Jurídico 


Órgano jurisdiccional trasmitente o intermediario: subastas judiciales y gravamen aplicable

Es sabido que en una coyuntura económica como la que padecemos desde hace años, las ejecuciones hipotecarias en sede judicial se incrementan de forma muy sustancial, dada la falta de liquidez que se ceba en familias, empresas y sociedades. Esta trágica situación, al margen de su significación en el orden social y personal –el más relevante sin duda-, acarrea también una serie de consecuencias que desde un punto de vista tributario y, derivado de aquel, procesal,  reclaman nuestro interés. Nos referimos concretamente al régimen tributario al que están sujetas las ventas efectuadas mediante subasta judicial de bienes inmuebles –o no necesariamente- de una entidad empresarial ejecutada,  focalizándose el debate litigioso en la alternativa de aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP), opciones cuya elección, como ya anticipábamos, no sólo afecta a la sustantividad del gravamen, sino también y no de forma baladí, al rol jurídico-procesal del juez y secretario judicial que dirigen la subasta y a la naturaleza de la actividad empresarial del trasmitente.

La cuestión así planteada nos remite a un debate que en suma se proyecta sobre la siguiente disyuntiva: si se considera que las ventas de bienes de una entidad empresarial en subasta judicial están sujetas al ITP, es presupuesto básico entender que es el órgano judicial quien realiza la transmisión (como acto integrado de título -la aprobación del remate- y modo -la adjudicación al rematante del inmueble subastado-), y no el ejecutado,  por  lo  que, consecuentemente,  no existe la «entrega de venta efectuada por empresario», premisa básica de la aplicación del IVA.  Si por el contrario, se abraza la tesis de que ese tipo de adjudicaciones inmobiliarias de naturaleza jurisdiccional, han de ser gravadas por el IVA, lo que se está diciendo también es que, por un lado, el juez no realiza, en puridad, la transmisión, sino que es un mero intermediario judicial del acto y, en segundo lugar, que la coyuntura jurídico-procesal del trasmitente, que también es ejecutado, no le priva ni de la titularidad del derecho real sobre el bien transmitido ni de su carácter de empresario y, por ende, no exceptúa a dicha operación del ámbito de aplicación del IVA en lo que a entregas de bienes realizadas por empresarios a título oneroso se refiere.

Con respecto, en primer lugar,  al rol del juzgador y del secretario judicial en las subastas judiciales, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no deja dudas acerca de la intransmisibilidad de la titularidad real del bien subastado a favor del juez, al contemplar el art. 658 el alzamiento del embargo cuando de la información registral se acreditare que el bien estaba inscrito a nombre de persona distinta al ejecutado, cuya titularidad sobre el bien permanece indemne a pesar de su condición simultánea de ejecutado. Ello además, ubica en su justo lugar procesal al juez y al secretario como presidente del acto, que no son más que meros actuarios de un determinado procedimiento judicial, sobre el que ejercen, uno, la supervisión jurisdiccional y otro,  la dación de la fe pública judicial, concluyendo con la elaboración de una resolución judicial que,  suplantando no la titularidad real del ejecutado, sino su voluntad trasmisora,  adquiere fuerza de título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad por parte del adjudicatario.

En cuanto a los límites de la actividad empresarial del ejecutado y, -esto es ya incontrovertible-  titular de los bienes trabados y después adjudicados, debe señalarse que la actividad y el desarrollo de la acción empresarial de una sociedad no puede reducirse a su desenvolvimiento voluntario, esto es, a la venta ordinaria de bienes de la que extrae un rendimiento económico. Resulta mutilada esta visión de la actividad empresarial, debiendo completarse con su reverso, y en este sentido es indudable que también es actividad empresarial y, por cierto, nuclear, hacer frente a las responsabilidades contraídas en el desempeño mercantil, y cuando aquellas no pudieran ser satisfechas voluntariamente, de forma forzosa.  Consecuentemente, si ni juez ni secretario judicial son trasmitentes stricto sensu del bien, y si la transmisión forzosa de bienes del empresario para hacer frente a las deudas y obligaciones adquiridas en el desarrollo de su actividad mercantil, es asimismo actividad empresarial, no resulta extraño por tanto que la Sala Tercera del Tribunal Supremo haya consolidado una estable doctrina jurisprudencial por la que se concluye que este tipo de operaciones mercantiles sometidas al cauce procedimental de la subasta judicial, deben sujetarse al IVA:

“SEGUNDO.- La cuestión litigiosa, que se centra en determinar si la venta efectuada mediante subasta judicial de bienes de una entidad empresarial, está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido o al de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, ya ha sido resulta en la sentencia de esta Sala de 3 de julio de 2007, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, favorable a la tesis del ahora recurrente en el sentido de considerarla sujeta a IVA. Se razonó en aquella sentencia lo siguientes:

 <<“Como dato básico para la resolución de esta cuestión interesa subrayar que la sentencia de esta Sala de 20 de Noviembre de 2000 afirmó en los apartados b) y c) de su Fundamento Jurídico Segundo lo siguiente: “… b.- La Comunidad Autónoma recurrente entiende que, en la adjudicación inmobiliaria derivada de una subasta judicial, es el órgano judicial quien realiza la transmisión (como acto integrado de título -la aprobación del remate- y modo -la adjudicación al rematante del inmueble subastado-), y no  el  ejecutado,  por  lo  que no existe la <<entrega de venta efectuada por empresario>>, premisa básica de la aplicación del IVA.

