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Pagos por asesoramiento técnico-jurídico, ¿es legal y ético?

Esta última semana ha sido noticia el pago que varios miembros de la Carrera Judicial de la Comunidad Autónoma de Madrid estaban recibiendo a través de la empresa Indra por su asesoramiento en el desarrollo de herramientas  y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia; pero, ¿está esta conducta permitida por las leyes?

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Indra, sociedad con capital mayoritariamente privado, fue la adjudicataria de un contrato en el año 2011 (cuya conclusión está prevista para 2017) concedido por la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de sistemas informáticos destinados a agilizar la tramitación judicial (conocido como IusMadrid). Dentro de este marco, los pliegos del contrato establecían como condición el asesoramiento, evaluación y validación  de los sistemas desarrollados por miembros de la Carrera Judicial (se estima que alrededor de 32 juristas han intervenido), labor que ha supuesto a Indra alrededor de 230.000€ (los caules han salido del dinero adjudicado para el desarrollo del proyecto por Indra). Estos pagos, aunque eran hechos por Indra, provienen de la Consejería de Justicia de Madrid a través de su filial de capital 100% público ICM (Agencia Informática de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid)[i].

Dentro de este marco, es  sensato pensar que las personas más relacionadas con la Administración de Justicia son las más idóneas para evaluar y proponer modificaciones a las herramientas informáticas, ya que, van a ser ellos los que van a usarlas en el día a día. Que un usuario pruebe un producto parece lo más correcto. Como consecuencia, podría reconocerse las ventajas que van a suponer para los diseñadores de las aplicaciones el hecho de que sean sus propios usuarios finales los que las valoren, en este caso los Jueces y Fiscales. Teniendo esto en cuenta, los Jueces y Fiscales decidieron colaborar con Indra a cambio del pago de una compensación económica.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 389.5 que el cargo de Juez o Magistrado será incompatiblecon todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquélla, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas”. En este sentido, el artículo 327 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, además establece que aun cuando estas actividades se consideran incompatibles, el Consejo General del Poder Judicial podrá autorizar, expresamente y previa petición a los miembros de la Carrera Judicial, para que desempeñen las actividades arriba descritas.

Además, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, en su artículo 19.f establece que “la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios” son compatibles con la función desempeñada por el personal al servicio de las Administraciones Públicas.

A pesar de esta incompatibilidad, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado ha considerado que el servicio que estos Jueces y Fiscales estaban prestando se encuadra dentro de una “actividad creativa de naturaleza técnico-jurídica” y que por tanto podría ser desempeñada por los miembros de la Carrera Judicial.

Si admitimos esto, cabe hacernos dos preguntas más: ¿por qué no se solicitó el permiso al Consejo General del Poder Judicial para poder prestar dicho asesoramiento “técnico-jurídico”? y ¿cuáles son los criterios para elegir la participación de unos miembros u otros? Ya que, por ejemplo, el propio Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Viera, es uno de los asesores del programa IusMadrid. Es decir, si la actividad está encuadrada dentro de las posibles excepciones al régimen de incompatibilidades, siendo únicamente necesaria la autorización expresa por parte del Consejo General del Poder Judicial, ¿por qué no se solicitó? Y, ¿no habría sido más correcto haber convocado un proceso objetivo e independiente interno para determinar qué miembros de la Carrera Judicial serían los elegidos para presentar dicho asesoramiento para el desarrollo y valoración de la herramienta? Ahora ya solo queda esperar a lo que la investigación interna del Consejo General del Poder Judicial dilucidará.

[i] Las relaciones entre Indra e ICM están siendo investigadas dentro de la Operación Púnica.

 

Vía| El Mundo, el País, RTVE, Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Imagen|  Ordenadores

En QAH| La independencia del Poder Judicial: la reciente reforma del Poder Judicial (I), La independencia del Poder Judicial: la reciente reforma del Poder Judicial (II), El paraíso fiscal de la Operación Púnica.

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