de la sociedad”, el conocimiento y comprobación de las gestiones de asuntos y recursos públicos y que éstas se adecuen a los principios “democráticos, jurídicos y éticos que deben inspirar en todo caso la acción de Gobierno”, buscando un sentido de “apertura, transparencia y lealtad democrática”. Como no podía ser de otra forma en una ley de transparencia y de acceso a la información nos ofrece la oportunidad de colaborar en su elaboración realizando apreciaciones, sugerencias y críticas que consideren oportunas. ¿Cuántas veces nos hemos quejado los juristas de la baja calidad de las leyes, sus errores, imprecisiones, sus vacíos legales, o incoherencias? Y aquí se nos da la bienvenida y se nos anima a participar en una ley que nos va a afectar a todos como administrados. Además, tampoco es muy larga la norma. Desde la aprobación que fue el 23 de marzo en el Consejo de Ministros, habrá 10 días de plazo para las aportaciones. Esta ley puede ser una buena oportunidad para acabar con una de las lacras más importantes de nuestro país: la corrupción. Y es que el secretismo facilita las corruptelas. En palabras de Obama, para poder rendir (y exigir) cuentas es necesaria la transparencia. ¿A qué estamos esperando para participar? No sólo se trata de la ley, sino del nivel y la eficacia que queremos de ella.

Yo ya he hecho mis aportaciones, podéis verlas y comentarlas aquí.

Imagen| Transparencia,

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