Pero, a pesar de la corrección del criterio apuntado sobre la naturaleza jurídica del proceso de ejecución, debe discreparse de la conclusión, pues, en una transmisión de derechos reales, como la propiedad, la condición de transmitente y adquirente no resulta afectada por el modo en que se efectúe la transmisión, ya que, sea la misma voluntaria o forzosa (caso de la subasta judicial), el transmitente es el titular del derecho real que se cede, abstracción hecha de quien sea el órgano que formalice o documente dicha transmisión. En realidad, el Juez se limita a encauzar la venta, impuesta forzosamente al propietario-deudor, pero no lo suplanta si no es, exclusivamente, en el plano instrumental, ya que, en el plano de los derechos reales, la propiedad se transmite directamente del propietario-deudor al adquirente-adjudicatario, sin que tal propiedad haya pasado de aquél al Juez y de éste al adjudicatario; y es que el Juez, en la suplantación que hace del deudor, se limita a dictar el auto de adjudicación (en lugar de la escritura de venta que en su caso debería realizar el propio deudor -según los antiguos artículos 1514 y 1515 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC, ahora reformados por la Ley 10/1992, que los ha adecuado al sistema imperante en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, LH, en el que el auto judicial aprobatorio de la adjudicación es, por sí solo, el título y el modo transmisivo-).

c.- Según el artículo 4 de la Ley 37/1992 del IVA, <<están sujetas al IVA las entregas de bienes … realizadas por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional … >>, y lo especialmente dudoso, en el caso de autos, es si puede entenderse que la venta forzosa o adjudicación derivada de una subasta judicial, celebrada en un proceso de ejecución de deudas, puede conceptuarse como entrega en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.

 Sin desconocer que la sentencia de esta Sección y Sala de 10 de marzo de 1994 declara que, en tal caso, no puede hablarse de una entrega en desarrollo de la actividad empresarial, no es menos cierto que no se ha hallado otra sentencia que se pronuncie en los mismos términos y, por tanto, falta el requisito de la reiteración propio de la jurisprudencia.”.

Adviértase como la Sentencia de la Sala de 3 de julio de 2007 citada por la de 18 de noviembre de 2009 –a la que también habría que añadir la de 2 de octubre de 2007- hace también referencia a esa otra Sentencia de la Sala Tercera de 10 de marzo de 1994 invocada por la sala de instancia de Andalucía para revocar el acuerdo del TEAR, en el sentido de relativizar su relevancia como referente jurisprudencial al no haberse hallado otra en esos términos y faltar el requisito de la reiteración como presupuesto procesal de la jurisprudencia invocable.

Además, en la Sentencia de 18 de noviembre de 2009, haciendo suya la tesis de las resoluciones de la misma Sala de 2007, introduce un argumento de peso adicional para descartar casi definitivamente cualquier duda acerca de la naturaleza empresarial de la transmisión del bien efectuada por el ejecutado cuando subraya que

“Además, si se interpretara que la intermediación judicial priva a la entrega de su condición de transmisión en el ejercicio de la actividad empresarial, quedaría vacío de contenido el artículo 8.Dos.3 de la Ley 37/1992 (que conceptúa como entrega de bienes sujeta al IVA la transmisión en virtud de una norma o de una resolución administrativa o jurisdiccional, incluída la expropiación forzosa) y cabría preguntarse en qué supuestos se aplicaría entonces tal precepto, pues en dichos casos de transmisiones por resoluciones judiciales nunca habría acto propio de actividad empresarial (quedando inaplicable el artículo)”

En suma, la doctrina de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo subraya la importante distinción entre titularidad real sobre los bienes y situación procesal de ejecutado para considerar que las trasmisiones de bienes efectuadas a través del cauce procesal de la subasta judicial, forman parte de la actividad empresarial de la sociedad trabada y, consecuentemente, no exentas del IVA de conformidad con lo previsto en los artículos 3.1.2 y 3 , y 6.2.3º  de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, aplicable al supuesto presente, toda vez que tanto juez como secretario judicial operan como meros intermediarios en la transmisión forzosa del bien, sin desnaturalizar por tanto lo sustantivo de la operación mercantil.

Imagen | Subastas judiciales

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