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Oposición a la ejecución hipotecaria. Cláusula de vencimiento anticipado por impago de cuotas

Resultan innumerables las resoluciones judiciales en las que se acuerda la inadmisión a trámite de la ejecución hipotecaria y su sobreseimiento al entender que la cláusula de vencimiento anticipado es nula por abusiva. En este breve comentario indicaremos someramente las principales cláusulas abusivas que pueden ser objeto de oposición a la ejecución hipotecaria, con especial puntualización en la referente al vencimiento anticipado, tratando de dilucidar las consecuencias procesales que podría conllevar dicha oposición según la jurisprudencia más relevante. Criterios jurisprudenciales, todo hay que decirlo, sujetos a las modificaciones legislativas operadas por la transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y a las últimas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Incidentes de oposición fundados en la existencia de las principales cláusulas abusivas, y las consecuencias de la declaración de nulidad por abusividad:

1. Cláusulas abusivas por intereses de demora (excesivos) y de cláusula suelo.

El artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, predica que, “Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas”. En este sentido, hemos de resaltar el hecho de que, en aquellos casos de declaración de abusividad de la estipulación de intereses de demora (intereses moratorios excesivos) o de la cláusula suelo, se deberá continuar la ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva; puesto que si se aprecia que la cláusula abusiva no impide la continuación de la ejecución, pero afecta a la cantidad por la que se ha despachado, la ejecución debe continuar con la inaplicación de dicha cláusula (párrafo segundo del art. 695.3 LECiv).

Como transposición a la meritada Directiva, el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y su posterior reforma operada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, reza lo siguiente: “Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas”. Interpretándose en el sentido de que el tribunal ha de apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual, debiendo aplicar las reglas procesales al efecto. Al respecto, podemos traer a colación la Sentencia de 21 de enero de 2015 (asuntos acumulados C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, Unicaja Banco, S.A., y Caixabank, S.A.) que reitera que “los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. En efecto, el contrato debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, ese mantenimiento del contrato sea jurídicamente posible”.

A mayor abundamiento, el reciente Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de junio de 2015 (asunto 602/13) advierte que “si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13”, que en su apartado primero establece: “1. Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores”.

Como nota aclaratoria, hemos de indicar que la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, en los supuestos de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda habitual introdujo una limitación a los intereses de demora de tal manera que no podrán superar tres veces el interés legal del dinero y sólo se devengarán sobre el principal pendiente de pago (se prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses o anatocismo, como queda recogido en el art. 114 párrafo 3º de la Ley Hipotecaria). El límite del artículo 114 de la Ley Hipotecaria consistiría actualmente en el 9%, teniendo en cuenta que el interés legal del dinero está establecido en el 3% por la Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado hasta el 31 de diciembre de 2016.

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2. Cláusulas de vencimiento anticipado por impago de cuotas.

Sin embargo, en aquellos supuestos en que la oposición a la ejecución se fundamente en la apreciación de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado se acordará el sobreseimiento de la ejecución, puesto que es fundamento (causa) de la ejecución. Este motivo de oposición a la ejecución conllevará automáticamente la remisión del proceso a través del juicio ordinario -se ventilarán en el juicio que corresponda-, permitiéndose acudir a un proceso declarativo plenario.

Actualmente sólo es posible la ejecución hipotecaria sumaria por impago o incumplimiento de tres plazos mensuales o su equivalente [debiendo constar dicho pacto en la escritura e inscrito en el Registro, como así queda establecido en el artículo 130 de la Ley Hipotecaria, “El procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo”] conforme a la redacción dada al artículo 693 (art. 693, apartado 2, LECiv) de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la citada Ley 1/2013. Recordemos que con antelación a la citada Ley, y en virtud de lo preceptuado en los arts. 1124 (exceptio non adimpleti contractus en caso de incumplimiento total, o bien alegar la exceptio adimpleti contractus en aquellos supuestos de cumplimientos defectuosos), 1129 (el deudor pierde el derecho a utilizar el plazo) y 1255 (libertad de pactos contractual) del Código Civil, el meritado art. 693 LECiv preveía la posibilidad de ejecutar anticipadamente la hipoteca por impago de una sola cuota.

Así, tras la modificación operada por la Ley 1/2013, se elevó a tres plazos mensuales el incumplimiento necesario para poder ejecutar anticipadamente la hipoteca. Lógicamente, existen numerosas hipotecas inscritas con anterioridad a la modificación normativa operada por la Ley 1/2013 y que, en consecuencia, contienen el pacto de vencimiento anticipado por impago de una sola cuota, al ser autorizado por la anterior legislación. En un principio la jurisprudencia más relevante -Acuerdo para unificación de doctrina aprobado por la Junta de magistrados de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid acordado el 13 de octubre de 2014 y Acuerdo de las Audiencias Provinciales de Barcelona de 12 de enero de 2015- entendía que se puede proceder a la ejecución hipotecaria cuando se haya producido el impago de tres o más cuotas, y ello con independencia de los términos en que esté redactada la cláusula de vencimiento anticipada, puesto que la escritura que sirve de base a la ejecución es conforme a la legalidad vigente en el momento de formalización del préstamo. Sin embargo, desde sendas cuestiones prejudiciales planteadas -Autos del Tribunal del Justicia de la Unión Europea, Sala Sexta, 11 de junio de 2015 (asunto C-602/13) y de 8 de julio de 2015 (asunto C-90/14)-, se produce un cambio de criterio jurisprudencial, puesto que como bien acierta a señalar el Tribunal la mera circunstancia de que la cláusula de vencimiento anticipado no haya llegado a aplicarse no excluye por sí sola que concurra tal supuesto. Puesto que incumbe al juez nacional comprobar si la estipulación sobre el vencimiento anticipado produce efectivamente un desequilibrio en perjuicio del consumidor entre los derechos y obligaciones de las partes, y el juez nacional puede deducir todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión.

A nuestro entender, la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipada declarada por el juez que conoce de la ejecución deberá comportar el sobreseimiento de la ejecución, ya que dicha cláusula fundamenta (es causa) de que se inste la ejecución hipotecaria y, siguiendo la dicción literal de lo preceptuado en la LGDCU, “Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas”, no puede existir ejecución si dicha cláusula que la fundamenta desaparece del contrato por abusividad. En este sentido, el actual artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (de transposición de la meritada Directiva 93/13/CEE del Consejo), reza lo siguiente: “Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas”. Y, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 695. 3 de la LECiv, “De estimarse la causa 4ª, se acordará el sobreseimiento de la ejecución cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución. En otro caso se continuará la ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva”. Lo que deberá implicar que si la cláusula abusiva afecta al fundamento de la ejecución, como lo es el vencimiento anticipado por impago de cuotas, deberá decretarse sin más el archivo del procedimiento.

3. Consideraciones finales.

De manera que cabrían plantearse los siguientes interrogantes: ¿Debe entenderse exigible la adaptación de todas las hipotecas a la actual normativa? ¿Debe el acreedor/entidad financiera modificar cada préstamo hipotecario cuya ejecución pretenda, y que era ajustado a la normativa vigente en el momento de su celebración? Según los últimos criterios jurisprudenciales debe entenderse que sí, entre otros pronunciamientos señalaremos los Autos: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4ª, núm. 225/2015 (rec. núm. 744/2015), de 29 de septiembre de 2015; Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, núm. 201/2015 (rec. núm. 504/2015), de 30 de octubre de 2015.

El más reciente Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, núm. 944/2016, de 6 de junio de 2016, llega aún más lejos procediendo al sobreseimiento de la ejecución fundamentándolo en que por el hecho de que la cláusula impuesta por el empresario -aquí, el banco- se ajuste a lo establecido en el art. 693 LEC tras su reforma dada por la Ley 1/13 en el sentido de recoger que el impago de tres cuotas mensuales permite al acreedor reclamar la totalidad de lo adeudado, no exime al Tribunal de comprobar si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo puede o no ser abusiva atendiendo a los criterios establecidos por el TJUE, ni impide que así se declare si, como establece el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13: “causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”.

A efectos meramente ilustrativos, pondremos como ejemplo la redacción de la cláusula de adaptación a la Ley 1/2013, de 14 de mayo, y que fue declarada nula en este último meritado Auto que hemos traído a colación: “Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, las partes acuerdan adaptar las cláusula del préstamo hipotecario que se han visto afectadas por el articulado de dicha ley y a tales efectos pactan las siguientes modificaciones que sustituirán a las inicialmente establecidas en la escritura de préstamo hipotecario:
a) Nueva cláusula de intereses de demora: que pasa a ser “al tipo vigente en el momento de entrar la parte deudora en situación de mora, incrementado en tres puntos”.
b) Modificación de causa vencimiento anticipado por incumplimiento de obligaciones de pago: El Banco podrá dar por vencido de pleno derecho la totalidad del préstamo y exigir la totalidad de lo adeudado por capital e intereses, cuando no se satisfaga al Banco el pago de al menos tres plazos mensuales establecidos en esta escritura, o un número de cuotas tal que suponga el incumplimiento por un plazo equivalente a tres meses, una vez transcurridos quince días desde el último vencimiento incumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”

De seguirse esta tendencia jurisprudencial, cabría plantearse la siguiente cuestión, ¿puede que este excesivo celo en la protección del consumidor aboque en detrimento o perjuicio del mismo? Puesto que las posibilidades de acceso al crédito hipotecario en unas condiciones favorables para el consumidor -fundamental por otra parte para el trascendental tráfico crediticio y financiero en una sociedad de consumo- es inherente a una eficaz realización del bien por el acreedor/entidad financiera (en caso de impago del deudor/consumidor), y que debe implicar de manera indubitada la diligencia en el procedimiento de ejecución del bien hipotecado.

 

Vía | La ejecución hipotecaria: problemática registral y procesal, Rafael Calvo (Coordinador) y Dulce Calvo, 2016, editorial BOSCH.

Imagen | Ejecución hipotecaria.

También en QAH | Cláusulas suelo y TJUE.

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